Pespire, Choluteca.
Por Sandra Rodríguez
Con el objetivo de dar a conocer su labor, miembros de la Red de Defensores de Derechos Humanos del Sur del país (REDEHSUR), visitaron esta mañana diferentes entidades edilicias y judiciales del municipio de Pespire, departamento de Choluteca.
La REDEHSUR tiene representantes de los municipios de Santa Ana, Ojojona y Alubarén (Francisco Morazán); Nacaome, Amapala y San Antonio de Guarumas (Valle); y Pespire, Orocuina y Morolica (Choluteca).
Con esta visita, están por concluir parte de su agenda de visibilización en ante las autoridades competentes de hacer respetar los derechos humanos; en los próximos días irán a Morolica.
Marlon García, de Nacaome, manifestó que las visitas a las autoridades ha permitido el respeto de su labor, pues cuando van a acompañar a alguna víctima o dar seguimiento en una denuncia, ya los identifican.
En Pespire las denuncias de parte de la REDEHSUR giran en torno a la defensa de los bienes comunes, pues se pretenden desarrollar proyectos que afectarán el río, así mismo el suelo con la explotación minera.
Hay permisos de explotación en espera, explicó el defensor Germán Lagos, habitante de Pespire, ya que se presume se falsificó la firma del edil municipal para su aprobación.
Ramón Green, es el alcalde de Pespire, atendió por unos minutos a los y las defensoras, quienes iban acompañados de procuradores de derechos humanos del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), y escuchó sobre su accionar y los invitó a que participen cómo observadores en los cabildos abiertos.
En la Unidad Municipal del Ambiente, Rito Oyuela, les proporcionó información sobre el cuidado ambiental, y a su vez la REDEHSUR, le expuso la preocupación que tienen por la explotación de los bienes comunes sin el consentimiento de la población.
El recorrido continuó hacia el Juzgado de Paz, dónde los atendió la jueza Gregoria Enamorado, y luego de escucharlos les manifestó su interés para que acompañen en algunas audiencias.
También expresó que es importante la labor de los y las defensoras de DDHH en la zona, ya que es un apoyo en la verificación de impartición de justicia.
Finalmente, la REDEHSUR llegó a la posta policial, dónde se le permitió el acceso a las instalaciones y verificación de la bartolina, aunque generalmente pasa vacía, su condición es precaria.
La causa común de detención es «escándalo en la vía pública» explicó el agente Víctor Maldonado, asegurando que es un lugar tranquilo.
También los y las defensoras revisaron el libro de incidencias y denuncias, registrando delitos de violencia doméstica y traslados en la patrulla a personas enfermas o heridas.
Víctimas miembros de la REDEHSUR
La zona sur del país, dónde tiene presencia la REDEHSUR, es una región con problemas ambientales, calentamiento global, desempleo, migración, olvido gubernamental, destierro y acceso a la tierra y playas.
Por esos motivos hay defensores y defensoras de DDHH víctimas de persecución judicial, amenazas contra su vida, hostigamiento y vigilancia.
Para mencionar algunos casos, Abel Pérez, miembro de la REDEHSUR enfrenta un juicio Oral y Público acusado de usurpación, perjuicio y daños, en la Península de Zacate Grande, incluso estuvo privado de libertad el año pasado durante tres meses. También están procesados Santos Hernández y Tomás Cruz, quienes deberán comparecer ante el Tribunal de Sentencia de Choluteca el próximo 19 de abril. El lunes 27 de marzo, declaró Jorge Cassis, supuesto afectado por los campesinos en Playa Blanca.
Acusada también de usurpación, pero en perjuicio de la familia Facussé, la integrante de este grupo, Ethels Corea fue criminalizada por unos siete años, siendo sobreseída junto a mas de 20 campesinos de varias comunidades de Zacate Grande, en diciembre pasado porque el caso prescribió.
Así mismos, hay criminalización contra líderes sociales como Pedro Canales, presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA) y comunicadores sociales de radio comunitaria La Voz de Zacate Grande.
En ese contexto surgió la necesidad de una Red de Defensores y Defensoras de DDHH para que documenten, denuncien y acompañen a víctimas de violaciones de sus derechos, y que las autoridades municipales y judiciales sepan que están en la zona, exigiendo justicia, respeto y verdad.
Por ello, recientemente ha solicitado el COFADEH que se investigue el atentado contra el miembro de la Red, Ronnie Hareth Portillo, originario de Morolica, a quien tipos vestidos de militares le dispararon la noche del 11 de marzo en el municipio de Apacilagua, Choluteca, previo a las elecciones primarias, dejándolo gravemente herido.
