El Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos en Honduras, COFADEH, en su plantón del mes de agosto 2017, informa.
Los delegados del golpismo hondureño que comparecieron a inicios de julio pasado ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para ser examinados por segunda vez en materia de derechos humanos, mintieron y además llegaron en retardo: cinco años después.
No fueron felicitados por nadie ni calificados con notas de excelencia por fomentar la impunidad, perseguir la libertad de expresión, criminalizar la defensa de los derechos humanos, promover la reelección ilegal y discriminar a mujeres, indígenas, garífunas, diversidades sexuales, ni han sido premiados por aprobar leyes retrógradas.
Mienten. Los funcionarios de la Marca País mintieron a la entrada y a la salida, pues el 24 de julio el Comité aprobó las observaciones finales sobre el examen a Honduras y las publicó el día 27 de julio en la voz del propio Secretario General Adjunto de la ONU para los Derechos Humanos, Andrew Gilmour, quien vino personalmente a Tegucigalpa. Ahí se lee otra cosa.
Las observaciones revelan preocupación en cada uno de los temas, particularmente dicen que los electores enfrentan en 4 meses la imposición de una reelección presidencial ilegal, y una serie de amenazas similares a las del proceso 2013. Y en ese contexto, las personas defensoras de derechos humanos corremos alto peligro.
Es verdad que la ONU ve con beneplácito algunas acciones formales como la aprobación de la Ley de Defensores, el decreto de creación de la MACCIH, la apertura de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y otras similares. Pero el cuerpo del informe es un tapaboca de los mentirosos oficiales, una forma sencilla de entender por qué la inversión extranjera seria no llegó todavía al país.
En forma directa, la máxima organización mundial de Estados Parte pide a Honduras “respetar el criterio de elegibilidad establecido en la Constitución, en particular el de la limitación del mandato presidencial. Es decir, detener al señor Juan Orlando Hernández y a su grupo que atropellan el Contrato Social de 1982.
El examen de Naciones Unidas recuerda que en 2013 hubo deficiencias en la actualización del censo electoral, falta de transparencia en la financiación de la campaña, compra de votos, y la posibilidad de un fraude en la transmisión de las actas electorales al Tribunal Supremo Electoral. Y esas condiciones siguen intactas para noviembre próximo.
De modo enfático, en este punto, “el Comité expresa su preocupación por el hecho de que a pesar del límite del mandato presidencial establecido en la Constitución el titular del cargo se presente a la reelección” en 2017. Y cita los artículos 6 y 25 de la violentada Carta Magna.
El informe señala la degradación del estatal Comisionado de Derechos Humanos, que fue bajado a categoría B por la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, por la forma opaca como fue impuesto en el cargo su titular el abogado Roberto Herrera Cáceres, miembro del Partido Nacional.
Destaca el inconcluso proceso de depuración de la Policía Nacional, sumida en la corrupción estatal y la colusión con los carteles del crimen organizado, una situación que ha causado sistemáticas violaciones a los derechos humanos en el país.
La militarización de la seguridad pública y la insuficiente regulación y control sobre las empresas de seguridad privadas, y el aumento de la criminalización y descalificación de defensores de derechos humanos, además del uso indiscriminado de la ley de intervención de comunicaciones privadas. Todo lo dice el texto.
También destaca la drástica disminución, casi la ausencia total, de indígenas, garífunas y mujeres en los espacios de toma de decisión y la aplicación de esa fórmula disfuncional de la paridad por el Tribunal Electoral.
“El Comité está preocupado por la limitada participación de la mujer en la vida política y pública, dice el informe, y en particular por el Reglamento de Aplicación del Principio de Paridad y del Mecanismo de Alternancia en la Participación Política de Mujeres y Hombres en los Procesos Electorales, el cual no garantiza la alternancia efectiva en los cargos de elección”.
No quedaron por fuera las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de 2011 sobre las violaciones que tuvieron lugar durante el golpe de 2009, que están todavía pendientes de pleno cumplimiento, así como los obstáculos que se interponen en la investigación y enjuiciamiento de los presuntos violadores de derechos humanos en aquella tragedia.
El Comité de Naciones Unidas sobre los derechos humanos está preocupado por el alto número de desplazados internos debido a la situación de violencia en Honduras; y en particular por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las familias con niñas y niños, menores migrantes no acompañados.
Y sigue la lista para silenciar a los portavoces de la Marca País, promotores de la democracia en Venezuela y farsantes de la Honduras cambiante.
Lamentablemente, las recomendaciones de la ONU en cada situación no serán acatadas por ninguno de los actores del golpismo que controlan las instituciones públicas, a esos que se insiste en llamar funcionarios de gobierno, porque en realidad esos son los mismos operadores de la impunidad y la violencia.
La única posibilidad de las recomendaciones es que las propias organizaciones multilaterales de intervención en Honduras – la OEA y la ONU – las ejecuten dentro y fuera de la jurisdicción nacional, porque no pueden ser responsabilidad de una ciudadanía empobrecida, arrinconada por los violentos, asaltantes de las instituciones.
Esperamos que esta emergencia sea entendida de una vez, aunque los intereses geoestratégicos actuales parezcan ir orientados por el Pentágono hacia un incremento de las violencias policiales, militares y paramilitares en la región.
De los hechos y de los hechores, ni olvido ni perdón
4 de agosto 2017
COFADEH
