Santa Elena, La Paz.
El despojo de sus territorios, la criminalización por la recuperación de tierras y el asesinato en hechos no establecidos, es el mayor problema que viven las comunidades indígenas del departamento de La Paz.
Desde hace varios años el pueblo lenca del departamento de La Paz viene luchando en la recuperación de tierra, ya que esta constituyen la base de su sustento económico, y su oposición a la construcción de represas hidroeléctricas y a la extracción minera, porque con estas actividades los están despojando de sus tierras y territorios.
En un informe publicado a inicio de este año por la organización internacional Global Witness, titulado “Honduras: El lugar más peligroso para defender el planeta”, documentan los estremecedores niveles de violencia e intimidación que sufren las comunidades por oponerse a la imposición de presas, minas, proyectos controlados por élites ricas y poderosas, entre las que se encuentran miembros de la clase política.
En este departamento hay dos polémicos proyecto hidroeléctrico denominado Los Encinos y La Aurora, que supuestamente los administradores de los mismo es el esposo de una de las vicepresidenta del actual Congreso Nacional.
Uno de estos proyectos está ubicado en el municipio de Santa Elena, en la zona fronteriza con El Salvador, donde sus habitantes tienen una férrea lucha para evitar que el mismo se construya, lo que ha llevado consigo amenazas, persecución, criminalización y asesinatos en circunstancias aún no establecidas por las autoridades de investigación.
“Nos encontramos con grandes dificultades sabiendo que el señor alcalde, con todos sus aliados, pretende construir un proyecto hidroeléctrico y gracias a Dios nosotros no hemos dejado que lo instalen porque el territorio es de nosotros como Lenca”, expresó a defensoresenlinea.com Roberto Gómez Benítez, presidente del Consejo Indígena Santiago Apóstol de Santa Elena, La Paz.
Indicó que desde el 2010 el proyecto está en gestión y que ellos se mantienen trabajando en el territorio para evitar que se construya la represa hidroeléctrica en ese sector.
El Consejo Indígena Santiago Apóstol está conformada por 15 familias que están en la defensa de unas 600 manzanas de tierra, zona donde se pretende construir la hidroeléctrica.
En el 2014 se dio un violento desalojo contra este Consejo Indígena, donde participaron varios elementos policiales y unos 30 civiles, quienes andaban fuertemente armados.
Destruyeron todo y dejaron prácticamente en la calle a las 15 familias que cultivan esas 600 manzanas de tierra y unas veinte personas fueron procesadas, las que acuden a los juzgados a firmar una vez por mes.
El líder lenca también señaló que “los indígenas estamos expuesto a cualquier cosa”, y que pese a todos los obstáculos que se enfrentan, la lucha por sus territorios no cesará.
La zona donde se ubica el consejo es dificultoso para su llegada, lo que obligó a las autoridades policiales poner gente a vigilar a los líderes para que les avisaran cuando estos salieran a visitar a sus familiares a otras comunidades y fue así que pudieron capturar y luego enjuiciar a veinte personas quienes se encuentran con medidas sustitutivas a la prisión, acudiendo una vez al mes a firmar a los Juzgados de Santa Elena.
Las amenazas, la persecución y la criminalización no ha influido para que los miembros del Consejo Indígena Santiago Apóstol sigan luchando en la tierra y trabajándola y gracias a esa perseverancia “hoy cultivamos la comida, aunque no tenemos la gran cosa en la tierra, pero por lo menos cultivamos maíz, frijoles y ahí estamos en la tierra”, sostuvo Roberto Gómez Benítez.
