Tegucigalpa.- En Honduras la situación de derechos humanos sigue en situación de riesgo, donde no ha habido avance significativo en el fortalecimiento del sistema de justicia, porque estamos en un estado represivo y torturador, donde se ha consolidado la impunidad.
Así coincidieron defensores y defensoras de derechos humanos y de la tierra durante el foro “Hallazgos y recomendaciones desde la sociedad civil”, Honduras frente al Examen Periódico Universal (EPU) 2020, convocado por la Coalición Contra Impunidad.
Los reconocidos defensores Juan Almendares Bonilla del El Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Victimas de la Tortura (CPTRT); Berta Oliva del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh); Gustavo Irías de Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD); Betty Vásquez del Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS), participaron en el panel “Estado de Derecho y la responsabilidad del Estado de Honduras”.
El evento, donde participaron reconocidos defensores nacionales como exponentes, se desarrolló en un hotel capitalino, que contó con la presencia de representantes diplomáticos, cooperantes, defensores de derechos humanos, de la tierra y territorio, de la niñez y juventud, de la comunidad LGTB, entre otros.
El estado hondureño no ha tenido avance significativo en fortalecimiento del sistema de justicia a pesar de los compromisos y de haber adoptados algunas medidas derivadas de estos Exámenes Periódicos Universal y otras recomendaciones de organismo de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano, expresó Gustavo Irías del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD).
La debilidad del sistema de justicia, la falta de independencia judicial y la conducta criminalizadora de parte de operadores de justicia hacia poblaciones vulneralizadas, ha contribuido a un estado de impunidad generalizada, indicó Irías.
Para el caso, 82 personas vinculadas a los medios de comunicación han sido asesinadas entre el 2001 y hasta la fecha, donde el 90 por ciento de los casos está en la impunidad, similar situación se puede decir de los cerca de 200 personas asesinadas en conflicto agrario en el Bajo Aguán y otros sectores vulnerables.
El 27 de febrero 2014, el gobierno aprobó la Unidad Especializada para la Investigación y Enjuiciamiento de Muertes Violentas en la Zona del Bajo Aguán (Umviba), y a pesar de la creación, esta no brinda avances sobre las investigaciones de la violencia y asesinatos en el sector.
También ocurre con la creación de Fiscalía Especial de Protección de Defensores de Derechos Humanos, periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, la que no ha establecido una respuesta institucional para hacer frente a la violencia que sufren estas poblaciones.
En su intervención, Gustavo Irías indicó que el enfoque represivo de seguridad del Estado ha producido violaciones, y como está militarizada, en lugar de reducir, la violación a los derechos humanos se ha convertido en el factor fundamental de estas violaciones.
El nuevo Código Penal criminaliza la protesta social y la libertad de expresión y contempla figuras delictivas como reuniones y manifestaciones ilícitas, asociaciones para delinquir y en cuanto a libertad de expresión se elevan a delitos penales la difamación y la calumnia.
El 8 de mayo próximo Honduras se someterá a su tercer Examen Periódico Universal (EPU), donde será evaluado sobre las recomendaciones realizadas durante el último encuentro, donde se le emitieron 152, de las cuales el Estado solo pudo cumplir el 22 por ciento.
Una de las preocupaciones es que se toman resoluciones del EPU y un gran porcentaje no se cumple, o sea que tenemos que exigir a cualquier Gobierno, e incluso al EPU, que se hagan realidad esas recomendaciones.
Así comenzó su intervención el reconocido defensores de los derechos humanos, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y actual director del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Victimas de la Tortura (CPTRT), Juan Almendares Bonilla.
“Honduras es un país donde no hay democracia, ni formal ni real, no hay libertad y no hay justicia”, sostuvo el destacado defensor de los derechos humanos en Honduras, quien remarcó que no tenemos un país libre, tenemos un país, y aunque no les guste, un país militarmente ocupado, manejado, intervenido, no hay respeto a su soberanía ni a su dignidad”.
Asimismo denunció que la Tortura en Honduras es una práctica cotidiana y que la criminalización de la protesta no solamente es jurídica, sino que es consecutoria, es punitiva, es carcelaria y llega hasta el asesinato, y podemos decir que una manera de criminalizar esa protesta son las cárceles.
Antes del golpe militar, en Honduras existían aproximadamente entre 9 mil a 11 mil presos y en diez años se han duplicado a 22 mil.
Las cárceles han sido verdaderos infiernos de injusticia. Han muerto más de 500 personas en supuestos accidentes graves y en realidad han sido actos criminales.
“La tortura se práctica en las cárceles y antes de llegar a las cárceles generalmente de cada diez personas siete son torturados. Y una de las cosas más terribles es que la tortura se acompaña de descuartizar, desarticular los cuerpos y decapitarlos”, señaló.
El doctor Juan Almendares Bonilla fue muy contundente al sostener que “aquí lo que hay es un estado represivo y torturador y esa es la realidad”. Para él, en Honduras no manda el presidente Juan Orlando Hernández ni los militares, quien manda en este país es “el Comando Sur”.
En términos generales la situación de derechos humanos sigue en situación de riesgo, cuando se hace el ejercicio de la defensa de los derechos territoriales, señaló Bety Vásquez del Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS).
“Este Modelo de desarrollo del estado está basado en un extractivismo limitado de bienes naturales y que nos lleva a una situación de violación de derechos humanos”, sostuvo.
Para la ambientalista, los factores estructurales que tienen que ver con la agudización de la conflictividad, no hay respuesta por parte del estado.
“Aquí para un desalojo y un desplazamiento actúa de manera inmediata los sistemas de seguridad, pero para acompañamiento a defensores y defensoras no se ve reflejado este contexto de criminalización y de judicialización de defensa de territorio, a pesar de que muchos gozan de medidas por parte de la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) e incluso del Mecanismo de Protección, lo que ha generado mayor vulnerabilidad y riesgo de los defensores de la tierra y el ambiente”.
Agregó que “mucha gente se está yendo en las caravanas de migrantes, no solo por el tema de pobreza y desempleo, sino en condición de refugiado o exiliado y el ejemplo es la cantidad de hondureños y hondureñas pidiendo asilo político”.
Del 2010 al 2018 a marcado los crecientes conflictos relacionados con la tierra, el agua y se ha incrementado el número de concesiones para proyectos mineros de generación de energía, según el informe de Territorios en Riesgo del 2019. Hasta julio de 2018 existían 854 concesiones mineras y más de 300 concesiones hidroeléctricas.
