Tegucigalpa.- En el informe anual del periodo correspondiente al 2024 que presentó este martes la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), destaca que hubo un incremento en ataques dirigidos a defensores y defensoras en el país.
“La Oficina observó en comparación con 2023, un incremento del 48.6% (de 35 a 52 casos) en los ataques dirigidos a desprestigiar la labor de personas defensoras, organizaciones, periodistas y medios, incluyendo las redes sociales, como son las campañas en contra de COPINH y el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP) de Tocoa”, señala el informe de la OACNUDH.
Asimismo, en el informe se manifiesta que se documentó ocho asesinatos, cinco de personas defensoras y tres periodistas, trabajadoras de medios y/o comunicadoras sociales, de las cuales al menos dos eran defensores de los derechos LGBTI.
En septiembre fue asesinado Juan López, ambientalista y miembro del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCP), emblemático defensor del río Guapinol frente a proyectos extractivos, destaca el informe y expresa que su muerte sucedió en un contexto de constantes ataques, amenazas, intimidación y criminalización de personas defensoras.
“El defensor y el CMDBCP eran beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos implementadas a través del Sistema Nacional de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de justicia (SNP)”.
Debido al riesgo que presentaron en 2024, las autoridades competentes del Sistema revisaron los planes de protección en dos ocasiones. Sin embargo, no hubo avance sustantivo en la implementación de las medidas, sino hasta después de la muerte del Sr. López, señala el informe.
Asimismo, se puede leer que “la investigación del asesinato conllevó a la captura de presuntos autores materiales, sin embargo, sigue pendiente la identificación de los autores intelectuales, indispensable para garantizar el acceso al derecho a la justicia, a la verdad, la reparación y garantías de no repetición”.
Para la OACNUDH “la investigación efectiva de delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas sigue siendo un desafío”.
La gran mayoría de las 131 muertes violentas documentadas desde el establecimiento de ACNUDH en Honduras en 2015, aún no han sido esclarecidas, ni han sido sancionados los responsables materiales e intelectuales.
Además, señalan que la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida mantiene investigaciones abiertas en al menos 19 casos de asesinatos y desapariciones ocurridos entre 2023 y 2024, incluyendo posibles desapariciones forzadas de personas defensoras y periodistas (13 en etapa investigativa, seis con requerimientos fiscales), agrega el documento.
La Fiscalía Especial de Protección a Defensoras y Defensores, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia ha recibido 27 denuncias a noviembre de 2024, la mayoría por amenazas, de las cuales ninguna ha sido todavía judicializada, se lee en el informe de la OACNUDH.
Además, agrega que, entre los obstáculos, no existe un protocolo de debida diligencia para la investigación de crímenes contra personas defensoras de derechos humanos, a pesar de que esta fue una reparación ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2018, lo que dificulta que se realicen investigaciones adecuadas, que tomen en cuenta el perfil de la persona defensora y la posible relación del delito con su labor de defensa.
Este informe, elaborado en el marco del Convenio firmado entre el Gobierno de Honduras y la OACNUDH, brinda un análisis detallado sobre la situación de los derechos humanos en el país y formula recomendaciones para fortalecer su promoción y protección.
La presentación la realizó Bardia Jebeli, Oficial a Cargo de la Oficina y Representante Adjunto.
