Las élites corruptas de Honduras que detentan el poder político, económico y militar, han vuelto a utilizar la atmósfera navideña para hacerse concesiones.
Cada año, al llegar este tiempo de amansamiento colectivo, al amparo de las tradiciones judeo-cristianas y anglosajonas, que combinan pesebres, árboles artificiales y el bonachón padre Noel, liberales y nacionalistas se comparten regalos.
Los primeros regalos fueron para una canastada de 20 generales militares, que regresaron victoriosos de las cruentas batallas de la burocracia, precisamente el 10 de diciembre día internacional de los derechos humanos.
Los ascensos de semejante burocracia uniformada al servicio de la dictadura del crimen organizado cuestan millones de dólares anuales a la sociedad hondureña, que sufre actualmente los resultados pandémicos de un presupuesto inhumano, chafista y policiaco.
El segundo anuncio de regalos fue para Miguel Pastor, un desacreditado político nacionalista, acusado de cohecho, fraude y colaboración en lavado de activos: toda una lista de delitos de crimen organizado.
Pastor, quien era protegido de los militares en un batallón, ha entregado una propiedad de 20 millones de lempiras como fianza. Debe firmar cada semana, no salir del país, no comunicarse con los testigos que lo quemaron y no criticar al señor de los anillos.
El Tribunal de Corrupción ha dictado que el ex alcalde de los anuncios publicitarios de Tegucigalpa puede defenderse en libertad.
El tercer envío directo de regalos navideños llegó para el clan Zelaya, que asaltó los fondos del Seguro Social. El regalo es por unos delitos solamente, pero es cuestión de tiempo para incluir a todos los demás.
De lo que se trata es de tranquilizar a la nación con unos escarmientos de papá severo y de papá flexible a los hijos mal portados, para que aprendan a respetar lo ajeno y para que luego disfruten lo robado.
De lo que se trata también es de invocar el nombre del dios bueno y misericordioso, ese que permite la felicidad a los asesinos, a los torturadores y también a los corruptos, dejándoles además la libertad de seguir de nueva cuenta en sus delicados asuntos.
No hubo anuncios previos, no se militarizó ninguna zona aledaña y el aviso llegó con cándida discreción a través de los medios habituales.
Mientras tanto, en Tocoa, Colón, el juzgado de letras fue rodeado con militares y policías, impidió la difusión pública de la audiencia y limitó el acceso al juicio contra ocho defensores del agua de Guapinol injustamente privados de su libertad desde hace dos años. Y cuando llegó el mediodía del viernes, la jueza Zoe Guifarro anunció que su fallo sería hasta hoy.
El fallo, efectivamente llegó esta tarde, pero dictado al revés, a la medida del crimen organizado que presiona y controla la justicia, que utiliza el derecho penal para criminalizar la lucha social. La jueza Guifarro mantiene en prisión a ocho defensores de la vida bajo el argumento que no hubo elementos nuevos para dejarles en libertad. Y así, otra vez, ese retrato perverso de la injusticia está frente a nosotros.
Este doble rasero de la injusticia hondureña, uno que se muestra manso frente al crimen organizado de las élites cachurecas y liberales, y el otro hostil frente a los defensores sociales del medio ambiente, sólo es posible entenderlo en el marco de una dictadura.
La dictadura Hernández se deshizo en principio de las competencias de Callejas, de Maduro, de Ricardo Álvarez, de Pastor y del tal Papi, que eran ruidosos en el círculo cachureco pero estaban agarrados del cuello y con la bota puesta encima, por sus actos corruptos. Igual que Oliva.
Después la sociedad de Hernández con el dueño del partido liberal le ha permitido el control de la otra banda de magistrados con la cual el poder judicial está a su disposición para castigar a unos, premiar a otros y controlar a los demás.
Con este juego de poderes dentro de las elites, el crimen organizado está con las manos libres para operar en los territorios. En la costa atlántica se juegan millonarios intereses para pedacear el territorio y en la costa sur, igualmente.
El interés geoestratégico del capital transnacional apunta hacia esas zonas en perjuicio de la población local, que sin embargo resiste a ese modelo extractivo, militarista y salvaje contra los bienes naturales.
En Colón, por ejemplo, la jueza que condenó a la población de Guapinol a dormir anoche en las afueras del tribunal a la espera de su fallo, sabía muy bien que las inversiones pinares han estado libres operando en la montaña, sin las restricciones de circulación que impone la pandemia. Pero la población es consciente y valiente.
Durante la vigilia, la esposa de Jeremías Martínez – uno de los ocho hombres encarcelados hace 15 meses en Olanchito – decía que es ridículo ese argumento policial que ha resistido la liberación de los acusados porque van a regresar a integrar la banda.
“Cuál banda?” – se pregunta la mujer –, ¿de qué están hablando? ¿No saben que mi marido tiene 65 años de cuidar la montaña, de defender el agua y de predicar la vida? Esa es la banda de ciudadanos a la que pertenece Jeremías. Por eso le digo a la jueza que use sus estudios, sus sentidos, su maternidad y la ley, para que entienda que estos hombres no son ni criminales ni terroristas ni corruptos, son defensores sociales y los queremos en casa”.
Don Feliciano, padre de uno de los jóvenes criminalizados, le habló a Lenir Pérez y a los demás socios de los emporios de Miguel Facussé, que saque sus manos de Colón, porque está dañando el agua y manipulando la justicia.
“La justicia está secuestrada por gente corrupta que nos avergüenza en el mundo”, dijo un Feliciano arrecho, quien no quiere pasar solo la Navidad. “No pueden pasar estos muchachos otra Navidad en el bote por nada, sólo porque el Estado quiere con puros pretextos y maniobras y las presiones de unas empresas que ni sabemos en qué andan”.
Durante la noche, Guapinol volvió a mostrar la fuerza de la solidaridad comunitaria y recibió igualmente el acompañamiento de decenas de defensoras y defensores de derechos humanos de Honduras y del mundo.
En las vecindades, arriba del municipio de Arizona, la oficina del Alto Comisionado de derechos Humanos de la ONU aprovechaba haciendo un recorrido de verificación de los desastres provocados por los inversionistas criminales en contra de las comunidades.
Guapinol y Arizona representan símbolos de lucha por los derechos humanos al medio ambiente sano, a la vida en comunidad y a la solidaridad. Son escenarios de dignidad y pedagogía popular. Ejemplos de defensa local de un mundo global que está en riesgo.
Representan, igualmente, un espacio institucional donde jueces, policías y militares violentos de la dictadura se empeñan en criminalizar las luchas sociales, la defensa de los derechos colectivos, la práctica de un derecho penal que llaman nuevo pero que ilustra la “santa inquisición”.
Desde la capital enviamos un abrazo de solidaridad a las mujeres y hombres que educan a toda Honduras en la defensa organizada de la montaña nacional, del agua universal y del aire libre. Y desde aquí les decimos a Juan para que entienda Pedro, que si la extracción de metales pone en peligro la salud del río y la vida humana, entonces esos metales no se tocan. Y si alguien los toca, debe saber que perderá su tiempo y su dinero.
Buenas noches!
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 19 de diciembre de 2020
