Por: Sandra Rodríguez
Tegucigalpa.- Ser defensor o defensora de derechos humanos no excluye a nadie, puede ser una acción temporal o permanente, en cualquier lugar donde se violenten los mismos; En Honduras hay por doquier, justo en un país catalogado entre los más peligrosos para defensores ambientalistas, indígenas, mujeres, periodistas, abogados, diversidad sexual, niñez y otros. Y hoy 09 de diciembre se conmemora su día.
Los defensores y defensoras de los derechos humanos son personas que, a título individual o colectivo, trabajan para hacer realidad los derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por lo que es importante desarrollar trabajos en redes y grupos afines a un mismo propósito.
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), le ha apostado a dicho trabajo y dedicado a la formación de redes de defensores y defensoras de DDHH a nivel nacional, conociendo desde el origen a cada grupo y acompañándolo en su crecimiento y trabajo en campo, siempre enfocado en los derechos civiles y políticos.
Más de un centenar de voluntarios y voluntarias forman parte de la red de Defensores/as Ocotepecanos de Derechos Humanos (DEOCODERH); Red de Defensores/as de DDHH de Lempira (Red Lempira); Red de defensores y defensoras de DDHH del Sur (REDEHSUR); Red de Defensores/as y Comunicadores/as Sociales del departamento de El Paraíso (RED-ORIENTE), Red con defensores por el acceso a la tierra con el Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Bajo Aguán (OPDHA), La Vía Campesina, Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), e indígenas Lencas de La Paz; Red de Jóvenes con representación en La Esperanza, Santa Bárbara, Siguatepeque, Santa Bárbara, Juticalpa, Santa Ana y Tegucigalpa; alianzas con gremios profesionales, sindicatos, estudiantes, ambientalistas y demás líderes sociales.
En esta coyuntura, organismos internacionales instan a los Estados que deben velar por la protección y seguridad del defensor y defensora de derechos humanos. En Honduras hay casos de defensores y defensoras que gozando de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que fueron asesinados, por mencionar algunos nombres está Héctor Martínez Motiño (2015), Berta Cáceres Flores y José Ángel Flores (2016).
Asimismo, continúan las denuncias de hostigamiento, estigmatización, persecución y amenazas a muerte contra defensores y defensoras en Honduras, pese a que desde el 2015 se aprobó una ley de protección para defensores de DDHH, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justica, las estadísticas de denuncia son interpuestas en mayor cantidad y confianza ante organizaciones de DDHH que, quizás el mismo Mecanismo de Protección (parte de la Ley), tal como lo reveló el informe del fondo de emergencia ejecutado por el COFADEH, Centro de Estudios de la Mujer- Honduras (CEM-H); y el Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
El informe “Sistematización de las buenas prácticas, lecciones aprendidas, sobre el Fondo de Emergencia para protección de defensores/as de derechos humanos en Hondura”, benefició a 254 de personas desde el año 2013 hasta marzo reciente, entre ellas defensores y/o familiares a veces por estar en prisión o huyendo de la persecución.
El derecho internacional reconoce claramente el papel fundamental de las personas defensoras derechos humanos en poner un término de de manera efectiva a las violaciones de estos derechos. La Declaración de las Naciones Unidas sobre las personas defensoras de los derechos humanos urge a los Estados a apoyar y proteger estas personas.
Pero en Honduras, la ley se aplica –casi siempre- contra los y las defensoras de derechos humanos que son señalados por funcionarios estatales, empresarios o terratenientes. Algunas defensoras como Magdalena Morales y Gladys Lanza, no alcanzaron ver la victoria de su lucha, ya que la persecución judicial les deterioró la salud hasta la muerte.
Abel Pérez, Santos Hernández, Carlos López y Samuel Martínez, estuvieron en prisión por defender el derecho a la tierra, fueron acusados de irrespetar las medidas sustitutivas a la prisión, en un proceso que las autoridades judiciales los lleva al manquillo de los acusados por usurpadores.
Mientras que, los defensores de derechos estudiantiles, Moisés Cáceres, Sergio Ulloa y Cesario Padilla, fueron condenados por el delito de usurpación en perjuicio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), desde el 2015 y la individualización de la pena fue en agosto pasado, aun sin tener pena concreta, semanas después hasta su abogado defensor, Laureano Carvajal fue privado de libertad acusado de falsificación de documentos privados –en un caso de años anteriores-, los cuatro permanecen con medidas sustitutivas a la prisión.
Casi 90 defensores de la educación superior (en cuenta cuatro defensores de ddhh y periodistas) han sido criminalizados este año, por autoridades de la UNAH, Ministerio Público y la Procuraduría General de la República. En el caso de los tres estudiantes condenados, la UNAH violentó un acuerdo de homologación formado el 20 de julio del 2016, donde se estableció la suspensión de todos los requerimientos fiscales, pues había un grupo 75 jóvenes con procesos por usurpación, como le llaman a las protestas sociales en defensa de la educación pública.
En Honduras, las amenazas son cada vez más constantes, en el marco post electoral del 26 de noviembre, el gobierno de Juan Orlando Hernández, decretó un ilegal toque de queda, que dejó como saldo 12 personas asesinadas por la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y dos policías preventivos, según informe del COFADEH. En este marco hay cientos de detenidos y golpeados, pero cientos de miles enfrentándose al poder político y militar por la defensa de la soberanía patria, porque la reelección presidencial es ilegal.
En conmemoración del día internacional de las personas defensoras de los derechos humanos, el 9 de diciembre, la Organización de las Naciones Unidas, insta a todos los Estados a que apoyen y protejan a quienes defienden los derechos humanos, sea a nivel internacional, regional o nacional, a través de la construcción de alianzas en favor de las y los defensores y de la adopción de medidas concretas para proteger a estas personas.
En la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General el 9 de diciembre de 1998, las Naciones Unidas no solo reconocieron su legitimidad al considerar la defensa de los derechos humanos como un derecho en sí mismo, sino también el papel decisivo que desempeñan y la necesidad de garantizar su protección.
Por su parte Amnistía Internacional apoya a las defensoras y defensores porque se sitúan en primera línea de la lucha por los derechos humanos y porque ponen al descubierto la inmensa brecha entre los compromisos retóricos de los gobiernos y su limitado cumplimiento en la práctica.
Opiniones:
Rigoberto Matute- Red Lempira
Para mi ser defensor de derechos humanos en mi municipio es estar apoyando al más necesitados haciendo que se respeten sus derechos y haciéndoles saber que no están solos y a las autoridades qué hay alguien que los vigila que los va estar observando y que van a denunciar. En mi caso me he dado a conocer con la policía, me he ganado el respeto y en cualquier cosa me toman en cuenta en la comunidad, es un orgullo ser defensor de derechos humanos.
Oscar Henríquez- Red Lempira
He estado tan pendiente de todo lo que sucede a mí alrededor, mirando lo injusto, a punto de perder el control, pero mi formación no me lo ha permitido; pero si hoy me di cuenta quien es el enemigo del pueblo que sufre y seguirá sufriendo. El proceso de cambio en Honduras es largo. Mientras tanto, estaré vigilante del más atropellado en su derecho, soy un defensor muy bien formado al servicio de un pueblo. Estoy más que listo para lo que sea.
Cecilia Lagos- Red Lempira
Ser defensora de DDHH, es poder brindar ayuda a toda persona que se le violentan sus derechos humanos, dar acompañamiento, documentar para tener un registro.
Patricia Eguigure- Red Oriente
Una defensora de DDHH es aquella que ayuda a otras personas que han sido objeto de agresión por parte de cualquier funcionario público.
