San José, Costa Rica.
Observamos con extrema preocupación la situación de Honduras, y su evidente debilitamiento democrático, luego de que concluyera el proceso electoral presidencial, el pasado domingo 26 de noviembre.
En un contexto de creciente descontento, polarización y confrontación social, las actuaciones poco transparentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) así como la falta información oportuna alimentan las preocupaciones sobre la falta de credibilidad de esta institución.
El TSE, como órgano del Estado, tiene la obligación de velar por que los procesos eleccionarios se desarrollen en condiciones mínimas que garanticen el derecho al voto, la legitimidad de los resultados y el respecto de la voluntad de la mayoría. El sufragio es un derecho, una expresión de participación política y su adecuada garantía es vital para la salud democrática de cualquier Estado.
Ante lo ocurrido en los últimos días y las diversas voces que reclaman ser escuchadas, desde CEJIL consideramos crucial que se lleve a cabo un recuento de todos los votos que permita despejar las dudas sobre los resultados electorales y que cuente con la participación de observadores independientes.
Adicionalmente, preocupan los incidentes y actos de violencia derivados del uso excesivo de la fuerza contra manifestantes que se han registrado la noche de ayer y el día de hoy. Las autoridades deben asegurar el derecho de todas las personas en Honduras de manifestarse libremente y de manera segura.
Hacemos un llamado a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) para que acompañen las manifestaciones y vigilen que se respeten los derechos de las personas manifestantes.
Asimismo, convocamos a la comunidad internacional a acompañar de manera cercana y objetiva este proceso y exigir a las autoridades adoptar todas las acciones necesarias para que se respete la voluntad popular evitando así un mayor deterioro de la democracia en el país.
Finalmente, solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), OACNUDH y demás órganos de protección internacional, que llamen al Estado de Honduras a garantizar y respetar los derechos políticos de su población.
