Tocoa, Colón.- El líder comunitario y defensor de los bienes comunes, Leonel George, señaló que la impunidad impera en el país cuando se trata de familias campesinas, en referencia a los diez años que cumplió la masacre de El Tumbador, donde no se ha hecho justicia contra los guardias que asesinaron a campesinos que estaban en proceso de recuperación de tierra en el municipio de Trujillo departamento de Colón.
El 15 de noviembre de 2010 varios campesinos salieron a trabajar en la finca conocida como El Tumbador, ubicada en la comunidad Guadalupe Carney, en Trujillo, cuando fueron emboscados por guardias de seguridad de la empresa Dinant del empresario Miguel Facussé, dejando como saldo a cinco de ellos asesinados y varios heridos.
Las víctimas mortales fueron Raúl Castillo, Ignacio Reyes, Teodoro Acosta, Ciriaco Cárcamo y José Luis Salcedo Pastrana.
Para George, que también es integrante de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) y comunicador social, la masacre de El Tumbador es uno de los casos que ha estado en la impunidad y donde la justicia en Honduras no le ha dado el tratamiento y la investigación correspondiente, aun conociéndose a los autores de esos asesinatos.
“Han sido diez años de sufrimiento e impunidad, donde ha quedado demostrado que la justicia en Honduras se parcializa con los poderosos, con los terratenientes, principalmente en este caso donde está vinculado la Corporación Dinant y la familia Facussé”, indicó George.
El defensor de los derechos humanos denunció que el Ministerio Público cuando se trata de estos casos no realiza ninguna acción, pero es distinto cuando el empresario acusa, aún sin motivos, los campesinos son capturados y llevados de manera ilegal y arbitraria a los procesos judiciales y a la prisión.
“Es lamentable que lejos de reconocer y garantizar el derecho de las familias, más bien se les criminaliza y se les persigue”, cuestionó líder comunitario y defensor de los bienes comunes.
Son diez años de impunidad por este crimen, donde las familias y las víctimas, junto a organizaciones de derechos humanos, han acudido a todas las instancias demandando castigo para los culpables, pero sus esfuerzos han sido en vano.
Al no encontrar justicia en el país, en el 2018 el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), la Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR) y Abogados Sin Fronteras Canadá (ASFC), llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Lamento que se tenga que acudir al ámbito internacional para que se haga justicia y que las familias puedan ser reparadas al quedar desprotegidas sin su jefe de hogar”, dijo George.
El líder comunitario recordó que existen informes que señalan que en Honduras existe el 95 por ciento de impunidad, misma que se da porque los autores son personas que están ligadas al poder económico, político y judicial.
“Se persigue cuando solo se quiere castigar al mismo pobre o casos que no tienen nada que ver con el poder económico, entonces han sido diez años de impunidad, diez años de lucha y exigencia de justicia, que como organizaciones seguiremos demandando juntos a las familias y víctimas”, finalizó diciendo el defensor de los bienes comunes.
