Honduras es un país intervenido, como ya hemos dicho, porque su justicia se define en cortes federales de Estados Unidos y no en Comayagüela. Argueta lo sabe. Y está intervenido porque la investigación criminal la ejecuta la DEA y el FBI, y no el remedo de policía que dejó Álvarez, Corrales y Pacheco. Y es un Estado intervenido porque su elite política está podrida, porque es corrupta y narcotraficante.
Hoy no hacemos un editorial para celebrar la intervención internacional de la OEA, la ONU y el gobierno de Estados Unidos, lo hacemos para cuestionar de nuevo las causas de la degradación institucional del estado nacional y subrayar algunos hechos clave de la semana.
Primero, la Ley de fiscalización de las campañas electorales que impulsa la MACCIH, ya tiene consenso entre la mayoría de diputados en el Congreso Nacional. Una reforma electoral parcial habría generado un acuerdo entre partidos para su aprobación, con la abstención del PINU y el PAC.
En este caso el Partido Nacional – el más cuestionado en la última campaña por haber usado fondos públicos resultantes del saqueo del Seguro Social – era el más reticente a la aprobación de dicha ley. Pero encontró aliados para complacer a la OEA. Y, en cambio, mantiene las reglas del juego electoral inalterables. Inclusive mantiene como magistrado a un político cuyo partido no tiene siquiera un diputado en el Congreso Nacional.
El debate de la ley de fiscalización del financiamiento ocurre en una coyuntura especial. Estados Unidos tiene en circulación una lista de extraditables por corrupción, lavado de activos, terrorismo y narcotráfico, que incluye militares y diputados. El Congreso se quedaría vacío si lo pide Estados Unidos, dijo el ex fiscal Edmundo Orellana esta semana.
También la ley de fiscalización entra a debate en momentos cuando se cuestiona a un hermano del Presidente Hernández por presuntos vínculos a una banda terrorista, que atentaría contra el embajador estadounidense en represalia por perseguir sus operaciones a través de la DEA y el FBI.
La iniciativa de ley, que se mueve a 4 meses de las elecciones primarias previstas para marzo del próximo año, ocurre en el contexto continuista del modelo neoliberal salvaje que encabeza Juan Orlando Hernández, y quien para lograrlo impulsa una reforma electoral parcial que permite la escogencia de candidaturas presidenciales por consenso en los partidos políticos. Esa reforma favorecería la inscripción de su propia candidatura y, por conveniencia, conviene también al Partido Liberal, a LIBRE y al PAC.
Esa supuesta negociación que hace posible una ley que demanda la OEA a cambio de una reforma electoral para el continuismo, no es de la aceptación del PINU ni del PAC. Estos partidos consideran que eso es una seducción inadmisible. Una negociación intolerable.
El mismo Hernández, sin embargo, ha desmentido la versión que él avance por el complejo camino reeleccionista, y ha pedido en privado al menos a 9 diputados pétreos de su partido que se vayan, porque están marcados como peligrosos por la embajada de USA en Santa Bárbara, Colón, Atlántida, El Paraíso, Valle y Francisco Morazán.
No es claro, entonces, el camino de Hernández hacia la ilegal continuidad de su mandato, pero tampoco es claro el futuro de las Fuerzas Armadas, que deberían garantizar con fuerza el respeto a la Constitución, a falta de una sociedad democrática capaz de rechazar a cualquier gobierno despótico que surja de la violación a la Ley.
En este momento las Fuerzas Armadas están otra vez en el ojo de un huracán destructor. Oficiales activos y retirados participan en negocios privados en sociedad con capitales locales e internacionales, están implicados en actividades de crimen organizado y narcotráfico sin perder el espíritu de cuerpo. Y es, lamentablemente, la misma institución que está en las calles después del golpe, previniendo la violencia, consumiendo más de 600 millones de dólares al año, sin resultados para la gente.
Es la participación de militares en el crimen de Berta Cáceres desde el proyecto Agua zarca y su inclusión en la lista de extraditables uniformados a Estados Unidos, lo último que confirma su descomposición. Pero otros hechos anteriores ya señalaban la peligrosa tendencia que los auto destruirá otra vez. Y ojalá sea para siempre.
Entonces, si el Presidente Hernández estaba sobornando o seduciendo al Estado Mayor para ponerlo de su lado en una eventual aventura continuista o si, paralelamente, estaba llenando con sus policías militares los batallones del país, seguramente lo debería repensar ahora que comienza a salir la putrefacción por las rendijas de las barracas. Y que podría tocar las puertas de su propia gente…
En este panorama, el PINU no votará por la ley de fiscalización del financiamiento de campañas porque antes debió ser condicionada a la derogación de la ley de secretos oficiales, porque no puede haber transparencia con secretividad, y a la supresión de la ley de canje publicitario de junio 2014, porque somete a los medios de comunicación tradicionales al trueque de impuestos por publicidad.
El PAC está de acuerdo con la fiscalización de los partidos políticos, pero la ley de fiscalización de campañas no garantiza el próximo proceso electoral, y por eso exigen el acuerdo de garantías mínimas que incluye una nueva ley electoral. Se abstendrán.
A pesar de su creciente debilidad ética y política, el Partido Nacional tiene suficientes mecanismos de seducción para convencer, por eso ha hundido en la letrina a excelentes personas e instituciones, dijo el ex fiscal Edmundo Orellana desde el aeropuerto el jueves. Ojo con eso.
Y, finalmente, merece una condena la participación de bancos privados locales y regionales en campañas para la continuidad de proyectos de muerte sobre los territorios indígenas. El caso más visible es el de FICHOSA, cuyos ejecutivos máximos – los hermanos Atala – están mencionados directamente en el expediente de Berta Cáceres. Una campaña para reabrir Agua Zarca y atacar al COPINH tiene puertas abiertas en los medios de comunicación tradicionales. La campaña incluye infiltración, penetración y división del COPINH y sus comunidades de base. Y eso es condenable. Lo condenamos.
