Por Marpa.
Tegucigalpa.- Las organizaciones que integran La Vía Campesina exigieron hoy en conferencia de prensa, la inmediata derogación del decreto PCM52-2019 que contiene el Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras (C-10) que será manejado por las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) con un monto asignado de 4 mil millones de lempiras.
En un comunicado La Vía Campesina catalogó el decreto PCM52-2019 como violatorio de la Constitución de la República y de la Ley de Reforma Agraria.
Las organizaciones anunciaron que interpondrán recursos de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y ante organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
Esas son funciones que no le corresponden a las Fuerzas Armadas, esas funciones corresponden al Instituto Nacional Agrario (INA) o a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, entonces vamos a interponer recursos de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para enmendar este entuerto jurídico, anunció el director ejecutivo de la Vía Campesina, Rafael Alegría.
Alegría señaló que en esencia esos fondos no son para desarrollar el agro, “eso tiene un fin político y es fortalecer a las FFAA para que apuntalen al régimen de Juan Orlando Hernández”.
El dirigente alabó que otros sectores sociales y económicos han expresado su oposición al referido decreto y llamó a formar alianzas para hacerle frente al abuso de poder del régimen.
Consultado acerca de hacia dónde está llevando el régimen los destinos de la nación, Alegría respondió que “nos está llevando a una situación total de inseguridad por un lado y de ilegitimidad, porque ahora están terminando con la institucionalidad del sector agrícola y prácticamente lo que va a provocar este proyecto es miedo y terror en el campo, porque como decía una compañera; de las Fuerzas Armadas en el campo, hasta ahora sólo se tiene la experiencia del desalojo violento, de la persecución, del encarcelamiento y del asesinato ”, advirtió.
Por su parte el Secretario General de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), Franklin Almendáres, dijo no estar de acuerdo ante esta decisión, porque no son las FFAA las más indicadas para desarrollar el agro.
“Para la CNTC es una amenaza, es un peligro, es continuar con la violación de los derechos humanos; es como privatizar el agro, privatizar las comunidades. Nosotros estamos en contra, no hemos sido parte de este programa, lo desconocíamos y por lo tanto lo denunciamos y estamos dispuestos a hacer lucha permanente para que se derogue este PCM”, afirmó Almendáres.
El régimen nos quiere llevar a un sometimiento más de lo que ya nos tiene, ya atacó a la salud, tocó a la educación y le faltaba un sector fuerte como el campesinado, con esto es cerrar el círculo, y eso es sometimiento, es control del territorio.
“Con esta decisión para mí, se está pagando favores, el régimen quiere continuar contando con el respaldo de las Fuerzas Armadas para que se le proteja”, sostuvo el dirigente campesino.
La Coordinadora General del Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina, Jazmín López, expresó que el país es alimentado por los campesinos y campesinas, y que ahora es cuando, que tenemos que defender nuestros recursos, la tierra, el agro, nuestras semillas, porque eso significa defender la vida.
El régimen que sigue la línea del sistema neoliberal, lo que ha hecho es dividir a las comunidades, y al régimen le interesa contar con una parte de los campesinos que en el pasado apoyaron la Ley de Modernización Agrícola que despedazó al campesinado y que ahora los siguen utilizando para este plan.
“Llevamos años luchando para que se le otorguen préstamos a las mujeres campesinas, sin embargo las FFAA de la noche a la mañana, tuvieron una asignación presupuestaria; pero nosotras entendemos que también este gobierno necesita asegurar que las Fuerzas Armadas no le den un golpe de estado, y eso significa reafirmar y mantenerse en el poder económico, social y político de este país. Este es un régimen totalitario”, subrayó López.
“Llamamos a las fuerzas sociales y económicas, especialmente del sector del agro, a unir esfuerzos en la lucha contra el abuso de poder y por el rescate de la institucionalidad agrícola del país”, señala el comunicado distribuido a los medios de comunicación.
Las organizaciones exigieron al Congreso Nacional la aprobación inmediata de un “decreto de emergencia” para reactivar la producción agrícola que contemple el fortalecimiento de la institucionalidad agraria, al acceso a la tierra, al crédito y la asistencia técnica, en el marco de lo que manda la Constitución de la República en el capítulo II con el objetivo principal de combatir la pobreza y la desigualdad social.
