La conmoción terrorista producida por el crimen colectivo de mujeres al interior de la cárcel de Támara ha puesto de nuevo a los militares a cargo de la seguridad de todas las personas privadas de libertad. Por un año o más, no sabemos.
El hecho terrorista favorece la percepción colectiva de inseguridad, fragiliza el rol del Estado de Derecho, aumenta la descalificación progresiva del gobierno y alimenta con sangre humana el discurso miserable de los voceros del crimen organizado. Y no basta para la insaciable prensa amarilla.
Hasta el miércoles, no bastaba ni la incomodidad por los apagones ni la malicia premeditada del autoexilio del CNA o la suspicacia por la renuncia de Edmundo. Hacía falta reimplantar la guerra, ese concepto de sangre que nos convoca y divide.
La guerra contra las maras o contra la M-13, la guerra contra el narcotráfico o el cartel contrario, la guerra contra el propio gobierno o contra Libre. La guerra de Estados Unidos contra Rusia o contra China. La guerra de Europa contra África. La guerra de Israel contra Palestina. La guerra del Pentágono contra la insurrección del Perú. La guerra… a la indiferencia.
A nosotras nos cuesta mucho desarrollar la sigla PMOP, Policía Militar de Orden Público, inspira desconfianza porque es una recreación de la dictadura del coyote de Nueva York, que está en la lista de los autores institucionales de violaciones a derechos humanos.
Ahora, lamentablemente, esa policía sui géneris tiene una misión inmediata acelerada por los acontecimientos. Ir a combatir con disciplina, estrategia y pólvora el poder de fuego, la sed de sangre, que se activó de nuevo dentro y fuera de los penales.
Eso la resucita, como parece decir con sorna el legendario comentador nacionalista, Fernando Anduray.
En las sombras, algo bien orquestado está moviéndose porque este momentum da extrañamente un protagonismo nacional a grupos civiles armados contra la sociedad, a esos hombres y mujeres impunes con equipos de guerra disparando a mujeres en pueblos, ciudades y prisiones.
En un país donde no hablamos las cosas con claridad para dificultar la comprensión colectiva NO es fácil saber los códigos acordados entre un sector de funcionarios públicos y esos liderazgos del crimen organizado. Pero la mayoría sospechamos.
No es secreto para nadie, además el juez Castel lo dirá claramente en la sentencia a JOH en septiembre próximo, son más de 14 años de sólida colusión entre funcionarios públicos y carteles criminales bajo el liderazgo regional del Chapo Guzmán.
En esa trama de negocios sucios un gran sector de la Policía Nacional, para ser condescendientes con los porcentajes, e igualmente el mando de las Fuerzas Armadas desde el período del tartamudo hasta el falso pastor evangélico uniformado, han participado de este desastre nacional. Ni un kilo real de las 500 mil toneladas fue decomisado en el camino a las narices de los gringos.
Lo que es extraño pero comprensible es que Estados Unidos no ha incluido hasta ahora a los altos mandos militares conspirativos en el juicio de Nueva York. Observamos sus inquietudes personales, sus movimientos de autoexilio y sus demandas extras de seguridad estatal, pero no sabemos exactamente en qué situación están respecto a la embajada estadounidense, de sus colegas al mando de las armas o de sus alianzas con el bajo mundo. Se conoce a la informal, a soto voce.
Entonces, sabiendo eso, no es fácil confiar en las actuales circunstancias el otorgamiento de roles estratégicos a los uniformados. Tendremos que preguntarle en confianza a la presidenta Castro si esa disposición ha sido producto de la reflexión o de la intimidación.
La respuesta a esa pregunta apreciaríamos tenerla, presidenta, antes del 28 de junio porque ese día de conmemoración del martirio del pueblo hondureño a causa de estos canallas será el anuncio del programa de reparaciones, y la presentación oficial de la propuesta del Museo Regional de Memoria Histórica.
La presencia militar en ambos temas es inevitable. Y desde el comienzo del mandato de la primera mujer presidenta, de su primera comandanta, los milicos han sido azuzados, provocados e invitados permanentemente a socavar su gobierno, de lo cual son responsables especialmente las cúpulas del partido del capo Hernández.
Ahora, los acontecimientos desencadenantes llegan en un momento de campaña in crescendo contra el gobierno a medida que se aproxima el juicio al jefe de la manada en la Corte Suprema de Honduras en Nueva York. Los ataques no son a medida que Xiomara se aproxima a China, sino a medida que nos aproximamos todos al látigo de Kevin Castel.
Ese día, como ya casi ocurrió en la sentencia a TH, los detalles abundarán sobre las alianzas criminales para mover los cargamentos, cubrir las operaciones, matar a los rivales, lavar el dinero ensangrentado en bancos, proteger penalmente a los autores y enmierdar el Estado.
En ese juicio, como bien entendemos, la llave maestra es el Chapo y su empleado, el cipote chuña que le tenía miedo al Sisimite allá en el Río Grande de Gracias, el complaciente jefe de los uniformados hondureños que aparentemente se burlaba de los gringos.
La muerte moral que debería representar ese juicio para personas e instituciones como la cadena de bancos de la dictadura, los partidos liberal y nacional, las cúpulas evangélicas y católicas, y los mandos policiales y militares del período 2009 – 2021, no es un asunto menor. Es un rollo grande que debería definir la próxima campaña electoral.
Tres días después de la conmemoración de la independencia, el 18 de septiembre, la presidenta Xiomara Castro estará obligada mínimamente a remover de su gobierno al personal colaborador de esta estructura criminal que será juzgada. Es lo menos que el país demandará.
En el Congreso Nacional, Luis Redondo tendrá que decidir en esa misma fecha, en consenso con las corrientes políticas que sobrevivan, si avanzamos hacia la batalla de Troya para aprobar las leyes habilitantes de la CICIH antes de diciembre o preparamos mejor el proceso electoral de 2024.
Honduras tendrá que pedirle a su pueblo la entrega de un mandato sólido para las fuerzas democráticas o dejar, lamentablemente, que el poder retorne a las bandas criminales juzgadas en Nueva York. Así de simple es la perspectiva.
En este camino laberíntico, la política de mano dura no debería ser entendida como aumento de la presencia militar en la vida de la sociedad, sino principalmente como la fortificación de la justicia basada en el Derecho.
El aparato estatal no puede continuar con el 70 por ciento de los empleados del cartel de los Hernández en ministerios, empresas estatales o en prisiones. La parálisis paradigmática que eso representa es intolerable. Pero tampoco el vacío debe poblarse con activistas ruidosos e incompetentes que anteponen sus destrezas a la dosis de gas inhalado durante las jornadas del postgolpe. Y mucho menos con amigos o parientes.
En resumen, la estructura paralela que ha retomado la estrategia de conmoción colectiva para alcanzar sus propósitos, sea para disminuir el impacto de la sentencia del coyote jefe o sea para imponer el miedo preelectoral, debe ser enfrentada con la determinación del Estado de Derecho, la gran diferencia con los fascistas que resuelven estos asuntos con la ley del Talión.
Háblele a su pueblo señora Presidenta, si usted está en peligro inminente o está bajo advertencia, díganos. Nosotros tenemos el deber de acuerparla.
Buenas noches!
Editorial de Voces contra El Olvido, sábado 24 de junio de 2023
