Tegucigalpa/San José.- Cuatro años han pasado desde que el estudiante universitario Eduardo Urbina fue desarraigado de su casa, familia y país, por una orden de captura emitida por el régimen de Juan Orlando Hernández y el Ministerio Público, con la firma de Óscar Chinchilla.
Desde diciembre de 2017, el líder político de Libertad y Refundación (LIBRE) y dirigente del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU), ha sufrido exilio, encarcelamiento, persecución y descrédito personal, especialmente en Honduras.
Meses antes de salir del país, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), acompañaba al joven de 22 años, quien reportó una serie de atentados contra su vida.
Pero ya en Costa Rica, fue acusado por los delitos de incendio agravado en perjuicio de la Secretaría de Defensa y de atentado y uso de explosivos o material de guerra, en perjuicio de la seguridad del Estado de Honduras, COFADEH como su representante legal realizó todos los trámites posibles para salvaguardar su integridad.
Hoy, para Eduardo Urbina, de 26 años y estudiante de la Universidad de Costa Rica (UCR), con mucho gusto confirma que el COFADEH presentó la solicitud de Amnistía Política donde quedarían sin efectos las órdenes de capturas nacionales e internacionales que pesan en su contra.
«Esta persecución responde netamente a procesos políticos de persecución, donde el Ministerio Público y todo el andamiaje jurídico se prestó a perseguirme», declaró a www.defensoresenlinea.com.
Y agregó que «esta es mi realidad, la realidad de Eduardo Urbina, pero también es la realidad que comparten muchas personas y familias en Honduras y el mundo por que a eso nos han obligado a migrar, a buscar protección en otra naciones por que la nuestra por años nos ha perseguido».
El proceso de Amnistía lo coloca en j tiempo sumamente esperanzador en el que se hará un «borrón y cuenta nueva» a esos casos que nunca debieron ser abiertos, procesos de investigación que nunca se debieron dar y a esas órdenes de captura que jamás debieron ser emitidas.
A Eduardo Urbina nunca se le debió abrir una causa penal, es un caso que representa a las víctimas de persecución política y por ende beneficiario de la Amnistía según Decreto Legislativo 004-2022, declaró Berta Oliva, coordinadora general del COFADEH, organización que está a la espera de la respuesta de solicitud de extinción de la pena.
Para Eduardo se acerca el momento donde «volvér a casa ya nunca más será una tentación, sino que es una realidad», es en tiempo que al igual que muchas más personas en el exilio, han pensado y añorado.
«Volvemos para poder aportar en los procesos de cambio, soñar y poder hacer realidad aquellos anhelos que teníamos hace doce años», dijo Urbina.
Además, «volveremos para poder abrazar a nuestras familias, amigos y amigas. Por que nunca debimos dejar la patria como lo hicimos».
El perseguido político, considera que la Ley de Amnistía «nos permite a las víctimas seguir con la frente en alto, que no se diga bajo ninguna circunstancia que somos criminales, que cometimos delitos o que somos parte de un pacto de impunidad», como se ha catalogado por grupos afines a la narcodictadura nacionalista.
«La Amnistía Política es un derecho que se ganó en las calles con presión social y, en el Congreso Nacional de la mano con la bancada del pueblo y con las bancadas ejecutando los planes de trabajo de Xiomara Castro», concluyó Eduardo Urbina.
COFADEH ha presentado varias solicitudes amparadas en la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional al Derecho y para que no se repitan, publicada el Diario Oficial La Gaceta 36,840, del 4 de febrero, que contiene el Decreto Legislativo 04-2022 sobre la Amnistía para Presos Políticos y Presos de Conciencia.
Urbina aplica a la Amnistía, según el inciso b que establece: “A las personas que han ejercido su derecho constitucional a la protesta social, mediante acciones de resistencia a la opresión y desobediencia civil de diversa índole, y cuyas acciones fueron reprimidas por acciones policiales y militares y criminalizados por el Ministerio Público y el Poder Judicial por motivaciones evidentemente políticas”, continuando la lista con defensores de derechos humanos, defensores de la soberanía nacional, gremios, y más.
Ayer el COFADEH logró la liberación total de José Antonio Torres Meza, preso político en la cárcel de mediana seguridad en El Porvenir, Francisco Morazán. Perseguido desde agosto de 2009 y exiliado por 11 años en El Salvador.
Cuatro años de persecución y exilio
El 10 de marzo de 2018, Eduardo Urbina fue detenido en Nicaragua, porque existía una alerta roja de Interpol en su contra. Las autoridades nicaragüenses llevaron a la frontera con Costa Rica, donde fue puesto en detención administrativa por las autoridades costarricenses en el Centro de Aprehensión de la región central Hatillo Centro desde el 13 de marzo, por el proceso de deportación que se inició en su contra por los delitos de las cuales estaba acusado en Honduras.
El 26 de marzo fue trasladado en las celdas de tránsito del poder judicial después de que Interpol transmitió a las autoridades costarricense una orden de extradición emitida por el gobierno hondureño a través del Fiscal General Oscar Chinchilla, hasta que fue trasladado a la prisión de la provincia de Puntarenas el 6 de abril donde estuvo detenido hasta el 23 de abril.
El líder estudiantil fue víctima de varios ataques en represalias a sus legítimas actividades en defensa de los derechos humanos en Honduras, por lo que había decidido refugiarse en Costa Rica y pedir el asilo.
Con el apoyo del COFADEH, llegó a Costa Rica el 11 de diciembre de 2017 antes de que las autoridades de Honduras emitieran un orden de captura en su contra por haber supuestamente participado a la quema de un camión militar en Honduras, a pesar de que ésta ocurriera días después de su salida.
El 19 de abril de 2018, la Comisión de Visas Restringidas y Refugio de la Dirección General de Migración de Costa Rica resolvió la solicitud de asilo presentada por el Sr. Eduardo Urbina y le reconoció el estatus de refugiado, “en atención al riesgo que corre Eduardo por su rol como activista político, dirigente estudiantil, y defensor de los derechos humanos en Honduras”.
Antecedentes en la línea de persecución
El MEU ha sido reprimido fuertemente por parte de las autoridades universitarias y gubernamentales, que han recurrido al uso de la fuerza policial, de cuerpos élite de las fuerzas de seguridad del Estado para reprimir manifestaciones, así como la interposición de acciones penales en contra de los integrantes del MEU con el objetivo de desarticular y deslegitimar al movimiento y sus actividades de defensa del derecho a la educación y al ejercicio pacífico de la protesta. En este contexto, en el marco del conflicto de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), se han producido ya tres asesinatos y al menos 73 casos criminalización mediante un uso indebido del derecho penal en contra de integrantes del movimiento universitario.
El 1 de mayo de 2017, un agente de policía disparó cuatro veces en contra del Sr. Urbina, sin impactarlo. Tras estos hechos, el Sr. Urbina fue detenido de forma arbitraria durante más de 24 horas.
Desde julio de 2017 el Sr. Urbina fue sometido a una campaña de estigmatización mediante la cual fue acusado de una serie de actos de vandalismo y de terrorismo. Por esta razón, el 10 diciembre de 2017, el Sr. Urbina dejó Honduras para reubicarse temporalmente en Costa Rica ante los evidentes riesgos para su integridad física y psicológica de continuar en territorio hondureño.
El día 15 de diciembre de 2017, cuando Urbina ya se encontraba en Costa Rica, un camión militar fue quemado durante una protesta en Honduras y en relación a este hecho una orden de captura fue injustamente emitida en su contra. Por esta razón, el Sr. Urbina decidió prolongar su estancia en Costa Rica, con la esperanza de que la orden de captura en su contra fuera suspendida y ante la evidencia de que no existían garantías para su derecho a un debido proceso en caso de retornar a Honduras.
