La desaparición forzada de personas es una violación de derechos humanos de características especiales: es una violación múltiple, porque priva la libertad; la integridad física y moral, y casi siempre la vida. Es una violación que implica necesariamente la intervención directa de agentes estatales o de su complicidad. Y es un tipo de violación continua, porque el Estado se niega a reconocer la detención de la víctima y a revelar su paradero. Por eso la desaparición forzada es un crimen de particular gravedad.
Adicionalmente, la desaparición forzada también constituye una violación del artículo uno de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, que prohíbe la ocurrencia de la misma.
Por eso en su resolución del jueves, la jueza presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Elizabeth Benito, ha resuelto desde Costa Rica requerir al Estado de Honduras a determinar el paradero de Milton Joel Martínez Álvarez, Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Misael Tróchez Cálix y Albert Snaider Centeno Thomas, quienes se encuentran desaparecidos desde el 18 de julio de 2020.
Según testigos, hombres armados con chalecos y logotipos de la Dirección Policial de Investigaciones, sacaron de sus casas a las víctimas con destreza, y las subieron a vehículos oscuros con destino incierto.
Hagamos un paréntesis en los detalles de esa desaparición múltiple de hermanos garífunas, para recordar el caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras sentenciado el 29 de julio de 1988 y el caso Godínez Cruz vs Honduras sentenciado el 20 de enero de 1989.
Ambos fallos ilustran el momento actual, porque la conclusión de la Corte Interamericana hace 32 años dibuja exactamente el mismo escenario que sufrió la comunidad Triunfo de la Cruz la madrugada del 18 de julio pasado.
“Tales desapariciones – dijo la Corte, refiriéndose a Manfredo y a Saúl — tenían un patrón muy similar, que se iniciaba mediante el secuestro violento de las víctimas, muchas veces a la luz del día y en lugares poblados, por parte de hombres armados, vestidos de civil y disfrazados, en vehículos sin identificación oficial y con cristales polarizados, sin placas o con placas falsas. Al respecto, la población consideraba como un hecho público y notorio que los secuestros se perpetraban por agentes militares, o por policías o por personal bajo su dirección”. Hasta aquí la cita.
De acuerdo a la sentencia, los hechos se produjeron de 1981 a 1984, un período durante el cual el Cofadeh denunció entre 150 y 200 personas desaparecidas sin que hasta ahora la sociedad hondureña haya vuelto a tener alguna noticia de ellas.
Y por esa razón exactamente han vuelto las desapariciones forzadas con los mismos patrones, porque la misma estructura militar de los años 80´s clonada en los nuevos oficiales evangélicos reza antes de salir a practicar sus fechorías. Lo mismo hace Elliot Abrams y otros halcones feroces del Pentágono actual.
Una vez que la impunidad fue adoptada como política pública del Estado neoliberal pro-estadounidense, todos los miembros de los escuadrones de la muerte se incorporaron como mano de obra calificada en empresas privadas, empresas públicas y dentro de otras estructuras criminales. Ahí están. Desde ahí rezan antes de operar. Y el Estado lo sabe, lo consciente.
Manfredo Velásquez era un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Fue desapareció el 12 de septiembre de 1981 en un estacionamiento de vehículos en el centro de Tegucigalpa, por varios hombres fuertemente armados, vestidos de civil, que utilizaron un vehículo Ford de color blanco y sin placas. El secuestro fue llevado a cabo por personas vinculadas con las Fuerzas Armadas o bajo su dirección. Se interpusieron tres recursos de exhibición personal y dos denuncias penales. No obstante, los tribunales de justicia no efectuaron las investigaciones necesarias para encontrar a Manfredo Velásquez o sancionar a los responsables. Igual con Saúl.
Hoy el Estado de Honduras de nuevo está en rojo como miembro de la OEA, porque las desapariciones de los 4 hombres garífunas de la comunidad Triunfo de la Cruz ocurren después de una sentencia que los favorece. El Estado deviene obligado a responder ante el sistema interamericano de derechos humanos adoptado por la Asamblea General en abril de 1948. Y tiene tiempo hasta el 24 de agosto próximo.
Es bien oportuno recordar que antes de la navidad de 2015 la Corte Interamericana de Derechos Humanos anunció ante el mundo las sentencias favorables a las comunidades Garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz, presentes en Honduras desde hace casi dos siglos y medio.
En esencia la resolución del máximo tribunal de justicia para los países de América estableció que el Estado debe entregar un título de propiedad colectiva sobre el territorio tradicional de la Comunidad Triunfo de la Cruz y de Punta Piedra, en dominio pleno y en garantía de ocupación, bien delimitado, saneado y bien demarcado. Además, le impuso la obligación de investigar y sancionar a los responsables de varios asesinatos de personas en ambas comunidades.
Hoy cumplimos 22 días después de la desaparición de Milton, Suami, Gerardo y Albert Snaider, celosos defensores de esa sentencia, guardianes de su tierra ancestral.
La dictadura de Hernández está requerida formalmente para proteger la vida y la integridad personal de los pueblos de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, que exigen el retorno con vida de sus hijos. La Corte le está diciendo al impostor que no cometa la estupidez de reprimir el dolor de las madres y hermanos de los desaparecidos. Y le está exigiendo informar al pueblo sobre sus investigaciones.
Hasta ahora lo que ha hecho el régimen es caminar sobre el hilo de otro patrón conocido de las desapariciones forzadas: ese que insinúa la culpabilidad de las víctimas, diciendo que encontró una bolsa con armas y sus documentos personales lejos del mar.
«Si los sacaron casi en calzoncillos mientras dormían, a la fuerza, ¿cómo es que aparece su pasaporte y otras cosas a varios kilómetros de la comunidad? ¿Quién agarra su pasaporte en esas circunstancias? Esto nos parece sumamente sospechoso». Palabras de Miriam Miranda, la presidenta de Ofraneh.
¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
Con su permiso.
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 8 de agosto de 2020
