La defensa y promoción de los derechos humanos nunca se llevó bien con las instituciones militares, porque éstas siempre son presentes entre los violadores, particularmente de los derechos civiles y políticos, que incluyen las libertades individuales, la integridad física y la vida.
Tener las armas para la defensa de conceptos tan discrecionales o subjetivos como la democracia, la integridad territorial, el orden y la tranquilidad ha permitido a las instituciones de defensa y seguridad ir demasiado lejos de la línea roja que definen las constituciones y las leyes. Y han provocado retrasos, sufrimientos y dolores a las sociedades.
Decimos esto de entrada por varias razones. La primera, es porque el Pentágono de los Estados Unidos ha incluido los derechos humanos en su jerga de defensa hemisférica, de operaciones combinadas internacionales, de sus ejercicios y simulacros de guerra.
La segunda razón por la cual abrimos la discusión esta noche es porque antes de la aprobación de la nueva ley del consejo de defensa y seguridad, en vísperas de la consulta para anular el código penal de los impunes y la conformación de la nueva Corte Suprema de Justicia, ha surgido un grupo de ex militares golpistas y un grupo de civiles adeptos de la intervención extranjera, entusiasmados por la defensa de la democracia.
En cuanto al Pentágono o el departamento de defensa debemos decir que está bien ocupado nuevamente de la región centroamericana y de México, de Honduras en particular, cuyo nuevo gobierno ha sido varias veces visitado por satélites del Comando Sur y del departamento de Estado. Y recientemente, llevado a Washington.
El alineamiento progresivo de la región a la política exterior de China y de la federación rusa, además de las propuestas de unión centroamericana no tuteladas por Washington, ha provocado algunos cambios urgentes que nos están llevando nuevamente a la remilitarización de los territorios de Mesoamérica.
El fracaso de la mal concebida alianza para la prosperidad del triángulo norte, por ejemplo, ha provocado la ocupación del Petén guatemalteco por tropas extranjeras con palabras siempre alejadas del objetivo real de contener militarmente la migración y apropiarse de los bienes naturales. Y ese aparente fracaso ha convertido a México en pieza clave de los intereses gringos.
Los términos tapadera del nuevo enfoque militarizante son, entre otros, capacitación para el rescate de personas en casos de catástrofes, intercambio de información e inteligencia para evitar la trata de personas, estandarización de los protocolos de seguridad cibernética, la promoción del empleo local, etc.
“Disuasión Integrada” llama el Pentágono a esta estrategia de juntar a todos sus aliados y socios, incluyendo actores gubernamentales, del sector privado y las ongs sumisas, para contrarrestar las amenazas. ¿Qué amenazas? Ahí es donde se esconde el demonio.
El pasado 1 de septiembre, en la Base Aeronaval del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, en Norfolk, Virginia, la Armada de México firmó un acuerdo para el adiestramiento de personal, el transporte y despliegue de marines dentro del territorio mexicano, para mejorar la logística y operatividad de ambas fuerzas navales. ¡Cómo no, chon!
El 7 de septiembre, un Twitter de la secretaría de defensa de Honduras informa brevemente sobre una reunión entre el secretario privado de la presidenta Xiomara Castro, el secretario de defensa y el jefe del Estado mayor de los militares del Obelisco, en el Pentágono, en Washington.
El propio responsable de defensa de Estados Unidos, Daniel Erikson, en su cuenta oficial, detalló que ese encuentro con los jóvenes Zelaya y el nuevo embajador aceptado en la capital del imperio fue para discutir la nueva asociación bilateral con Honduras, el respeto de los derechos humanos y la defensa contra las amenazas transnacionales compartidas.
Ese lenguaje amaestrado no menciona las estrategias de contención militar de la migración masiva en la frontera sur. No explica si la reunión es para trancar de una vez a los narcotraficantes o si es para continuar facilitando sus operaciones como ocurrió durante los 15 años de la dictadura Hernández. Y mucho menos esos términos de la diplomacia castrense explicitan si los derechos humanos son para practicarlos adentro o para violarlos afuera.
Ese mismo día 7, la cuenta Twitter de las fuerzas armadas en Tegucigalpa informa sobre una reunión de estados mayores centroamericanos con sus proveedores gringos en esta capital, para mejorar las operaciones militares regionales.
Todos esos twitteros en general no dan mayores detalles de los propósitos estratégicos. Por eso los pueblos atentos de la región están temiendo una nueva ola de ocupaciones territoriales con la paja de contener a los proxenetas, a los coyotes y a los muleros de las prósperas industrias de Wall Street.
Con todo respeto, las víctimas de la militarización estadounidense en Centroamérica, las familias herederas de las políticas represivas y de los golpes de Estado, las y los migrantes, pedirían al departamento de defensa de Estados Unidos y al gobierno de Honduras, que cuando traten estos temas nunca, jamás, vuelvan a hacerlo a espaldas de la población.
En realidad, lo que se está pidiendo a sus portavoces militares es que informen claramente la verdad y que no utilicen el pretexto de los derechos humanos para encubrir operaciones extremas que ponen en peligro más bien la vida, los bienes y las libertades.
Si retomamos la segunda razón planteada al inicio de este comentario, la que se refiere al debate sobre la nueva ley del consejo de defensa y seguridad, la anulación del código penal de los impunes que está en discusión y la conformación de la nueva Corte Suprema de Justicia, tendríamos que hacer referencia a los actores civiles adeptos de la intervención extranjera que están enturbiando las aguas con una agenda prohibida. Para lograr efectos contrarios.
Para continuar el debate, bien podría agregarse una petición particular al designado presidencial Salvador Nasrralla, para que explique al país por qué ha excedido sus funciones oficiales reuniéndose en Puerto Rico con el equipo de defensa del narcotraficante Juan Orlando Hernández, ex dictador hondureño expuesto a cadenas perpetuas en Estados Unidos, y por qué ha promovido negocios con supuestos empresarios caribeños interesados en adquirir bienes vacunos y equinos lavados con dineros procedentes de operaciones sucias en Honduras.
En su condición de designado presidencial habría que preguntarse si la ley le permite hacer acuerdos con estructuras de defensa de criminales, que bien saben — porque lo han publicado–, su interés es socavar la alianza política que retomó la transición del Estado narco al Estado de Derecho, para abrirse paso otra vez en tropel de caballos desbocados.
Una ruptura de la correlación de fuerzas políticas en el Congreso Nacional y en los demás poderes del Estado le permitiría a la dictadura criminal retomar el poder simbólico y el poder real, sin ir a elecciones. Y eso hace mil pedazos cualquier discursito anti corrupción y de defensa de la ética pública.
Es nuestro deber de intérpretes de la realidad decir que, lamentablemente, alrededor de la utilidad mediática que representa Nasralla en el exterior existen organizaciones sociales utilizando dineros públicos para alimentar internamente la campaña contra la legitimidad del Congreso, la reforma del código penal de los lavadores de activos — y no su abolición — y la integración conveniente de la nueva Corte Suprema.
Entonces, debería decírsele a esas instituciones nacionales y extranjeras interesadas en manipular al partido Salvador de Honduras para dinamitar la alianza gobernante, que esa estrategia es del crimen organizado. Es la estrategia del orlandismo sin Orlando. Es el asecho sistemático del crimen organizado usando todo lo que representa restarle poder a la gente, quitarle poder al pueblo.
Dicho esto, la mala gente puede seguir su campaña presidencial como veedora pública usando fondos del ministerio de la transparencia, suplantando el ministerio de relaciones exteriores desde el despacho del designado presidencial, o adelantando la campaña electoral desde ese comité central de la organización que llevó a su presidente a la cárcel correccional de Nueva York.
Si esos extremos así burdos siguen su curso, entonces parecería lógico el alistamiento militar bajo la dirección del Pentágono… eso es un chiste.
Vámonos, Buenas noches!
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 10 de septiembre de 2022
