A tan solo 8 meses de haber sido decretada la emergencia sanitaria por covid-19 en el país, en menos de 14 días Honduras, se enfrentó a un nuevo escenario dramático y una gravísima situación de derechos humanos producto del paso de los huracanes ETA e Iota, en ese contexto, las 127 organizaciones que integramos la Coalición contra la Impunidad, la Coalición Anticorrupción, la Convergencia contra el Continuismo, la Plataforma para la Defensa de la Salud y la Educación, la Mesa de Derechos Humanos, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), a la comunidad nacional e internacional manifestamos:
1. El análisis del impacto de estos fenómenos naturales no puede reducirse a lo fenomenológico ya que sus efectos pudieron mitigarse en términos de pérdidas de vidas humanas y de bienes materiales con una gestión institucional con mayor sentido de responsabilidad y prevención.
2. En ese sentido, las instituciones públicas a través de diversas acciones y omisiones en el antes, durante y después del paso de los huracanes incumplieron con el deber de alertar y dar opciones de evacuación a la población y con la obligación de prevenir de forma diligente, por lo que existe responsabilidad institucional por las muertes y pérdidas materiales. Del mismo modo, existe responsabilidad por la ineficacia e insuficiencia en la atención de las personas afectadas, alojadas en condiciones indignas en albergues en todo el territorio nacional, expuestas a peligros, como los casos de violencia sexual en contra de niñas y niños, mismas que han sido reconocidas por la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia.
3. La institucionalidad pasiva reflejada en la deplorable gestión de la Pandemia COVID-19 y las emergencias por los huracanes, desencadenaron violaciones a los derechos a la vida y a la propiedad de la población, agudizando las violencias estructurales. Datos oficiales de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) indican los huracanes dejaron casi 4 millones de afectados, sin embargo, hasta la noche del 22 de noviembre las autoridades solo habían habilitado albergues para 89,000 personas , reporta 26,828 viviendas afectas, 1,370 dañadas y 353 destruidas, 32 puentes destruidos y 45 dañados, 69 comunidades incomunicadas, 173 carreteras afectadas . Respecto a la situación epidemiológica COVID-19, según información actualizada por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) al 30 de noviembre 2020, se reportan 108,253 casos confirmados y 2,918 fallecidos. La tasa de incidencia nacional aumentó a 1,110 casos confirmados por 100,000 habitantes.
4. La Presidencia de la Republica, a través de la COPECO y el SINAGER son responsables en términos de pérdidas de vidas humanas y de bienes materiales, de acuerdo a la obligación estatal amplia y fundamental de adoptar las políticas y medidas orientadas a atender a la población afectada por los huracanes Eta e Iota, a fin de prevenir las consecuencias negativas de tales fenómenos en las zonas de mayor incidencia. Los responsables directos, tanto a nivel institucional como personal, de la gestión de la emergencia y calamidad provocada por los huracanes Eta e Iota, son los señores Juan Orlando Hernández, y Max González, ministro de COPECO desde el 21 de octubre de 2020.
5. Exigimos que se inicien procesos de investigación a las instituciones estatales, las organizaciones, y las empresas privadas relacionadas con el gobierno ligadas a las crisis por COVID-19. Con respecto a la responsabilidad en los actos de corrupción vinculados a la gestión de la pandemia que profundizó las condiciones de un acelerado agravamiento de la situación del país con el paso de los fenómenos meteorológicos. Esto ha dado lugar a la supresión de los derechos humanos, incluidos los derechos a la vida, la propiedad, al trabajo, a la protesta, y la falta de acceso a la justicia.
La asignación de funciones a las Fuerzas Armadas como distribuidoras de alimentos y equipo de bioseguridad, y la autoridad de las fuerzas de seguridad del Estado para detener a las personas que no cumplan las medidas de confinamiento o el uso de mascarillas, lo que lleva a la detención de decenas de miles de personas, no es aceptable de conformidad con las obligaciones del Estado.
6. En ese marco de crisis, no ha existido una estrategia de atención orientada a garantizar de manera oportuna la preparación para una respuesta efectiva, correspondiendo clara negligencia, politización y profundización de la corrupción. Este contexto, no genera confianza a la comunidad cooperante, con el consecuente efecto negativo para el nivel de demanda para el acompañamiento de la formulación del plan de reconstrucción sostenible del país, que inspire la inversión solidaria.
7. Es de suma preocupación que el proceso de reconstrucción sostenible de país se siga desarrollando bajo los mismos principios que se desarrolló el proceso de reconstrucción nacional en el período del Mitch : con instituciones señaladas de malversar fondos públicos, con personas que no gozan de credibilidad de la ciudadanía, acudiendo a la deuda externa como principal fuente de financiamiento y aprovechando para impulsar políticas extractivas, como el caso de la construcción de represas para reducir el caudal de los ríos.
8. Hacemos un llamado a la denuncia y a la movilización social permanente de las fuerzas políticas y sociales de oposición del país, a unir esfuerzos para construir un espacio amplio de articulación que permita avanzar en la democratización de la sociedad desde la mirada de las organizaciones y población que resiste ante la embestida salvaje e inhumana de la administración Hernández.
02 de diciembre de 2020, Tegucigalpa M. D. C.
