De nuevo las víctimas sobrevivientes de la desaparición forzada estamos aquí como hábito de memoria en el primer viernes de agosto 2018.
Estamos para decir que vivimos de nuevo un instante frágil para Honduras, que soporta ocho años continuos de asalto al poder y sin correcciones, rectificaciones ni enmiendas sinceras.
El país ha sido convertido por el gobierno usurpador en una amenaza para la libertad, la integridad y la vida de la población, con el aval del Pentágono y el Departamento de Estado de Estados Unidos.
La avalancha de víctimas del postgolpe electoral de noviembre 2017, escuchadas de nuevo por la CIDH esta semana, no encuentra ninguna garantía de justicia y de no repetición de los hechos. Igual sucede con las personas defensoras del territorio, los bienes de la Naturaleza, comunicadores independientes, y los jóvenes estudiantes particularmente.
Al contrario, las víctimas sobrevivientes del fraude han sido atacadas nuevamente con prejuicio y violencia al exterior de la sede temporal de la Comisión, en Tegucigalpa, por el mismo aparato represivo que hizo las “fichas de inteligencia”, persecuciones, lesiones, muertes físicas, criminalizaciones mediáticas y procesos penales en los últimos siete meses en todo el territorio nacional.
Lamentablemente no puede interpretarse de otro modo este “exceso de autoridad” más que como un gesto de abierto desafío e irrespeto a la CIDH, cuyo máximo ejecutivo en el secretariado general de la OEA penosamente pactó con la mafia hondureña su continuismo ilegal, criminal y aberrante que entristece a Honduras.
En este contexto las víctimas de los conflictos agrarios, ambientales y defensores del Estado de Derecho en todo el país siguen sin la atención judicial que merecen. Y que exigen.
De más está decir que acciones como la liberación de la banda de ladrones de Pandora estimula la impunidad absoluta en toda materia penal en el país y ello se convierte en paternidad de nuevas violaciones a derechos humanos en forma sistemática, y autoriza a los jefes del cartel a continuar masacrando a la población.
Nos entristece verdaderamente la vulgarización de medios de comunicación tradicionales comprometidos con la pauta de la dictadura narco-corrupta que, además de pervertir habitualmente la información nacional, estigmatizan sectores vulnerables de la sociedad hondureña para lanzarlos a las garras de policías y militares violentos, esencialmente criminales.
Repudiamos concretamente el llamado que hace el predicador, político liberal y egresado universitario Renato Álvarez a la inteligencia de la dictadura para perfilar a los manifestantes de la Universidad Nacional y entregarlos sin capucha a la policía pretoriana para su intercepción violenta.
Hemos tenido respeto y aprecio por el periodista Álvarez, a quien hemos acompañado en sus peores momentos de limitación de libertad de expresión desde el inicio de su carrera en Radio América y durante las décadas del 90 y 2000 en canal 63 y en TVC. Y en cualquier instante del presente estaríamos dispuestas a ofrecerle la mano, si su derecho a expresarse estuviere limitado o coartado.
Pero la vehemencia, lindante con la pasión del dogma característica de toda una generación de apóstoles de la televisión matutina que él ha exhibido en lo personal la mañana del jueves anterior, no tiene a su favor nuestra indiferencia. Tiene nuestra desaprobación a riesgo de recibir agravios.
Nos vemos en la obligación de reprochar el abuso delante de la audiencia de un medio nacional que pontifica, juzga y emite sentencia contra jóvenes estudiantes universitarios opuestos al encarecimiento de la factura de transporte público y a los efectos de la dictadura en general.
“El Estado debe dejar de ser pasivo e indolente, y actuar contra estos anarquistas improductivos que son una vergüenza para el país. Y al actuar no se violentan los derechos humanos como argumentan los defensores”.
Esta licencia entregada desde el púlpito de canal 5 la mañana del jueves 1 de agosto tiene consecuencias funestas; constituye una línea política del medio que Álvarez representa y cuyo dueño principal es fundador de la Asociación para el Progreso de Honduras, APROH, responsable de financiar e instigar en 1980 la represión política que asesinó a más de 380 opositores al militarismo respaldado igualmente por la CIA y el Pentágono.
Convocar la represión de este modo es una actitud excesiva de su parte Renato, que puede inclusive corresponsabilizarle en indeseables hechos ulteriores que podrían producirse en atención a su exhorto. Rectifique, excúsese de inmediato, desconvoque la violencia, o acepte el peso de la responsabilidad compartida con quienes cumplirán sin vacilar esta línea dura.
El Cofadeh rechaza la exclusiva apropiación de Honduras por el gobierno de Estados Unidos que impone armas, presupuestos de defensa y militares represivos, amparado en elites corruptas que subcontratan localmente las iglesias, medios, fiscales y jueces sicarios para imponer el continuismo del modelo neoliberal de muerte.
Por ello también hoy repudiamos absolutamente la separación forzada de madres, padres e hijos inmigrantes por el partido republicano y su aparato militar en territorio estadounidense, porque se basa en el racismo más cavernario de la historia de la humanidad.
Existen más de 700 niños y niñas centroamericanos secuestrados en bases militares del Pentágono expuesto a la adopción forzosa o a la experimentación científica ilegal. Y ello es reprochable y debe ser censurado por toda la Humanidad.
Con la memoria histórica de frente este primer viernes de agosto ponemos en marcha la conmemoración de efemérides inolvidables: el 37 aniversario del Cofadeh el 30; en esa misma fecha, el Día Nacional e Internacional del Detenido-Desaparecido, y además la primera Manifestación Nacional de la Convergencia Contra el Continuismo. Les mantendremos informados.
De los hechos y de los hechores, ni olvido ni perdón.
COFADEH
Tegucigalpa, M.D.C., 2 de agosto de 2018
