Por Jerónimo Día I SubVersiones
La página digital «Subversión» publica en la presente nota que Guatemala aparece como el país más peligroso para los defensores del agua, la vida y el territorio, con 13 opositores a proyectos hidroeléctrico asesinados. En segundo lugar, Honduras, y en tercer lugar viene México con los 8 asesinatos. Le siguen Colombia con 7 casos identificados y Panamá con 4.
El ejercicio de mapeo contribuye a visibilizar la violencia con la que se imponen los megaproyectos en la región, específicamente las grandes presas hidroeléctricas, casi siempre a costa de los pueblos y los territorios indígenas de Mesoamérica, destaca la nota periodística. A continuación el contenido de esta información:
Minutos después de que publicamos esta nota, recibimos la noticia del asesinato de Nelson García, miembro del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Los mensajeros de la muerte dejan a cinco niños sin su padre, un punto más en un mapa obsoleto al momento de su publicación.
El 3 de marzo fue asesinada la luchadora social hondureña Berta Cáceres por oponerse al megaproyecto hidroeléctrico de Agua Zarca que pretende imponer la empresa Sinohydro Corporation, de capital chino, sobre las aguas del río Gualcarque, custodiadas desde hace siglos por los indígenas Lenca. En el ataque también fue herido el mexicano Gustavo Castro, cuya retención en territorio hondureño, en calidad de testigo protegido, ha suscitado indignación y temor por parte de las redes y movimientos en las que el participa el coordinador de Otros Mundos Chiapas.
Y es que las amenazas que pesan sobre las y los defensores del agua y la vida en Centroamérica no son menores.
El mapa publicado en el marco del Día Mundial de Acción en Defensa de los Ríos, el 14 de marzo, por el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), al que pertenece Gustavo, da muestra de la actividad sistemática de los mensajeros de la muerte –sicarios, policías y militares– cuando se trata de imponer proyectos hidroeléctricos en un país como Honduras.
Con el asesinato de Santos Alberto Domínguez Benítes, en mayo de 2012, se desató una ola de violencia contra miembros y simpatizantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), en el que militaba Berta Cáceres. Según el comunicado de la organización, el joven de 24 años había participado «con mucha energía y valentía» en múltiples luchas del COPINH y fue muerto a manos de miembros la Policía Nacional asignados al municipio de San Isidro del departamento de Intibucá. Un año más tarde, en esta misma región, Tomás García fue asesinado por el ejército cuando se dirigía a un bloqueo contra la presa de Agua Zarca. Además de los actos de hostigamiento e intimidación, vinieron los asesinatos de Irene Meza y Moisés Durón Sánchez, William Jacobo Rodríguez y Maycol Ariel Rodríguez Gracía, de 15 años, por defender al sagrado río. En 2015 fue asesinado Juan Francisco Martínez, quien se oponía a la hidroeléctrica Los Encinos sobre el río Chinacla. Su comunidad ha seguido siendo objeto de ataques y amenazas.
En el mapa aparece el nombre de Justo Soto, quien fue abatido por sicarios el 21 de enero de 2014. El integrante de la Coordinadora Indígena del Poder Popular de Honduras (CINPH) llevaba años luchando contra la presa binacional El Tigre, proyectada sobre el río Goascorán, fronterizo con El Salvador. Soto también se había involucrado en la defensa de la comunidad de Las Minitas, amenazada por la industria hidroeléctrica. Tres semanas después de su asesinato, el 16 de febrero, fue ultimado el coordinador del Consejo Indígena Las Minitas, Pedro Pérez.
Llama la atención que la violencia contra opositores a los proyectos hidroeléctricos, en su mayoría indígenas Lenca, se ha agudizado desde 2009, año en que el gobierno de facto aprobó la Ley General de Aguas que otorga concesiones sobre los recursos hídricos. El gobierno instalado tras el golpe de Estado también emitió el decreto 233 que deroga los decretos anteriores que prohibían proyectos hidroeléctricos en áreas naturales protegidas. Entonces ¿puede el Estado hondureño garantizar la seguridad de los activistas ecologistas, o es más bien cómplice de los atropellos?
Proyecto Mesoamérica
La escala elegida por Geocomunes, el colectivo que se encargó de elaborar el mapa, no deja nada al azar. Al incluir a México, Centroamérica y Colombia, los cartógrafos cubrieron el área correspondiente al Proyecto Mesoamérica que, según reza el recuadro del mapa, fue lanzado en 2008 con el objetivo aumentar la capacidad productiva de la región.
De acuerdo con la información recabada por Bruno Acevedo, de la maestría en geografía de la UNAM, en Centroamérica las plantas hidroeléctricas generaron 12,877 megavatios en 2013, lo equivalente al 47.3% de toda la energía eléctrica producida ese año. En México más de 70% de la energía proviene de combustibles fósiles, aún así lo que se genera con la fuerza de los ríos es cercano a los 12 mil megavatios anuales. Lo central aquí es que, según el tesista, el potencial hidroeléctrico de la región excede por mucho la capacidad productiva instalada. En entrevista para SubVersiones, asegura que «en los países centroamericanos y el sureste mexicano se pueden producir 100 mil megavatios anualmente, lo cual explica la planeación y ejecución de numerosos proyectos hidroeléctricos y su articulación mediante el Sistema de Integración Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC)».
Para Acevedo no cabe duda: el SIEPAC se inserta en lo que antes se denominaba Plan Puebla Panamá (PPP) y que hoy se conoce como el Proyecto Mesoamérica. El objetivo de la iniciativa intergubernamental es integrar la red eléctrica desde el sureste mexicano hasta Panamá para impulsar la producción agropecuaria, industrial, el turismo y la urbanización. El autor de la tesis que llevará por título Las bases económicas y políticas del nuevo imperialismo en Centroamérica asevera:
«La instalación de numerosas centrales hidroeléctricas y la articulación del sistema eléctrico están ocasionando cambios en la dinámica territorial que fortalecen a las actividades productivas caracterizadas por la internacionalización de las ganancias y la nacionalización de los conflictos»
Es precisamente la «nacionalización de los conflictos» lo que vemos en el mapa, en el que Guatemala aparece como el país más peligroso para los defensores del agua, la vida y el territorio, con 13 opositores a proyectos hidroeléctrico asesinados. En segundo lugar, Honduras, y en tercer lugar viene México con los 8 asesinatos que han enlutado los encuentros del MAPDER. Le siguen Colombia con 7 casos identificados y Panamá con 4. Aunque la lista no es exhaustiva –Geocomunes señala en su cuenta de Facebook que «este material sigue en construcción» y pide «una disculpa por los posibles errores y olvidos»–, el ejercicio de mapeo contribuye a visibilizar la violencia con la que se imponen los megaproyectos en la región, específicamente las grandes presas hidroeléctricas, casi siempre a costa de los pueblos y los territorios indígenas de Mesoamérica.
