En octubre 2018 comenzaba la instalación del Campamento de Guapinol allá arriba de Tocoa, Colón, en las faldas de la montaña Carlos Escaleras. Era una idea colectiva de legítima defensa frente a Lenir Pérez, el heredero de Miguel Facussé, y Adán Funes, el extraño político de LIBRE que no escucha al pueblo más bravo del litoral atlántico hondureño. Se hizo una amalgama de organizaciones comunitarias, populares y eclesiales hasta formar el Comité Municipal para la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa. Y durante cinco meses sufrió de todo: desprestigio público, vigilancia, gases lacrimógenos, balas vivas, muertes y un juicio criminal perturbador.
En los primeros días de marzo 2019 los empresarios de maletín agrupados en el cartel denominado COHEP obligaron al pueblo de Tocoa a trasladar su Campamento de Guapinol a Tegucigalpa. Acusaron a nuevos liderazgos, más de 30, por delitos de crimen organizado basados en los puros disparates de la inteligente policía local. Y fue entonces cuando el mundo se nos vino encima a todos. La manipulación de fiscales del Ministerio Público y jueces nacionales quedaba al descubierto por parte de la dictadura miserable.
Con la llegada de Guapinol a la capital hondureña se encendieron las alarmas en todo el planeta. Era la víspera del tercer aniversario de la multiplicación de Berta Cáceres el 2 de marzo y los ojos de la conciencia internacional se clavaron sobre la Corte Suprema. Estalló la solidaridad y el acompañamiento. La ola creció para defender a una mujer y a más de 20 hombres valientes.
De pronto estábamos sobre el mismo guión de la criminalización que el COHEP había seguido en 2016 junto a las asociaciones ilícitas de los llamados coyotes renovables que asesinaron a Berta la madrugada del 2 de marzo en La Esperanza, Intibucá.
En la amemoria del país estaba fresco el antecedente de este problema de Guapinol, que es similar al de Pajuiles, Jilamito, Zacate Grande, Reitoca, Azacualpa Copán entre otros, donde la ciudadanía se ha declarado en estado de alerta ante la criminalización e imposición de proyectos mineros e hidroeléctricos.
Los grupos privados del crimen organizado que controlan el Congreso Nacional después del golpe de 2009 reformaron la legilsación ambiental para alterar las medidas de protección de parques y zonas protegidas, a fin de permitir a las bandas criminales “el derecho” de ahorcar el nacimiento de los ríos en las zonas altas de las montañas y escarvar sus entrañas para extraer las riquezas naturales.
Frente a los enormes desastres ambientales que producen el discurso de la energía renovable y la minería ecológica es falso, ridículo, perverso y, por tanto, rechazable siempre. No existen inversionistas con ese perfil en el país. Lo que realmente existen son empresitas ligadas a grupos mafiosos, con sicarios y militares nefastos que matan para enriquecerse ilícitamente.
En medio de esta tremenda trama jurídica, esencialmente política, que en el caso de Guapinol amenazaba con sumar una treintena de nuevos prisioneros por razones políticas en Honduras, un grupo de ex fiscales extraordinarios, abogados y abogadas jóvenes, de mente y corazón no capitalista, en plena ebullición de dignidad, se juntaron para enfrentar con hermenéutica y oratoria jurídica, con evidencia testimonial, la perversa estrategia de los represadores del paaís. Y los vencieron en buena lid. Obtuvieron el sobreseimiento definitivo de las personas acusadas, que no eran sus clientes sino sus amigos, sus compañeras, sus hermanos.
De este modo “La Banda de la Aldea de Guapinol” demostró al Ministerio Público que la asociación ilícita debe buscarse en otro lado, lejos del valle, la montaña y la cordillera, donde nadie quiere a Lenir Pérez y a su gente, y donde el Ministerio Público debe parar sus requerimientos fiscales basados en el derecho penal del enemigo, que considera a las comunidades defensoras de los territorios y el agua como provocadores de caos.
La noche del 6 de marzo la gente linchada judicialmente en Ceiba y Tegucigalpa regresó vencedora a la montaña. Los guapinoles regresaron con sobreseimiento definitivo en mano. Libres, y por eso allá hubo alegría, canto, fiesta, esperanza. Y promesas de continuar la lucha. Ahora las miradas apuntan al alcalde Adán Funes, porque así como en San Antonio, Atima y otros municipios de Santa Bárbara, el pueblo ha decidido en cabildos abiertos que no quieren en sus territorios a los delincuentes minero-represadores, Tocoa tampoco.
Y alrededor de estos propósitos han llegado también cuatro enormes noticias en las últimas horas. La primera es la investigación de la MACCIH sobre las concesiones, todas viciadas, todas irregulares, empezando por la concesión municipal a DESA sobre el río Gualcarque. La segunda noticia es la introducción al Congreso del proyecto de ley Berta Cáceres para anular las concesiones otorgadas sobre todos los territorios indígenas y todas las concesiones irregulares, una iniciativa de la diputada Olivia Cácares, la hija mayor de Berta. La tercera noticia es el peso real de la solidaridad internacional y nacional que se junta en este caso, alrededor de la memoria de Berta, alrededor de la alegría que nadie ha podido robar al pueblo resistente de Honduras. Y la cuarta noticia es que Guapinol ha nacido como un símbolo de victoria que vamos a convertirlo en prédica nacional, en ejemplo para cada territorio donde la gente defiende su presente y su futuro.
Este optimismo, sin embargo, no nos impide ver con atención lo que Radio Progreso publicó esta semana.
“Los ambientalistas de Guapinol siguen siendo víctimas de represión, indefensión y estigma por parte del Estado. El conflicto en Colón por la instalación de la minera Inversiones Los Pinares de Lenir Pérez y Ana Facussé ha provocado la muerte de seis personas según las comunidades y el desplazamiento forzado de líderes que tuvieron que salir huyendo de sus casas por amenazas a muerte. Y esto debe terminar.
Es necesario rescatar nuestras instituciones públicas de quienes las usan para perseguir a quienes queremos un país justo y compartido, y no para proteger a los verdaderos criminales de este país”.
Así sea!
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 9 de marzo 2019
