Los relatores para los defensores de derechos humanos de Naciones Unidas y la CIDH pidieron hoy a Honduras protección para este colectivo, que ya ha registrado al menos 8 muertos en lo que va de año en el país centroamericano.
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En un comunicado conjunto, Michel Forst (ONU) y José de Jesús Orozco Henríquez (CIDH) señalan que Honduras es una de las naciones más peligrosas para los defensores de derechos humanos.
«El Gobierno de Honduras debe adoptar y aplicar de manera inmediata medidas efectivas para proteger a los defensores de derechos humanos, para que puedan desempeñar su trabajo sin temor o amenaza de violencia o asesinato», indica la nota, publicada por la CIDH.
En lo que va de año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha recibido información sobre el asesinato de, por lo menos, ocho defensores en el país.
Este llamado urgente se hace, además, tras el asesinato el pasado 9 de agosto del reconocido dirigente Kevin Ferrera, abogado y presidente de la Juventud del Partido Liberal y miembro fundador de la organización Oposición Indignada.
«Estamos sumamente preocupados por que su asesinato pueda estar vinculado con su trabajo legítimo en la defensa de los derechos humanos e instamos al Estado a llevar a cabo una investigación para establecer responsabilidades tanto de los perpetradores materiales como de los autores intelectuales de este atroz crimen», señalan los relatores.
«La investigación -prosiguen- debe ser exhaustiva, seria, imparcial y tomada con la debida diligencia».
«La violencia y los atentados contra personas defensoras de derechos humanos no sólo afectan las garantías básicas de cada individuo. También socavan el papel fundamental que desempeñan los defensores de los derechos humanos en la construcción de una sociedad más equitativa, justa y democrática», agregan.
Los relatores Forst y Orozco Henríquez recuerdan la creación de un mecanismo de protección para defensoras y defensores y otros grupos en 2015, así como también a los esfuerzos del Estado para que el mecanismo sea totalmente operativo.
«No obstante», señalan, «aún no se ha puesto a prueba la implementación del mecanismo».
«Los crímenes cometidos contra los defensores de derechos humanos, especialmente asesinatos a sangre fría, no deben quedar impunes, ya que la impunidad es el enemigo y el mayor desincentivo de cualquier esquema de protección, no importa cuán completo sea este», concluyen.
