Choluteca, Choluteca.
Por Sandra Rodríguez
Una campaña de desprestigio e intimidación ataca a los y las estudiantes del Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico (CURLP), que desde hace dos semanas están en protesta social por la defensa de la educación de calidad, y para ello exigen un diálogo abierto.
El CURL, ubicado en la ciudad de Choluteca, al sur del país, forma profesionales desde hace 20 años, actualmente es dirigido por Alina Molina, quien ayer en medio de una -acalorada- discusión, expresó a los manifestantes “ustedes querían el centro, el centro se les entregó”, abordó un vehículo institucional y se fue, junto a otros empleados, según un video compartido por los estudiantes.
Integrantes del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU-CURLP) han manifestado su indignación por la forma violenta en que ingresaron las autoridades regionales, a manera de intimidación contra los y las defensoras exigen los derechos que se les han arrebatado.
Un estudiante, confirmó que no hay presencia de guardias de la Empresa de Seguridad Privada del Aguán (ESPA), que custodian el Centro Universitario de Choluteca, y que parte de la intimidación es que, lo que suceda en el recinto es responsabilidad del MEU, refiriéndose a posibles daños o pérdidas.
La protesta social es parte del derecho a la libertad de expresión, sin embargo, desde la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), que dirige Julieta Castellanos, se vigila, intimida y atenta contra la comunidad estudiantil, utilizando órganos represivos del Estado.
Por lo que, en un comunicado emitido este día, el MEU-CURLP, responsabiliza a Alina Molina, Rogelio Álvarez, Vilma Salinas, Cándido Flores, Bryan Bonilla y Rudy De Grandes, de cualquier daño a la integridad física de algún compañero.
Afirman que el Movimiento Estudiantil es beligentante y no es con requerimientos fiscales, ni con cárcel que los van a detener. Por lo que la lucha continúa exigiendo un alto a la criminalización, persecución, estigmatización por parte de las autoridades que quieren vetar el pensamiento crítico de los estudiantes que luchan por las mejoras del ese centro universitario.
En una entrevista dada a medios de comunicación, Julieta Castellanos expresó que el grupo que mantiene la toma, deje las instalaciones cuando quieran, así mismo no ha determinado si se procederá en contra de ellos, y confirmó el alargamiento del II periodo académico por tres semanas.
Cabe mencionar, que los jóvenes que lideran las tomas, en protesta por la criminalización de 30 compañeros y compañeras, mantienen cubierto el rostro, pero ayer se responsabilizó directamente a Darwin Sánchez, Marvin Padilla y Nahún Gutiérrez, por lo que procedieron a interponer una denuncia al Comisionado Nacional de los derechos Humanos (CONADEH), por dichas acusaciones.
En el marco de las protestas contra un paquete de normas académicas y democratización en los espacios de gobierno universitario y gobierno estudiantil, iniciados desde el año 2011 en la UNAH, ha habido represión no solo contra estudiantes, sino contra personal docente y administrativo en Choluteca.
Entre los casos emblemáticos sobre ataques a defensores de derechos humanos, es el crimen que contra el catedrático y presidente del Sindicato de Trabajadores de la UNAH (SITRAUNAH) seccional número 7, Héctor Martínez Motiño, ocurrido la noche del 17 de junio de 2015, tras concluir su jornada laboral en el CURLP.
Martínez Motiño, había denunciado ser víctima de unas 120 de audiencias de descargo y ante el hostigamiento continuo, fue beneficiario de Medidas Cautelares otorgadas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 19 de mayo de ese año. El 24 de mayo había denunciado amenazas a muerte. No pasó ni un mes, el gobierno no cumplió con la disposición internacional, y su crimen continúan en la impunidad.
Desde el año 2014, se procedió a la expulsión de 16 estudiantes en Tegucigalpa y San Pedro Sula, los que fueron restituidos por mandato de la Corte Suprema de Justicia a inicios del 2015. Ese mismo Poder, recientemente condenó a tres -ahora- egresados, que desde julio del 2015 tienen medidas sustitutivas a la prisión acusados de usurpación.
En el 2016, la UNAH señaló a 75 estudiantes como usurpadores, entre ellos seis de Choluteca, siendo sobreseídos por un acuerdo de homologación el 20 de julio. Misma fecha, pero del año 2004 que se lee en una placa del CURLP la frase “MIENTRAS EXISTAN HOMBRES QUE AMEN LA EDUCACIÓN NOS DAREMOS CUEBNTA QUE LAS ESPERANZAS NO ESTÁN PERDIDAS”.
Y en este año, hay 27 nuevos requerimientos fiscales, incluyendo a un periodista que daba cobertura a una toma el 24 de mayo, exigiendo la libertad definitiva de Moisés Cáceres, Sergio Ulloa y Cesario Padilla, quienes son criminalizados desde el 2014 con las expulsiones, 2015 y 2016 con acusaciones de usurpación y el 27 de julio les individualizaran la pena que oscila entre 2 y 5 años de prisión, según el Código Penal hondureño.
