Tegucigalpa.
Por Marvin Palacios
La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) brindó hoy un segundo informe semestral sobre la situación en el país ante la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, Estados Unidos.
El vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor expresó que «las cosas en Honduras ya no son como antes, se han registrado hechos notorios, cambios para que las cosas no sean como antes».
Jiménez Mayor informó que en el millonario desfalco contra el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), que es el mayor acto de corrupción salido a la luz pública, donde se saquearon unos 7 mil millones de lempiras, ya existen condenas judiciales contra algunos implicados.
«El trabajo ha sido arduo y queda mucho por hacer», expresó el vocero de la MACCIH quien señaló además que existen personas interesadas en que este organismo salga de Honduras, pero que eso no los intimida.
Jiménez Mayor expresó su solidaridad con los activistas de la sociedad civil que han sufrido amenazas y anunció que la misión está estudiando la posibilidad de trabajar junto a la Fiscalía de Honduras para investigar casos de corrupción vinculados con el asesinato de la activista Berta Cáceres.
«Estamos evaluando» con familiares de Cáceres para acompañar a la Fiscalía en la investigación de aspectos de presunta corrupción conectados con su homicidio», indicó el funcionario de la MACCIH.
Cinco meses después de haberse incorporado a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), el ex fiscal de origen argentino Manuel Garrido presentó su renuncia como Jefe de Investigación y abandonó el país.
Aunque fuentes cercanas a la misión señalan que Garrido se retiró debido a que ocupará un puesto importante en Argentina, muchas preguntas surgen en torno a la decisión de marcharse, luego que altos funcionarios de la MACCIH denunciaran que grupos “oscuros” están tratando de hacerle la vida imposible a esta organización.
Otros sectores opinan que el curso de las investigaciones por corrupción emprendidas por la MACCIH, habría incomodado al gobierno, y que por eso se habría producido la salida del experto de nacionalidad argentina.
Al respecto, a inicios de esta semana la Coalición contra la Impunidad integrada por más de 50 organizaciones del movimiento social hondureño, emitió una alerta para denunciar que hay sectores políticos muy poderosos en Honduras y Estados Unidos, que están interesados en boicotear el trabajo de la misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
La alerta señala que el día 10 de mayo será recordado como la fecha en que salió a luz pública la maniobra política que grupos de poder desde las esferas del Partido Nacional y desde Washington han puesto en marcha para boicotear el trabajo de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). El alcance de estos planes va dirigido a provocar un cambio de coordinación en la MACCIH y a desarmarle por completo en sus actuaciones.
“La Coalición contra la Impunidad, se movilizó de inmediato en esta coyuntura para denunciar el boicot que pretenden consumar sectores del gobernante Partido Nacional y personeros de la OEA. Pareciera que la consigna de quienes conspiran contra la MACCIH es que ésta no tenga dientes o músculo para desbaratar las redes de corrupción, y limitarla en sus esfuerzos para controlar que los partidos políticos en la actual coyuntura electoral no reciban financiamiento proveniente de sectores oscuros del empresariado y de grupos del narcotráfico”, establece el comunicado
La Coalición contra la Impunidad señaló que truncar o llevar al fracaso a la MACCIH significaría a todas luces un duro golpe a los movimientos de indignados e indignadas, que en mayo del 2015 se movilizaron exigiendo un organismo internacional para que investigara los actos de corrupción del presidente Juan Orlando Hernández. Si bien la ciudadanía exigía una Comisión Internacional distinta, como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), al final la OEA intervino y se firmó el convenio de creación de la MACCIH.
La alerta subraya que “de cara a esta situación, la Coalición contra la Impunidad, considera que este es un momento crucial para recuperar institucionalidad, y que es importante respaldar a la MACCIH y frustrar las maniobras encaminadas a su desarticulación, y a la imposición de Jacobo Domínguez Gudini, responsable de asuntos electorales de la Misión, como nuevo coordinador de la MACCIH. Mencionándose que Domínguez es parte de la confabulación en marcha para instrumentalizar la MACCIH en función de los intereses del Poder Ejecutivo y de los grupos de poder radicados en la OEA”.
La Coalición contra la Impunidad ha advertido que dará seguimiento a las acciones de la MACCIH, a la que le señalará tanto sus aciertos como sus errores y que espera que a su retorno de Washington, Juan Jiménez Mayor explique lo que está pasando al interior de la MACCIH, especialmente el asunto de la salida del fiscal especial Manuel Garrido.
La MACCIH debe limpiar su casa y aclarar las denuncias de que “el demonio está dentro de ella y de que el gobierno la concibió desde el inicio”, dijo un representante de la Coalición contra la Impunidad.
Otro integrante reveló a www.defensoresenlinea.com que la Coalición contra la Impunidad debe practicar en forma sistemática una Veeduría sobre las acciones de la MACCIH y también de la OEA, “porque la OEA quiere controlar a la MACCIH”.
Otra lideresa del movimiento social apuntó que la MACCIH está en una situación crítica y que el gobierno de Juan Orlando Hernández está tratando de sistematizarla, “quieren replicar la MACCIH en otros países, como en México por ejemplo, pero el problema es que nadie quiere una MACCIH”.
Algunos sectores creen que la MACCIH es una instancia favorable para que el pueblo exponga sus denuncias relacionadas a la corrupción en Honduras, (que junto a la impunidad tiene índices alarmantes) ; sin embargo comentan que este órgano creado por la OEA debe acercarse más al pueblo.
Impulsada por la OEA, la MACCIH se instaló en el país en abril de 2016 como respuesta al pedido formulado por el presidente Juan Orlando Hernández para intentar aplacar las protestas masivas (las movilizaciones de las antorchas) que habían comenzado en todo el país en mayo de 2015 luego que se descubriera el escándalo del IHSS.
La MACCIH tiene un mandato de cuatro años, según lo establece el convenio firmado entre la OEA y el Gobierno de Honduras, y su funcionamiento se financia con aportes de la comunidad internacional.
