Hace diez años el crimen organizado financió el golpe de Estado, en junio de 2009, y continuó haciéndolo hasta 2017, con el respaldo absoluto del gobierno de Estados Unidos, que practica jugarretas geoestratégicas sin importarle el sacrificio del pueblo de Honduras.
Hoy de nuevo la historia se repite. En palabras de la defensora de derechos humanos, Reina Rivera, “se colocó una tentación en la ruta de las manifestaciones, una ratonera, y fuimos detrás del queso”. Ella hace referencia a la fogata premeditada enfrente del portón de la antigua sede de la emabajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, que ha desencadenado en procesos penales por terrorismo y marchas blancas, otra vez en defensa de los criminales con poder.
Desde su cuenta en facebook, Rivera recordó los antecedentes de este momento de fuego que vive Honduras. El primero que cita es el incendio en el hotel Marriot en diciembre de 2017. El segundo es la quema de un camión militar en la colonia El Carrizal también en diciembre de ese año después del fraude electoral. Y el tercero, esta flama sospechosa con llantas policiales en la embajada estadounidense, el viernes.
En esta lógica de la ratonera o de los falsos positivos, la abogada Rivera Joya señala la sospechosa tardanza del Estado en ofrecer protección diplomática a esta legación durante los acontecimientos, como lo venía haciendo de modo fortificado cada día en atención a la Convención de Viena. Y fue el mismo comportamiento observado en el hotel Marriot, a 100 metros de la Casa Presidencial, donde la fuerza armada se había retirado del blanco construido todo en vidrio, para permitir el ataque de comandos militares disfrazados de civiles, que fue seguido de fogatas internas por manifestantes incautos.
“En los tres casos, ilustra la defensora, la indignación social salió corriendo hacia la ratonera activada por los planificadores” de bandera falsa, para luego producir la estigmatización mediática y enseguida las capturas con imputaciones de terrorismo. Así, de ese modo fueron perseguidos Edwuin, Raúl y Eduardo Urbina en enero 2018, y Rommel Valdemar Herrera ayer 31 de mayo.
Otros amigos de esta columna editorial de Voces contra el Olvido también han escrito en las últimas horas sobre este hecho planificado para robarle la masividad a la insurrección popular de médicos, profesores y población general plantados delante del Fondo Monetario Internacional y del impostor, quien usurpa el poder en Honduras junto a una banda del crimen organizado con poder político.
El profeta social, Rodolfo Cortés, subraya que la quema de carros, el incendio de la posta policial de Quimistán, la destrucción de Burger King en el aeropuerto y la fogata en la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa “es obra del sistema militar estadounidense y de los escuadrones traídos de Israel y Colombia, como una jugada sucia para desprestigiar la lucha popular hondureña”.
Tanto Rodolfo como Reina coinciden que el resultado de estas jugarretas premeditadas por la dictadura y sus socios criminales extranjeros representan la dolorosa concecuencia de tener exiliados y presos políticos en esta larga lucha social y política que comenzó hace casi 10 años, el 28 de junio 2009.
En este momento en Honduras la resistencia social ha reactivado su movilidad por los diez años de golpismo, por el peso de la corrupción y el narcotráfico que recae sobre la élite política y las agencias del gobierno de Estados Unidos, que co-dirigen el país directamente desde Tegucigalpa y Palmerola, y porque esa alianza le roba el presente y el futuro a la nación.
En este contexto inclusive lo que dice el ex presidente Porfirio Lobo tiene lógica irrefutable. El mayor peso del problema recae en Juan Orlando Hernández, correligionario suyo a quién pide que se vaya. Y Lobo hace una referencia directa a la embajada de Estados Unidos y a los espíritus blancos que están clamando por la paz y el diálogo. Entre líneas el expresidente califica de sospechosa esa llamaba a la paz al mismo instante que la teniente Heide Fulton cerraba sus oficinas, retiraba su personal de seguridad y se incendiaba su sede.
Pero de modo particular nos llama positivamente la atención el comunicado de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, que por primera vez en medio de la crisis de Honduras habló claro el viernes. Es un texto en el cual no se dirige al gobierno impostor, sino al Estado, que es la persona jurídica permanente con identidad en la Asamblea General de Naciones Unidas.
Dice el comunicado que la Alta Comisionada ha venido dando seguimiento a las manifestaciones y al paro nacional convocado por los sectores salud y educación, y que se han desarrollado en diferentes partes del país.
Textual. “La Oficina reitera su llamado al Estado a garantizar el derecho a la reunión pacífica y la protección de su ejercicio. La Oficina insiste en que los organizadores de las manifestaciones NO deben ser considerados responsables por el comportamiento violento de otras personas o actos de violencia que ocurran paralelamente”.
Sigue el texto de la ONU en Tegucigalpa. “La prevención y el control de dichos actos de violencia deberán desarrollarse en virtud de los principios de necesidad y proporcionalidad. La Oficina enfatiza su preocupación por el gran uso de gases lacrimógenos y de incidentes reportados de utilización de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad que resultaron en personas heridas en Siguatepeque y Villanueva, Cortés; así como destaca la presencia de miembros de las Fuerzas Armadas en funciones de orden público.
En este sentido, reitera las recomendaciones a Honduras de los mecanismos universales y regionales de derechos humanos a que las funciones de orden público sean de exclusiva responsabilidad de las fuerzas civiles de seguridad y exhorta a que se investiguen los incidentes con prontitud, imparcialidad y diligencia”.
La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en Honduras nota que las convocatorias a manifestaciones se han dado en un contexto de gran polarización y movilización social, que deriva de un amplio reclamo social a participar en la dirección de los asuntos públicos que contribuya a la mejora de las condiciones de vida de las y los hondureños.
Y enseguida el comunicado de la ONU se dirige a los medios de desinformación y propaganda al servicio de la dictadura. Dice textual: “La Oficina ha observado con preocupación el desarrollo en medios sociales de campañas de desprestigio en contra de los gremios organizadores de dicha movilización, que agravan la existente polarización y tienen como consecuencia el cierre de espacios de interlocución entre las partes sociales y el gobierno.
En este aspecto, destaca el rol de los defensores de los derechos humanos y de los medios de comunicación en promover el derecho a la libertad de opinión y expresión, a la participación en asuntos públicos y a defender los derechos, como elementos centrales del estado de derecho.
La Oficina alienta al desarrollo de medidas de confianza que contribuyan a crear las bases para la generación de espacios de interlocución constructivos y participativos sobre el derecho a la salud y a la educación, como temas claves en el desarrollo del país”.
Hasta ahí la parte medular del pronunciamiento nacional de las Naciones Unidas.
Entonces, en este contexto de falsos positivos con comportamientos terroristas, que producen violencia paralela a las manifestaciones sociales, nos queda la impresión que en el seno de la Asamblea de las Naciones Unidas sólo falta promover una sanción al gobierno de Estados Unidos por estar generando acciones de violencia paralela en medio de la agitación social en Honduras.
Esperamos que la hija del ex presidente Carlos Flores Facussé promueva esta acción en el Consejo de Seguridad, en Nueva York. Ojalá…
Buenas noches!
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 1 de junio de 2019
