Cuando Carlos H Reyes mira en la televisión y escucha por la radio las narraciones deportivas desde la sala 26 de la Corte de Justicia Federal de Nueva York, él piensa en los leñazos recibidos en la salida norte de Tegucigalpa en 2009.
Como él, millones de personas piensan en sus propios sufrimientos durante el tropel desbocado de estas bestias del infierno, amantisimas creyentes del Señor…
Este líder histórico del movimiento sindical de Honduras, a quien los militares de Romeo le partieron la oreja y fracturaron el brazo derecho, no dudó nunca que el crimen organizado daba el golpe para asaltar el Estado y vender el país a los narcos implacables que hoy están en el banquillo de los gringos.
“Estos canallas dieron el mazazo contra el pueblo para profundizar el modelo neoliberal que favorece los intereses de Estados Unidos en nuestro suelo”, dijo Reyes sin titubear mientras chineaba su enorme brazo enyesado el 30 de julio de 2009.
Confirmando el impecable juicio de Carlos, el ex alcalde Alexander Ardón en Nueva York, hablando enfrente del siniestro niño del Río Grande, testificó que ese engendro sabía que el golpe de Estado facilitaba su estrategia de control total de los negocios públicos y privados, legales y criminales.
Con este juicio y el veredicto por venir, Honduras repasa toda la vivencia real del golpismo durante 14 años de robos, crímenes, torturas, gaseadas, desapariciones y destrucción institucional, que hoy acusan también al cínico gobierno estadounidense.
Con razón ayer en su plantón del primer viernes de marzo, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) dedicó 10 líneas de su plantón a ese juicio. Un juicio que no es telenovela. Un proceso que no es un meme.
El juicio por conspiración a Juan Orlando Hernández juzga igualmente a su partido y a su siamés tradicional, subrayó la organización de víctimas aludiendo al partido liberal y a otras estructuras conexas, que han hecho de la cocaína, el lavado y la violencia un negocio criminal que es rentable para quienes dicen combatirlo.
Han transcurrido dos semanas consecutivas de testimonios sobre la destrucción del Estado de Derecho – dijo el Cofadeh – identificando ambiciosos políticos, empresarios y funcionarios públicos criminales, que dejan una imagen de vergüenza internacional bien instalada.
En consecuencia, el Cofadeh en su plantón de ayer exhortó a la presidenta Xiomara Castro a trabajar por el restablecimiento de la imagen de Honduras en el mundo, sugiriendo que eso no sea hecho a través de una desteñida campaña de “Marca país”, sino a través de acciones simples que marquen la diferencia de aquella dictadura sanguinaria.
Herencia también de esas tropelías criminales del golpe y el golpismo que se juzga en Nueva York es el crimen de Berta Cáceres, cuyo octavo aniversario se ha conmemorado este 2 de marzo de 2024 con exigencias de verdad y de justicia.
“Toda la verdad y toda la justicia para Berta” es el reclamo de la familia Cáceres Zúniga, que el Cofadeh hizo suyo ayer en ocasión del aniversario de siembra en la tierra y en la conciencia universal de la lideresa del Gualcarque.
Con su presencia en el Centro Ceremonial Utopía del COPINH, la coordinación del Comité de víctimas de la desaparición forzada ha suscrito el potente llamado de la familia Cáceres a la Corte Suprema de Justicia.
El llamado es a confirmar las ocho sentencias dictadas contra los responsables materiales del crimen y a proceder contra los autores intelectuales del asesinato, que implican a ejecutivos del banco creador de la DESA criminal aun fuera del alcance policial.
Berta Cáceres representa el señalamiento permanente a las inversiones público-privadas destructoras de la vida y de la libertad que son financiadas por la banca internacional y regional, dijo el Comité en su plantón.
El Cofadeh agregó que Berta Cáceres representa el dedo acusador al general Julián Pacheco Tinoco, quien usó el cargo de ministro de seguridad de la narcodictadura para reducir la imagen gigante de la víctima a una maestra ambientalista muerta por desconocidos, además de intentar con los autores del crimen confundir las circunstancias del hecho.
A una mujer indígena anti sistema patriarcal, anti capitalista, luchadora contra el extractivismo, no podía tratársele de esa manera desde el Estado. Sólo un peón del crimen organizado que se juzga en Nueva York podía intentarlo, para ayudar a sus compinches.
Este mismo ministro Pacheco Tinoco – recordó la organización — también estaba a cargo de la Policía Nacional el 7 de febrero de 2021, en plena pandemia de la Covid-19, cuando la estudiante Keyla Patricia Martínez fue encontrada muerta en una celda de la sede policial de La Esperanza, Intibucá.
Por este caso ha sido liberado el único policía nombrado en una larga batalla legal que tiene al Cofadeh como acusador privado a petición de la familia y a un bufete de cinco abogados pagado por la Policía, que ha invertido más de medio millón de lempiras en honorarios.
Con ese apoyo excepcional, Jarol Rolando Perdomo Sarmiento, responsable de llaves y supervisión de celdas, nunca estuvo solo para defenderse del femicidio agravado, reveló el Comité ayer en la plaza La Merced.
Reveló, además, que el agente policial contó con los servicios de dos ex fiscales y tres abogados litigantes, y tuvo a un Tribunal de Sentencias complaciente en Siguatepeque, Comayagua.
Durante el proceso, los regateos llevaron al sistema judicial a cambiar la tipificación del delito a homicidio imprudencial, que facilitó la libertad del acusado en tiempo récord.
Así las cosas, siendo heredero de una dictadura implacable, el poder judicial ha confirmado tener aún en su seno una estructura operativa que hoy hace llorar a la familia Martínez, impotente frente a la impunidad.
Siempre en su plantón de ayer, el Cofadeh anunció que recurrirá a la última instancia posible, la Casación. Con ella pedirá la anulación de la sentencia para recomenzar el proceso de investigación hacia nuevos indicios y nuevos actores, posibles miembros de la estructura de crimen organizado local conocidos de la policía, que rodeaban a la víctima la noche de la tragedia.
En resumen, este recuerdo doliente de Carlos víctima del golpismo es el mismo de doña Austraberta, que veló a su hija el 2 de marzo de 2016 reclamando justicia, y es la exigencia de la familia Martínez desde 2021. Pero esto no debe ser más el llanto callado de ninguna familia víctima de la dictadura que se juzga en Nueva York. ¡No lo permitamos, exijamos justicia! Buenas noches.
