En la última semana, centenares de pueblos, sectores religiosos y políticos, organizaciones territoriales y municipios, han expresado su rechazo a la política separatista que impulsa la dictadura mercenaria del partido nacional y su siamés el partido liberal.
Las diócesis católicas, algunos sectores evangélicos y organizaciones comunitarias de los departamentos más afectados por la venta del país a piratas delincuentes, han realizado manifestaciones, cabildos abiertos, homilías, foros, debates y levantamiento de firmas contra Zedes.
A una sola voz, todos estos sectores, repiten que la patria no se alquila ni se vende, se defiende. El mensaje es dirigido contra los mercaderes golpistas que hicieron los mandados a la DEA reemplazando los carteles de drogas y ahora abriendo brecha a los compradores de republiquetas, colonizadores separatistas, que celebran el bicentenario de la Honduras partida y de la Honduras hundida como auténticos canallas, malditos.
Con espíritu zombis, los hombres y mujeres del régimen narco que sostienen Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, manipulan y vulgarizan el momento sangrante que sufre la población, entre este dolor patrio de la fragmentación territorial y esa pandemia de muerte que cabalga desigual nuestros poblados.
Mientras ese virus sigue matando, los delincuentes disfrazados de gobierno, responsables de esta tragedia, avanzan comprando tierras en los sitios estratégicos del país e inauguran pistas aéreas en territorios aptos para el narcotráfico y la construcción de republiquetas.
Olancho, que se definía como un territorio ancho para entrar y angosto para salir, al que podía entrar cualquiera que quisiera, pero del cual podía salir sólo el que pudiera, es hoy víctima de bandas mercenarias armadas que cuidan enormes extensiones de bosques, de nacimientos de agua y de reservas robadas a los pueblos originarios. Gualaco es un ejemplo triste de esto que estamos diciendo.
Pero como si vivieran en otro país, como si no escucharan el clamor general de este pueblo, los mercaderes, los narcos y corruptos perversos, construyen una extensa carretera que atraviesa la Mosquitia y las reservas naturales olanchanas, para darle salida a las mafias destructoras de la vida hacia una nueva ruta aérea.
Esta mafia maldita no respeta los linderos ancestrales de los pueblos nahauls, tawakas ni miskitos, hacen rugir sus tractores para saquear las riquezas naturales, para procesar y transportar las drogas que han cambiado de camino, que apuntan hacia otros destinos y que usan nuevos protagonistas.
Es bien sintomático que en plena pandemia Covid Delta, reflejo del menosprecio de la dictadura maldita por la vida del pueblo, la cúpula vende-patria está dedicada a inaugurar vuelos de Guanaja hacia El Aguacate, vuelos que quizás conectarán esa sospechosa carretera selvática con el turismo internacional. ¿El turismo?
Y así vamos de Olancho a Puerto Lempira, de La Ceiba al Río Amarrillo, de Choluteca al gran Zelaque, toda una extraña ruta aérea de turismo pandémico bien rentable que reemplaza los antiguos camiones de vacas y furgones de tablas rellenas de polvos y billetes que recorrían los bordos del atlántico, desde la lejana mosquitia hasta la selvática frontera guatemalteca. Así, con un discursito de empleo y desarrollo, los miserables se burlan del pueblo hondureño. Esos y esas, que se han intercambiado los bienes dejados por Tonny Hernández y sus secuaces, se convierten en re-lavadores de bienes ensangrentados y putrefactos, y en navegantes aéreos libres del radar y del sonar.
Por realidades así, bendecidas por los sindicatos religiosos de la confraternidad y del centro cristiano internacional, por esas chanchadas de negligencia intencional de propagar la COVID hasta el nuevo encierro para hacer prosperar sus negocios sucios, es que el pueblo de Honduras está fermentando una rabia colectiva gigante, un ardor profundo que tarde o temprano tendrá su momento de expresión en fuego.
Hacer negocios en medio del dolor de la gente no es un juego gracioso que resulte siempre en impunidad limpia para quienes se creen más vivos que los demás, no señores. El pueblo encachimbado sabe dónde irles a buscar en el momento oportuno.
El ejemplo de un extranjero linchado en Yusguare, Choluteca esta semana, no es el mejor ejemplo para citar, porque la vida de todo ser humano debe ser respetada en todo tiempo y en toda circunstancia. Y porque no se puede legitimar ni justificar la justicia por la propia mano.
Pero cuando un pueblo alcanza el punto de hartazgo, no razona. Giorgio Scanu ya no vive para dar su versión sobre lo ocurrido, porque más de 600 personas pusieron fin a su existencia de modo violento, y destruyeron su vivienda. Sin embargo, la voz del pueblo de Santa Ana indica que él era intolerante, violento, reprimía a los pobladores que caminaban por la acera de su casa, insultaba con desproporción al vecindario y fue acusado de haber dado muerte impunemente a un hombre itinerante, sin techo ni familia, que tocaba su puerta por comida.
Ante los acontecimientos, la policía de la dictadura ha cercado a la población con ínfulas de autoridad y ha difundido un discurso bravucón, amenazante, represivo, que no contiene ninguna referencia al silencio institucional que guardó mientras la población denunció los excesos del dicho europeo hostil.
Nada debe justificar la muerte de un ser humano. Nada, ni siquiera del peor de los criminales, porque un Estado debe tener siempre los instrumentos de justicia suficientes para juzgar y dictar condena hacia quienes transgreden la norma acordada, para compensar de ese modo justo la ira de los pueblos. Pero nada debe ser disculpado a la autoridad que está obligada a prevenir y que, en cambio, guardó silencio cómplice.
En este caso, como ocurre en Haití donde su cuestionado presidente ha sido asesinado por mercenarios que se identificaron como agentes de la DEA, nada tiene el Estado para calmar con justicia la ira de la gente. Sólo tiene chafas, armas, gases, jueces y fiscales.
Los militares colombianos y estadounidenses atrapados en Puerto Príncipe como mercenarios responsables del magnicidio de Jovenel Moïse no dirán fácilmente el nombre de su contratista estatal, así como hicieron los mercenarios guatemaltecos y colombianos de la DEA que asesinaron a un grupo indígena miskito en Ahuas, en 2012. Esos mercenarios adscritos a la base estadounidense de fomento de drogas en Caratasca no culparon nunca al Estado gringo por asesinar niños y mujeres embarazadas que viajaban en su pipante. Esos criminales bien equipados fueron protegidos por la embajadora Kubiski y el régimen golpista local. Desde entonces hasta nuestros días la certeza que el pueblo tiene es que la DEA custodia el negocio gigante de las drogas, que busca cada vez nuevas rutas, nuevos aliados y nuevos mercados, y que para lograrlo, mata.
En Haití ya había ocurrido en 1915 el magnicidio de su presidente Vilbrun Guillaume Sam, que abrió paso a una prolongada militarización gringa, que sólo sirvió para aumentar la pobreza, la corrupción y el narcotráfico. El jueves anterior, el propio gobierno corrupto de Haiti ha pedido tropas gringas tras el magnicidio de Moïse. El objetivo final no lo sabemos, pero es obvio que cerca está Cuba y que el tráfico marítimo de drogas y de armas como hacen en Honduras es una extraordinaria oportunidad de negocios en el mar.
Entonces, como vemos, el tiempo que estamos viviendo da prioridad a los piratas extranjeros que llegan con maletines de dinero para comprar porciones del territorio como se compran porciones de pollos en la glorieta. La mafia armada por la dictadura privilegia al extranjero por encima del nativo. Vivimos tiempos de fascismo, racismo y recolonización, que otorgan privilegios al invasor y dan poderes a los criollos malvados, a los malinches mercenarios, que envilecen y humillan como lacayos a los pueblos dignos de Lempira y Morazán. Tiempos de mercenarios asesinos.
Pero también, de otro lado, está en marcha la rebelión del pueblo que no renuncia nunca a la insurrección popular establecida como derecho en algún artículo de algún pedazo de la Constitución aún vigente.
La insurrección no es lo mismo que la barbarie o el terrorismo. En este momento extremo no se trata de desearle a juan orlando hernádnez un magnicidio similar al de Moïse antes de las elecciones de noviembre próximo, porque eso sería barato, injusto e inhumano para un sujeto acomplejado que ha causado tanto daño al país.
La CIA, la DEA o las empresas mercenarias subcontratadas tienen capacidad para hacer eso en cualquier parte del mundo con cualquiera de sus aliados, pero nosotros no abogamos por esa vía. Aceptamos que se lleven a joh junto a la lista Pandora, la lista MACIH y la lista Engels, que se los lleven todos al barrio hondureño de delincuentes en Miami y en Nueva York, pero no aceptamos que sigan destruyendo nuestro país.
Usar la patente del Estado y los sellos de la República para delinquir contra el pueblo, no es admisible. El pueblo está en contra. El pueblo no los quiere. Ni a ellos ni a ustedes, que sostienen esta minoría de delincuentes que cuidan sus intereses, sus compañías y sus bases. Ellos son mercenarios, porque ustedes les pagan, y son mercaderes porque ellos venden hasta su madre. Por eso les repetimos la consigna de los años ochentas, con los agregados del momento: Narcos, corruptos, vende-paria basuras, ¡fuera de Honduras!
Buenas noches!
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 10 de julio de 2021
