El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró, a través de su Comité de Emergencia, al COVID-19 como una emergencia de salud pública de importancia internacional.
En abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitió una resolución para los Estados de las Américas sobre el manejo de la pandemia, instando a los Estados adoptar de forma “inmediata, urgente y con la debida diligencia” todas las medidas que sean adecuadas para proteger los derechos a la vida, salud e integridad personal de las personas que se encuentren en sus jurisdicciones, enfocando en la prevención y brindando un tratamiento médico adecuado a las personas que lo requieran.
El Estado hondureño respondió a la pandemia con una serie de medidas sanitarias y sociales
decisivas con importantes consecuencias presupuestarias. Éstas tuvieron repercusiones inmediatas en todos los sectores de la sociedad, pero tuvieron un impacto particularmente negativo en los sectores económicamente marginados y en las personas en situación de riesgo, así como en los periodistas y los defensores de los derechos humanos.
