La divulgación esta semana de la lista Engel, en micro-dosis mediáticas programadas para agregarle sensacionalismo, es el nuevo elemento injerencista de la política exterior de Estados Unidos, que luce controlada por militares y corporaciones económicas.
El primer elemento de este nuevo timing político estadounidense en Honduras fue lanzado en enero 2022 por la USAID anunciando su reapertura con más de mil millones de dólares para atacar las causas de la emigración masiva. Esa agencia había bajado su perfil en el país tras el golpe en 2009.
El anuncio de reapertura fue hecho justamente unos días después del triunfo de Xiomara Castro, en medio de un ambiente desafiado por la transición del crimen organizado post-golpista a la democracia social, de la dictadura autoritaria a la reconciliación nacional.
“Es una sólida estrategia de largo plazo para encontrar enfoques audaces e innovadores que amplíen la esperanza y las oportunidades para todos los hondureños”, dijo en enero esa agencia que ha sido corrida de varios países de América Latina por ir más allá del ámbito del desarrollo económico.
Citado por la BBC el profesor George Ciccarielo de la Universidad Drexel en Filadelfia explica que la Usaid, igual que la Fundación Nacional para la Democracia y el Instituto Republicano Internacional, proveen una especie de cubierta al Departamento de Estado para financiar directamente actividades perturbadoras de la oposición política y de sus organizaciones sociales vinculadas.
Eso que dice el profesor Ciccariello ha ocurrido en Venezuela, Cuba, Bolivia, Colombia, Perú, México, El Salvador, Nicaragua y aquí en Honduras, donde la familia Cáceres señaló la presencia beligerante de la USAID en 2015 en los territorios de DESA donde se planificó el asesinato de Berta Cáceres.
El regreso pomposo a Honduras en 2022, reconstruyendo escuelas y llamando a niños y jóvenes a inscribirse, calzó con los preparativos de la toma de posesión de “los golpeados” el 27 de enero tras 12 años activos de narcotráfico hacia Estados Unidos.
El segundo elemento de este timing político estadounidense fue la asistencia de la vicepresidenta Kamala Harris al estadio “Chelato Uclés” con un mensaje al oído de Xiomara Castro. Vamos a llevarnos finalmente a Juan Orlando Hernández, porque ese señor perturba la gobernabilidad de Honduras. En el día del amor lo cazaron y en la primavera de abril se lo llevaron.
Después de Harris se sucedieron varias visitas de las instituciones estadounidenses que precisamente dirigieron el violento golpe de Estado de 2009, particularmente el departamento de Asuntos Hemisféricos y el Comando Sur. La generala Laura Richardson ha visitado el despacho de Xiomara al menos dos veces en cuatro meses.
En abril de 2022, después de varios años de golpismo durante los cuales la embajada en Tegucigalpa estuvo dirigida sólo por gente de negocios y de inteligencia como Heide Fulton, Estados Unidos envió finalmente a la señora Laura Dogu como embajadora, para ponerle fin a la simulación de estar ausentes en el río revuelto. Llegó una semana antes del vuelo de Joh.
Hasta esa fecha, los mensajes pasados por Harris, Nichols, Richardson y la señora Power de la USAID no habían sido públicos, pero la señora Dogu pasó a la ofensiva mediática con un primer tapazo contra la reforma energética. “Nos preocupa el efecto que esa reforma tendrá sobre la inversión extranjera y la independencia de la agencia reguladora», dijo la señora recién llegada.
En ese momento, la Presidenta Castro ordenó a su canciller responder oficialmente de Estado a Estado. “Sra Embajadora, Ud. ha sido recibida en Honduras con los brazos abiertos. La reforma energética es urgente para el Estado, porque combate una situación heredada de corrupción y pobreza. Nos preocupa su desacertada opinión sobre política interna, la que no contribuye a las buenas relaciones con EEUU”. Bum!
Enseguida, la embajadora se dedicó a postear en Twitter mensajes sobre las deliciosas baleadas catrachas, las bellezas naturales y la gentileza de nuestro pueblo, pero privadamente empezó a convertirse en un espacio de confluencia de los enemigos del nuevo gobierno, de los sectores beneficiados por la dictadura de corrupción y narcotráfico que dirigía JOH.
En algunas de las fotografías, con la embajadora Dogu aparecen un banquero acusado de lavar dinero de criminales narcotraficantes, una vendedora de autos acusada de incitar públicamente el asesinato de Berta Cáceres desde el Cohep, y un dirigente político pro-gringo aliado de la bancada del partido nacional que antes cuestionaba por corrupta y criminal.
No es la primera vez en Centroamérica que la actual embajadora de la Casa Blanca en Tegucigalpa entra en choque injerencista directo con un gobierno electo en democracia. En Nicaragua, Dogu es conocida por implicarse en el contexto de agitación social contra el gobierno sandinista.
En su biografía oficial se lee que ella fue Embajadora en Nicaragua de 2015 a 2018, citamos, “responsable de la relación bilateral durante una época de violentos disturbios cívicos». Anteriormente, se desempeñó como ministra consejera en la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México, donde manejó las diferentes facetas de la compleja relación entre ambos países. Laura Dogu es formada en el seno de las fuerzas armadas de Estados Unidos con visión empresarial, un perfil que podría parecer el de la teniente Fulton.
En Voces contra el Olvido nos importa ser vigilantes de este proceso de injerencia de la embajada estadounidense, porque el pueblo de Honduras ha sufrido demasiado por ese comportamiento supremacista, racista y violento. Desde la imposición en 1980 de miles de mercenarios contrarrevolucionarios que torturaron, desaparecieron y asesinaron centroamericanos en Honduras, con escuadrones de la muerte entrenados por la CIA, hasta el momento actual cuando se busca socavar al nuevo gobierno.
No es ni amistosa ni políticamente seria esa relación que está llevando el gobierno de Estados Unidos con Honduras. Al contrario, huele a operaciones encubiertas.
El más reciente de los eventos injerencistas, manipulado antes y después de la aprobación de la reforma a la ley de la junta nominadora de magistrados, es la difusión de la llamada Lista Engel.
La lista incluye a los actuales vicepresidentes del Congreso Nacional — Rassel Tomé y Edgardo Casaña – y al ex ministro de la presidencia Enrique Flores Lanza, obedeciendo a un timming bien calculado que inyecta oxígeno a los sectores que fueron cómplices directos de Estados Unidos en la comisión del golpe de Estado en 2009, y en la instalación de la dictadura de redes de corrupción y narcotráfico.
Frente a ese ataque, el gobierno de Honduras ha reaccionado en dos sentidos dirigiéndose al Departamento de Estado, que integra la señora Dogu. Primero, la intención de esa lista, y segundo, las omisiones de la lista.
“El propósito de la Lista Engel 2022 es validar el crimen del golpe de Estado de 2009 que impuso una narco-dictadura que persigue implacablemente a compañeros que siguen pagando un alto costo por defender nuestra democracia”. Eso responde el gobierno en defensa de Rassel, Edgardo y Kike.
“La intención de la Casa Blanca es la manipulación de los hechos con propósitos políticos”, eso se interpreta claramente en la respuesta oficial de Casa Presidencial, porque Estados Unidos organizó el golpe militar e instaló una dictadura de crimen organizado en 2009, protegiendo todo el tiempo al jefe de aquella jugada criminal, quien nunca fue incluido en esa lista. “Hasta unas horas antes del fin de su mandato el ex dictador fue acusado de narcotráfico” y llevado a Nueva York.
Además, “la lista Engel es un documento motivado políticamente, e injerencista, que viola el principio de no intervención y el derecho de autodeterminación del pueblo”. Así lo remarca la cancillería en su primera respuesta sobre ese tema.
La historia registra que fueron los demócratas Barack Obama y Hillary Clinton los gerentes del crimen del golpe de Estado contra el pueblo hondureño, sin embargo, ellos se resistieron hasta nuestros días a llamar golpe al golpe, así como hoy se resisten a enjuiciar a Donald Trump por incitar el golpe del 6 de enero de 2021 en Washington. Ellos, demócratas y republicanos, dieron luz verde a los carteles hondureños para traficar drogas, armas, personas, dinero e influencias, cuyos efectos nefastos sufrimos hasta nuestros días.
Entonces, el cuestionamiento público, además de utilizar la lista Engel para atacar gobiernos populares y animar a sus opositores criminales, es que Estados Unidos ignora la corrupción del gobierno del Mitch y el estiércol de los 12 años del golpismo narco, y su propia responsabilidad en esos hechos.
En consecuencia, la segunda respuesta de la cancillería a la Casa Blanca, llegó con una propuesta exactamente digna y esperada. “Falta una lista Berta Cáceres, que incluya a los que respaldaron desde otros países el acto corrupto de un golpe de Estado, 2 fraudes electorales, que mantuvieron en el poder una narco-dictadura corrupta por 12 años que abusó de la justicia, la politizó e hizo sufrir al pueblo”. Esa es una alusión directa a la Unión Europea, al grupo de Lima, a Canadá y Estados Unidos. Bum!
Estos últimos eventos injerencistas han ocurrido justamente mientras se discutía y aprobaba en el Congreso el nuevo procedimiento jurídico para elegir 45 nombres a magistraturas de la Corte Suprema, un proceso que debe concluir en enero del próximo año.
El objetivo era golpear moral y políticamente ese momento, para abrir espacio a la jauría mediática que está atenta de todas las oportunidades para continuar disparando en ráfaga al nuevo gobierno, que ha dejado de pagarles más de 1,500 millones de lempiras en contratos publicitarios en estos primeros seis meses del año.
En medio del desparpajo, el cuadro no podía ser más cínico con lo ocurrido un día después de la aprobación de la ley reformada. La USAID llegó al Congreso Nacional a ofrecerle al presidente Luis Redondo todo el financiamiento que necesite la Junta para cubrir el proceso de selección de candidaturas. Las imágenes son públicas.
En lugar de irse directamente hacia sus socios políticos del Cohep, el Conadeh, las universidades, la sumisa sociedad civil y la Corte, que van a empezar a mover sus agendas en ese proceso, la agencia se fue hacia el Congreso para tener supuestamente una cobertura institucional. Eso no está bien.
En nuestro criterio, es una obligación ética denunciar los procesos mediante los cuales una instancia del ejecutivo estadounidense ataca políticamente a miembros del partido de gobierno y, por otro lado, su agencia financiera entra como salvadora ofreciendo financiamiento. Eso no es admisible. Es un juego peligroso que el pueblo está observando, porque ya lo sufrimos antes. El siniestro ex embajador Negroponte promovía la democracia mientras armaba mercenarios para matar usando dinero de narcos en compra de armas.
Desde nuestra experiencia de víctimas de las relaciones Estados Unidos-Honduras estamos en la obligación de decirle a la embajadora que no juegue con fuego.
En el contexto hondureño, sin las cartas sobre la mesa, lo que puede ocurrir es lo contrario de lo que buscan y que, en sinceridad, nosotras no deseamos. Más emigración masiva hacia Estados Unidos, más descontento popular, y más confrontación.
Además, la conciencia crítica del país puede recomenzar a exigir la expulsión de las bases militares estadounidenses de nuestro territorio, asumir la embajada como una nueva estación de protestas públicas, demandar el cierre del financiamiento a ONGs y medios informativos de sabotaje, y parar de agitar rumores y líneas de manipulación desde Viera.
Queremos que le permitan al pueblo de Honduras llevar en paz la transición de una dictadura criminal a un modelo de convivencia social sin violencia, con alimentos, educación y salud. Con reconciliación nacional. Con amnistía. Con justicia.
Este fin de mes, las fuerzas sociales de Honduras vamos a reunirnos para analizar los nuevos escenarios que están en curso, y los que el pueblo puede contribuir a formar. En lo posible, les mantendremos informados de ello. Buenas noches!
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 23 de julio de 2022
