Una mirada al vuelo sobre la portada del periódico digital “Defensores en línea punto com” destaca cuatro hechos aparentemente aislados uno del otro, pero que convergen todos en la impunidad de redes criminales explotadoras de bosques, minerales y montañas protegidas.
Una de las notas, sin explicar con esmero el concepto prevalente como sinónimo de predominante o recurrente, informa sobre la pobreza y el cambio climático durante una cita de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación e integrantes de la Oficina de derechos humanos de la ONU, en Tegucigalpa.
En esa reunión, en la que participó además con beligerancia una representación del Cofadeh, las personas asistentes trataron los impactos ambientales y sociales del modelo extractivista, que han puesto a los pueblos originarios y a las comunidades agrarias en la primera fila del riesgo.
Por acompañar a las víctimas de ese riesgo hoy sufre las consecuencias, precisamente, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Honduras, Isabel Albaladejo, para quien toda nuestra solidaridad esta noche, y siempre.
En el ángulo izquierdo de la portada del citado periódico digital también se lee un hecho estremecedor. Una denuncia contra explotadores del bosque de Santa Cruz, en Soroguara, le costó la vida el martes a dos Juanes de la comunidad, a don Juan Silva y a su hijo Juan Antonio.
Su crimen fue horrible, igual que otros cometidos en el pasado en El Níspero, Santa Bárbara o en la cordillera de Agalta en Gualaco, Olancho. Con saña, con odio y menosprecio absoluto por la vida humana. Imposible de describir en estas líneas por respeto a su familia, por el honor de su lucha.
La denuncia sobre el perjuicio ambiental en Soroguara había sido presentada por las víctimas ante el Ministerio Público en Tegucigalpa, y allá vino la impericia, la miseria institucional o la complicidad. La persona que hizo la recepción de los hechos les pidió a los denunciantes volver con fotografías o videos que ilustraran los daños y, de ser posible, que dieran detalles de los autores. Les dijeron que el Ministerio Público necesitaba evidencias para proceder.
Los denunciantes fueron a tomar las fotografías solicitadas, pero no volvieron a este mundo. La familia exige que se aclaren estos hechos y que los autores sean juzgados.
Herencia bruta del pasado impune, de infiltración criminal de las instituciones públicas para aplacar las denuncias. Eso en el presente no debe continuar y menos ese discurso de miseria logística para cargar a las víctimas el peso de investigar ellas mismas sus riesgos y luego mandar sus casos al pozo sin fin de la impunidad.
Volviendo a la portada de defensores punto com, un poco más hacia el centro, se destaca aquí un hecho suelto sin hacer una conexión documentada con el contexto social y político de 2015; la nota se refiere al Ministerio Público que busca los restos del ex presidente del sindicato de la Universidad Nacional en La Ceiba, Donatilo Jiménez Euceda.
En 2015, una estructura criminal del sector de Búfalo secuestró y asesinó a Donatilo en un momento de tensión entre el sindicato y la patronal que representaba la rectora de entonces, Julieta Castellanos.
En múltiples ocasiones fueron buscados los restos del sindicalista, sin lograr hasta ahora la identificación exacta del ocultamiento de sus restos. El caso sigue abierto por las características de crimen político en cuyas circunstancias la familia reclama llegar hasta las entrañas del poder de la época. Es otra ilustración de impunidad desde aquel año a la fecha.
Esta semana, igualmente, otros dos casos saltaron a las portadas digitales de varios medios en Honduras. El juicio contra empleados y ejecutivos de la empresa Pinares por daños irreversibles a la montaña “Carlos Escaleras”, y el asesinato de Juan López el 14 de septiembre del año pasado.
La protesta, el miércoles, del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes de Tocoa, Colón, frente al Ministerio Público, reclamó que se haga la conexión directa entre ambos procesos penales y no una gestión fiscal de eventos aislados.
El megaproyecto minero instalado por Pinares en las entrañas de la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escaleras está directamente conectado al asesinato del líder ambiental Juan López.
Rita Romero, representante legal del Comité Municipal, pidió a los operadores de justicia durante la protesta que reconozcan estar frente a una estructura criminal responsable de ambas dinámicas, de destruir la montaña y apartar con violencia a sus defensores.
El Grupo EMCO, que produce metales y energía sucia en la zona del municipio de Tocoa, cuenta con el respaldo manifiesto de la embajada de Estados Unidos como quedó evidenciado en febrero de 2024 en una reunión hostil realizada en la comunidad de Ceibita.
En ese mismo año, en junio, contra el rechazo de las comunidades del municipio, los grupos económicos locales y sus patrocinadores extranjeros impusieron el proyecto Ekotec a base de Peteoke, que combatía con todas sus fuerzas el líder Juan López.
Esta semana hubo tele-audiencias a los empleados de Pinares que han sido capturados por daños ambientales, mientras otros incluido su propietario Lenir Pérez están prófugos de la justicia. Entretanto, la próxima semana en San Pedro Sula, el martes, será la audiencia preliminar contra los supuestos gatilleros Oscar Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juarez y Lenin Adonis Cruz.
En esta zona donde Juan López extendía sus sueños y sus luchas defendiendo los bienes naturales han sido desplazadas más de 40 familias de las riberas del río Guapinol, río San Pedro y de las faldas de la montaña, asediadas por la codicia insaciable del crimen organizado disfrazado de inversionistas verdes.
Leyendo hoy estos hechos de Soroguara, Tocoa y La Ceiba viene el recuerdo de la misma dinámica criminal sufrida por el pueblo lenca en Río Blanco Intibucá y en San Francisco de Ojuera en Santa Bárbara, donde la extinta USAID respaldó el asentamiento de la empresa Agua Zarca que le cortó la garganta al Rio Gualcarque y le cegó la vida a Berta Cáceres en 2016.
Entonces, señores del Ministerio Público, no esperen que Elon Musk le suene las nalgas a Pamela Power como Donald Trump ha nalgueado a Selensky ayer, actúen investigando también a los actores externos que están detrás de las industrias tóxicas del Valle del Aguán y que asesinan a quienes se interponen a su crimen organizado.
Justicia para Juan el de Tocoa, justicia para los Juanes de Soroguara, Justicia para la Bertha universal y Justicia para Donatilo, el del CURLA.
Buenas noches
