Tegucigalpa.- La Sala de lo Constitucional de La Corte Suprema de Justicia (CSJ) se declara incompetente para resolver amparo presentado por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), en el caso de Keyla Martínez, para que se mantenga la acusación de femicidio agravado para el policía de escala básica Jarol Rolando Perdomo, único acusado hasta el momento por el crimen de la joven enfermera.
El COFADEH, en dicho amparo solicita que se mantenga la medida que la jueza Lizen Naig le decretó en audiencia inicial, que es femicidio agravado, esto luego de que la defensa del imputado presentó recurso de apelación, misma que la Corte de Apelaciones de Comayagua declaró con lugar, y modificó el delito, recalificándolo como homicidio simple, y no como femicidio agravado, que según todas las pruebas presentadas durante el juicio señalan que lo que se cometió fue un femicidio agravado.
Es por eso que La Sala de lo Constitucional deniega el Amparo por que se declaran incompetentes, establecen que eso les corresponde a los órganos jurisdiccionales penales, según la abogada Karol Cárdenas del área de acceso a la Justicia del Cofadeh, quien señaló que “la Sala se abstienen de dar una resolución y lo dejan a criterio del Tribunal de Sentencias, estableciendo que se deben de tomar en cuenta el Protocolo de Minessota, el Protocolo de Estambul, el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Genero, en el cual supone un juzgamiento donde se debe de elegir una interpretación más favorable a la vigencia de los Derechos Humanos, en donde se debe de tomar en consideración la vulnerabilidad a las que han sido sometidas las mujeres en nuestro país”.
Ante esta respuesta de la Corte, la coordinadora General del COFADEH, Berta Oliva, señaló que “yo sí creo que hay que analizar muy bien la falta de compromiso que tiene la Corte Suprema de Justicia, al interponer el recurso ante la Sala de lo Constitucional es porque tiene competencia y debemos antes de desarrollar el tema, decir que no fue que se denegó el recurso, es que la Corte se lavó las manos para no asumir un compromiso que demanda la misma ley y dice que quien debe de pronunciarse al respecto es el juzgado de alzada, el tribunal que estaba conociendo la causa, que uno acude allí porque fue el juez en los juzgados que están conociendo la causa que modificaron la tipificación del delito”.
Es increíble la falta de seriedad con la que abordan la demanda de justicia en la Corte Suprema de Justicia, valga la redundancia señaló.
Para la coordinadora de COFADEH le resulta impresionante como los medios de comunicación han manejado la respuesta de la Sala de lo Constitucional.
“Es además impresionante como los medios han estado manejando que se denegó el recurso, es que lo que no hubo fue disposición de los magistrados que tuvieron a la vista el recurso o no se encontraron en capacidad de debatir y de rebatir más que debatir la argumentación con que iba el recurso, y por qué no se debía de cambiar la tipificación del mismo”.
“Lo que se ve es que hay una estrategia muy lineal de los poderes del Estado, en este caso de ese poder con el Ministerio Público y el Ministerio de Seguridad para proteger a los que han cometido semejante crimen, porque realmente de eso se trata, es un acto que cualquier persona sin tener mayor profundidad jurídica sobre el tema de femicidio o feminicidio, se sabe que la terminología jurídica y la terminología universal no le podían cambiar la tipificación”, añadió.
La reconocida defensora de DDHH expresó que Keyla desde el momento mismo que fue víctima de la detención y llevada a un centro de detención, estaba sometida bajo la tutela y custodia del Ministerio de Seguridad.
“Lo que sí está clarísimo es que usaron toda la fuerza y sometieron a la mujer por sí misma, pues no tenemos la misma fuerza bestial que tienen los que están entrenados para controlar una persona que son la gente del Ministerio de Seguridad”.
“Ella ya estaba sometida, y su obligación era cuidarla y la responsabilidad no solo es de uno, si no directamente del encargado de la posta policial de esa unidad y del que se supone que cometió el crimen, y porque el encargado de la posta debió haber asumido de entrada la responsabilidad de la atrocidad que allí se había vivido, si no que quisieron justificar a toda esa argumentación y todo lo demás, los conceptos jurídicos de los tratados internacionales que Honduras es suscriptor, estaban allí plasmados”, añadió.
“El Ministerio Público y el Ministerio de Seguridad, son una licuadora, trituran realmente y hacen entender a la población hondureña porque cuando dan a conocer y lo colocan mediáticamente que no fue admitido, que se denegó el recurso, están allí manipulando, están manipulando la verdad por que el recurso no fue denegado, no se pronunciaron como corresponde”.
En este caso y la falta de compromiso que mostró la sala para resolver dicho amparo, la histórica defensora de DDHH enfatizó que “yo no creo que no tengan capacidad, al final es la estrategia para favorecer a los criminales que sigue imperando en ese sistema de injusticia, que es la corte, que son los juzgados, que es el Ministerio Público y el Ministerio de Seguridad, son una licuadora, trituran realmente y hacen entender a la población hondureña porque cuando dan a conocer y lo colocan mediáticamente que no fue admitido, que se denegó el recurso, están allí manipulando, están manipulando la verdad”.
“El recurso no fue denegado, no se pronunciaron como corresponde, por eso es que se ha interpuesto el recurso de reposición hoy día y en la misma sala, en el mismo lugar, porque es allí quien deben de responder una decisión tomada de un órgano inferior al que acudimos como es la Corte Suprema de Justicia, esa es la realidad”, agregó.
¿Que se espera?
Ante esta pregunta, la coordinadora de COFADEH señaló que “vamos a esperar quizás los mismos resultados, ¿y por qué? porque allí los que están haciendo la defensa del violador de la vida de la privación de la libertad en el caso de Keyla, son gente que se ha especializado en el Ministerio Público, como es la abogada Danelia Ferreira, candidata a magistrada a La Corte Suprema de Justicia, en la actualidad, ella es una defensora de criminales que por su condición de dama, por su condición de mujer, por su condición de madre, ningún caso que se trate de no favorecer en términos de justicia, cuando una mujer ha sido asesinada, lo debería de aceptar y vemos que esas es su debilidad, porque también la hemos encontrado en otro tribunal en el sur del país defendiendo a los que se supone responsables de delito en contra de una mujer, de una campesina que hace tres años fue asesinada en el sur, entonces yo digo esa es una estrategia, también monstruosa que hay”, señaló.
“Nosotros no nos cansamos por un lado de buscar la verdad, por el otro lado de acercarnos a la verdad cuando la decimos, vamos a continuar hasta agotar lo que en ley corresponde”.
Cabe señalar que el COFADEH presentó el recurso de amparo el 1 de noviembre de 2022 contra la resolución en fecha 24 de agosto del año 2021, en el cual la Corte de Apelaciones de la Ciudad de Comayagua declaró con lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la defensa del policía de escala básica Jarol Rolando Perdomo, único hasta el momento acusado por el femicidio de Keyla Martínez, dentro de la celda de la posta policial de La Esperanza, Intibucá, recalificando el delito de femicidio agravado a Homicidio Simple.
El día 17 de octubre del año 2022 se dieron por las partes en el proceso, las conclusiones en las cuales el COFADEH, quien se constituyó como acusador privado, solicitó al Tribunal de Sentencias que se emitiera una sentencia condenatoria contra el agente Jarol Perdomo, y así mismo que instara al Ministerio Público a abrir un proceso de investigación, el cual culminará en un proceso penal contra los agentes policiales que se encontraban en turno, quienes no únicamente faltaron a sus deberes de los funcionarios públicos, en vista que no procedieron a detener al agente Perdomo, quien se encontraba infraganti, sino que también ayudaron a éste a modificar la escena del crimen.
Keyla Martínez fue detenida por agentes de la Unidad Departamental de Policía #10 (UNDEP #10) de La Esperanza, Intibucá, junto al médico Edgar José Velásquez, en el marco de la suspensión de garantías constitucionales por Decreto Ejecutivo PCM 012-2021, supuestamente para evitar la propagación del Covid-19, dejando al pueblo totalmente militarizado.
La noche del 6 de febrero de 2021, los profesionales de la salud fueron llevados a las celdas de la UDEP #10, Edgar fue liberado horas después, según declaración de la policía, pero Keyla fue ejecutada bajo custodia policial la madrugada del domingo 7 de febrero.
