Por: Sandra Rodríguez
Valle, Honduras.- Cerca de la 1:00 de la tarde, en el parque central de la ciudad de San Lorenzo, al sur del país, Abel Pérez, condenado por la defensa de la tierra y playas de la península de Zacate Grande, pidió acompañamiento para ir a firmar “el libro de registro de medidas sustitutivas a la prisión” en el Juzgado local.
En “La Ruta del Sur” se registra las ciudades más calurosas del país, con ríos, playas en el mar pacífico, además campesinos, campesinas y defensores criminalizados por oponerse a la privatización de los bienes comunes de la naturaleza.
En el 2015, Abel junto a otros vecinos de la comunidad de Playa Blanca, en la península de Zacate Grande, acondicionaron un terrenos que históricamente ha sido un camino de paso, para que sirviera de parqueo en las vacaciones de Semana Santa. En eso el terrateniente Jorge Luís Cassis Leiva, supuesto dueño de la tierra, lo acusó –junto a Santos Hernández y Tomás García- por usurpación, amenazas y daños.
En el 2016 Abel y Santos estuvieron en prisión por incumplimiento de medidas sustitutivas a la prisión, en ese entonces debía cruzar en lancha hasta la Isla de El Tigre, donde está el Juzgado de Amapala, cuya jueza los envió a la granja penal de Nacaome, departamento de Valle, por 101 días.
En el 2017 fueron condenados por los tres delitos, excepto Tomás García, quien tiene absolución definitiva, sin embargo su salud fue deteriorada.
Actualmente Abel, integrante de la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (REDEHSUR), es el presidente de junta directiva de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA), y como tal, sigue siendo criminalizado por su labor.
El encuentro fue en el parque central, al calor que rondaba los 33 grados centígrados, Abel solicitó a procuradoras de derechos humanos del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y a Marlon García, integrante de REDEHSUR, que lo acompañaran al juzgado a firmar este martes 24 de septiembre.
Mientras tantos, comentó que “vengo a firmar el libro de medidas sustitutivas, además no puedo salir del país sin autorización previa, no debo acercarme al predio en litigio ni al terrateniente Jorge Luis Cassis Leiva”.
Defensoresenlinea le preguntó ¿Por qué tiene que cumplir estas medidas? su respuesta fue “Supuestamente acusado de daños, usurpación y amenazas contra el terrateniente Jorge Luis Cassis”.
Para el defensor, poner su nombre en “ese libro” cada quince días implica un gasto económico y pérdida de tiempo “pierdo el día de trabajo y no se recupera, porque movilizarme desde la península de Zacate Grande implica gastos y no cuento con un empleo –dijo-, no tengo ninguna generación de ingresos –económicos-, el trabajo que hago en ADEPZA es voluntariado” aclaró.
¿Qué espera de todo este proceso? se le preguntó al salir del edificio judicial “para todos los criminalizados y criminalizadas esperamos justicia, y que se resuelvan los casos a favor de nosotros, porque si se resuelve en contra iríamos nuevamente presos a cumplir una condena”, afirmó, quien estuvo por más de tres meses en prisión, dejando a sus niños de 10 y 5 años al cuidado de su padre y madre (adultos mayores).
Sin embargo “esto de venir a firmar al juzgado de San Lorenzo me implica menos de gasto, porque ir al de Amapala es tomar otro transporte (lancha) y más gasto de dinero, mientras que para San Lorenzo sólo es agarrar un bus, y si ando más dinero tomo un taxi, sino toca caminar” explicó Abel.
Sin duda, sus recuerdo se fueron a aquel martes 17 de mayo del 2016, cuando en una revisión de medidas, solicitada por el abogado de Cassis, dos testigos afirmaron ver a Santos y Abel chapeando (limpiando) el predio, y al revisar el libro de firmas, hacían falta algunas, porque viajar a la Isla de El Tigre era un presupuesto individual de unos 300 lempiras, tomando en cuenta que deben comer algo, en contraste a que un jornal equivalía a 100 lempiras.
Ante la solicitud del equipo de defensa de Abel, Santos y Tomás, representados por abogadas del COFADEH y ADEPZA, la jueza determinó que fueran a firmar a San Lorenzo.
“Es más favorable venir aquí porque nos baja el costo, a veces solo te toca andar con el pasaje de ida y regreso, pero por cumplir una medida que se nos ha impuesto en el juzgado”, expresó Abel, mientras emprendió el camino a la isla por la que le han querido robar la libertad.
