Después de 2009, especialmente, las comunidades indígenas lencas que habitan las sierras del departamento de La Paz e Intibucá, han sufrido la persecución penal, criminal, militar y mediática por ocupar su propio territorio ancestral. Y eso debe parar.
En el derecho internacional de las primeras naciones ellas son las propietarias exclusivas de su territorio, son los primeros habitantes del país, pueden aprovechar sus tierras y sus bienes naturales de acuerdo a las prácticas y tradiciones ancestrales de su cultura, sin pedirle permiso al mercado.
El Convenio 169, aprobado por las Naciones Unidas y ratificado por Honduras en 1995, reconoce la propiedad comunitaria de los pueblos autóctonos y obliga al Estado a respetar sus límites. Y a respetar su derecho consuetudinario. Su visión del mundo y de la vida.
Pero, como sabemos, la plaga neoliberal salvaje que entró en 1990 a sustituir los viejos esclavistas y terratenientes feudales – incluida la iglesia católica – no han respetado el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas. Y les han dado palo, fuego, gases, muerte y persecución penal, por hacer producir su propia tierra.
Al amparo de la Ley de Transformación Agraria, que recuerda los ingratos días de Callejas en el poder, miles de falsos propietarios aparecieron en valles, sierras y montañas, afirmando ser los dueños sin importar que fueran los ladrones. Salieron desde San Pedro Sula, Comayagua, Tegucigalpa y otras ciudades, como cazadores de fortunas.
Estos ladrones de tierras y territorios lencas se aliaron con diputados, narcos, asesinos, fiscales, jueces, policías y soldados, que defienden como jauría rabiosa el sagrado principio capitalista de la propiedad privada.
Pero todos sabemos cómo este cartel cambió las reglas usando el golpe de Estado de junio 2009 y el golpe natural del Huracán Mitch en octubre de 1998. Ambos acontecimientos sirvieron al crimen organizado para modificar en el Congrezoo las leyes ambientales, de tierras, de minerales y del agua. Luego fueron registrados como propietarios. Represadores. Mineros. Caficultores. Desarrollistas.
Por eso precisamente estos ladrones de las tierras del pueblo indígena lenca de Honduras – y de todos los pueblos originarios – están acusados penalmente, sin visas gringas, bajo el expediente de la MACCIH denominado Planeta Verde. ¡Vaya nombre para un expediente de ladrones!
Precisamente en La Paz vimos la semana pasada las imágenes grotescas de un desalojo en este planeta verde, en las Torres cerca de San Pedro de Tutule: Máquinas pesadas destruyendo viviendas, motosierras cortando los cafetales, bombas lacrimógenas dispersando niños y mujeres, balas vivas sangrando cuerpos de hombres, cortando cercas, asesinando los sueños de años de trabajo continuo.
Enseguida, vinieron los requerimientos fiscales, la persecución criminal, y la próxima semana, el 14, comienza el juicio. Y así, los propietarios legítimos de las tierras son convertidos en invasores, los habitantes indígenas de primera clase obligados a ser indigentes, emigrantes expulsados, perseguidos, prófugos de la justicia de los narcos mineros, de la ley brutal del Planeta Verde.
A lo largo de toda la columna vertebral del departamento de La Paz, San Pedro de Tutule, Guajiquiro, Planes de Santa María, Marcala, Otoro y otros municipios de la zona alta, las bases de la CNTC y la UTC, particularmente, son víctimas de esta realidad.
Los Bustillos, los Domínguez, los Reynoso, etc, van por ahí señalando, denunciando y poniendo a fiscales y policías junto a los pichinguitos de plomo a defender el sistema depredador.
Este sistema injusto es el mismo que en Santa Bárbara persigue a la resistencia ciudadana en Atima, en Las vegas y en la cabecera, princialmente, con asesinatos y requerimientos. Con amenazas y torturas.
Es impresionante saber que después del golpe electoral del fraude de 2017 han sido asesinadas 72 personas, 32 encarceladas en Ilama y muchas siendo torturadas ahora mismo en la región occidental.
En el Sur de Honduras en las plantas meloneras, además del esclavismo laboral y sexual, la persecución atroz de políticos corruptos, policías y militares contra la juventud en resistencia y contra las comunidades costeras del golfo de Fonseca.
La tierra está en el centro de la disputa voraz del capital salvaje, como en el valle del Aguán, donde 18 dirigentes sociales, campesinos y de organizaciones populares enfrentan la persecución judicial de un tribunal de jurisdicción nacional, por defender la reserva de Guapinol.
La sucia campaña contra Esly Banegas, la fundación San Alonzo, la parroquia de Tocoa y COPA no son tolerables. Estas personas y organizaciones tienen nuestro respaldo solidario y nuestro respeto por lo que hacen a favor de la vida y de la paz regional.
Así como La Paz necesita justicia para su pueblo lenca, todos los procesados y prisioneros por razones políticos necesitan la justicia, sin que nadie atrape sus causas para propósitos mezquinos, para levantar banderas inútiles. Es toda Honduras que necesita su liberación, su regreso a la vida productiva para el bien de la humanidad.
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 9 de febrero de 2019
