Esta semana, los liderazgos comunitarios de Pajuiles, en Tela, Atlántida, eran encarcelados y criminalizados por defender la cordillera donde nace el Río Mezapa, mientras en el Congreso Nacional los amigos de Hawit y del alcalde de Tela que los persiguen, modificaban el acta de la sesión anterior para reducir penas a todos los corruptos del país.
Esta misma semana, en el sur de Honduras, los dirigentes comunitarios Abel Pérez y Santos Hernández de la Península de Zacate Grande recibían penas individualizadas de cinco años y un mes de cárcel por aprovechar una playa pública, mientras el Congreso Nacional reducía de 9 a 6 años la pena por malversación de caudales públicos a los ricos, famosos y corruptos que le robaron el golfo a los pescadores nativos.
Por eso el reconocido sacerdote jesuita, Ismael Moreno, director de Radio Progreso y filósofo de nuestro tiempo, escribía en su muro de facebook que “los honorables delincuentes ablandan penas para delinquir con elegancia, y las endurecen con el pueblo desempleado y defensores de derechos humanos”.
En la radio y en la tele, el continuador del golpe de Estado que se impone en el poder dibuja un falso país de empleo y oportunidades, mientras en Atlántida, la Policía Militar que él creó persigue al Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, que rechaza la depredación ambiental que empobrece más a la gente.
En los medios de comunicación al servicio del ejecutivo, las mismas fuerzas militares, policiales y del sistema nacional de inteligencia, que obedecen también como mercenarias, golpearon brutalmente a los estudiantes que exigen participación en el gobierno universitario, bajo el supuesto que la prolongación de este conflicto afecta la campaña del reeleccionista – continuista.
Como dicen en el pueblo, algo han olfateado por ahí los señores de la elite liberal nacionalista que continúa atenazando el Presupuesto Nacional, al extremo que buscan protegerse criminalmente con la modificación del Código Penal.
Mala señal para el país», advirtió en su cuenta de Twitter el peruano Juan Jiménez Mayor, jefe de la Misión Internacional contra la Corrupción, adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA).
La alerta fue recogida en varios medios internacionales que saben de la intervención de la OEA y de la ONU en Honduras por ser – lamentablemente – un país degradado por la corrupción y la violencia.
El Excélsior, de México, reproduce un cable de la agencia francés de prensa – la AFP – que reportó desde Tegucigalpa que el Congreso hondureño aprobó aminorar las penas por corrupción en un nuevo Código Penal concebido irónicamente para reforzar la lucha contra el crimen organizado.
El diputado opositor Rasel Tomé explicó a la AFP que, en una rectificación del acta de la sesión del 8 de agosto, el Congreso aprobó por mayoría la reducción de las penas sin que trascendiera a la prensa.
Es una práctica gansteril del partido oficialista porque el artículo 475 se había aprobado con penas de nueve a doce años de cárcel para los delitos de malversación de caudales públicos, y en la rectificación del acta los dejaron de seis a nueve», detalló Tomé.
En la modificación se estableció una pena de cuatro a seis años de cárcel para el delito de enriquecimiento ilícito, cuando se había aprobado con penas de seis a nueve años.
La reducción de las penas fue propuesta por el diputado oficialista Agapito Rodríguez, cercano al presidente Juan Orlando Hernández.
Como hemos apuntado al inicio de esta columna, causa indignación el doble racero de la elite corrupta del país, que criminaliza con penas agravadas la defensa de la tierra y el territorio por las familias que habitan allá, y reduce las penas a los burócratas y políticos ladrones.
Cabe, entonces, recomendar a la MACCIH que, si una acción verdadera está dispuesta a realizar en Honduras, que utilice el texto de la Convención contra la Corrupción, ratificada por ese mismo Congreso Nacional, y que proceda a requerir a los líderes de la pacotilla de ladrones que degeneró la vida de la sociedad hondureña. Y que se llevaron el Seguro Social a la Presidencial…
Así como se abrió con urgencia un mecanismo de extradición de nacionales hacia Estados Unidos por actividades de narcotráfico y lavado de activos, debe agilizarse un mecanismo de extradición por malversación de dineros del pueblo, con el objetivo de aplicar las máximas penas que en el entramado hondureño es imposible lograrlo.
No cabe aquí ninguna alegación de soberanía nacional ni de respeto a la autodeterminación popular ni es momento de discursos patrioteros; la sociedad se enfrenta en desigualdad a violadores de lessa humanidad, ladrones del Presupuesto Público, delincuentes con poder político, asociaciones ilícitas del crimen organizado enraizadas en el Estado. Esa es la verdad.
Por estas razones es que Honduras está intervenida formalmente por la comunidad internacional a través de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, y la MACCIH de la OEA. Pero la sociedad exige pronta acción.
Por ello no puede, por ejemplo, la Cooperación Española estar activando la promoción de un nuevo Código Penal adaptado a la realidad hondureña y, permitiendo a la vez, ojalá por omisión, que los diputados que controlan el Congreso utilicen su financiamiento para hacer lo contrario: proteger a la banda oficial del crimen y castigar a la población general.
O el Banco Interamericano de Desarrollo estar apoyando con entusiasmo un proceso de mediación del conflicto entre la Corporación Dinnant y los movimientos campesinos en el Aguán, y estar al mismo tiempo apoyando la implementación de una nueva ley turismo que arrasará con parques nacionales, zonas protegidas y territorios indígenas y garífunas.
O Estados Unidos estar promoviendo duros golpes a las mafias del narcotráfico que controlan alcaldías, ministerios y poderes del Estado Hondureño, al mismo tiempo que alcahuetea el continuismo de los golpistas corruptos por la vía de la ilegal reelección presidencial.
Basta de doble agenda!
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 19 de agosto 2017
