Una de las características de la dictadura golpista de los últimos 10 años es el uso del derecho penal contra defensores de derechos humanos y luchadoras sociales. Y la imposición de la cárcel como sinónimo de linchamiento moral y político.
Global Witness no sólo lo denunció, lo documentó en 2016 y quedó demostrado que Honduras es el país más peligroso del mundo para las personas que defienden la biodiversidad del planeta.
Las personas son acusadas por los medios de comunicación, también por los carteles privados de empresarios corruptos, sus tribunales y su policía, por oponerse al desarrollo, obstaculizar la generación de empleo y negarse a colaborar con proyectos de muerte.
Las principales víctimas de esta perversidad son las mujeres y hombres que defienden los territorios ancestrales, las fuentes productoras de agua dulce, los bosques, esteros y manglares en las costas del atlántico y el pacífico.
En Colón, las 32 personas criminalizadas por defender la montaña Carlos Escaleras sufren la peor de esas perversiones después del desalojo de su campamento de la dignidad en Guapinol a finales de 2018.
El viernes el ejército que controla las prisiones desobedeció la orden de un tribunal, enviando a 7 imputados de Guapinol a la cárcel de Morocelí, considerada un centro de tortura y no un presidio seguro como bien lo atestiguan los prisioneros políticos del golpe electoral de 2017.
El 6 de septiembre el llamado Instituto Penitenciario no transportó los siete defensores imputados hacia el centro penal de Olanchito, como ordenó una jueza nacional, sino que los llevó arbitrariamente a la mazmorra de Morocelí, a 580 kilómetros al oriente de Tocoa donde residen sus familiares.
Las inútiles fuerzas armadas decidieron por sus pistolas que la orden de la jueza Lisseth Vallecillo Banegas no sería cumplida y condujeron de la capital al oriente a José Daniel Márquez, Kelvin Alejandro Romero, José Abelino Cedillo, Porfirio Sorto Cedillo, Ewer Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández y Arnold Javier Alemán.
Todos estos defensores son miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes de Tocoa, una piedra en los zapatos de Inversiones Pinales de Lenir Pérez y de todo el cartel de mineros y represadores agazapados en el cohep, la anamih y otros grupos depredadores de las riquezas naturales de Honduras.
Así como esos grupos mafiosos mal llamados empresa privada asesinaron a Berta Cácares en marzo 2016, asociados con bancos y fuerzas militares en activo, hoy sus socios en Tocoa se esconden en la dictadura militar para desviar los perseguidos a prisiones políticas.
Esta operación abusiva de los militares que controlan las prisiones fue sufrida recientemente por el joven Rommel Baldemar Herrera, quien debía ingresar a la cárcel nacional de Támara pero fue conducido maliciosamente a la ergástula de Morocelí tras ser acusado de quemar un nehumático en la fachada de la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa.
No podemos aceptar en esta columna las disposiciones arbitrarias de las fuerzas armadas comprometidas con un régimen corrupto, narco y violento, y por tanto amplificamos nuestra protesta por este abuso reiterado.
No es con estos juegos de equivocaciones programadas y de risitas burlonas que van a doblegar la moral inquebrantable de la resistencia ciudadana contra el modelo extractivo, esencialmente criminal, que sólo ve la riqueza natural como sinónimo de pisto. Cobardes!
