Tegucigalpa.
Por Riccy Ponce
Las fuerzas militares desde el año 1991 han perdido credibilidad ante la sociedad hondureña, y desde ese entonces no han podido reivindicarse. Al contrario, han creado terror en las personas por los aberrantes crímenes cometidos y peor aún, amparados en el uniforme sólo han sido castigados con la pena mínima, y no con la máxima que es la que se merecen.
Uno de los asesinatos más recientes fue el ocurrido el pasado jueves por la noche en la residencial Honduras, donde participaron elementos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), según su informe, desde un microbús una persona gritaba que iba secuestrado, entonces dieron persecución a dicho automóvil, hasta dejarlos en una calle sin salida. Al mostrar oposición, la policía abrió fuego alegando que las víctimas eran supuestos delincuentes por lo que comenzó el enfrentamiento matando a tres personas al instante, y tres posteriormente en el Hospital Escuela Universitario (HEU).
Aunque la policía haya alegado eso, aún no ha mostrado evidencia alguna que confirme los hechos tal cual ellos expresaron.
La coordinadora general del Comité de Familiares de los Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) Berta Oliva expresó que “en materia de derechos humanos es inaceptable y no hay nada que justifique la acción cometida por las fuerzas militares o por la policía militar en contra de la vida, y en contra de la libertad de las personas que nos movemos en el país. Hay un atropello absoluto, y hay una fuerza militar que impone su criterio, y su criterio es de muerte”.
Oliva consideró que, los y las que defendemos la vida miramos que están creando las condiciones para aterrorizar y someter a este pueblo que se está desangrando y sin ninguna intervención de emergencia, porque están sometiendo a la brutalidad a la sociedad en su conjunto”.
Desde hace 26 años con el asesinato de la estudiante normalista Riccy Mabel Martínez, de origen ceibeño, donde tuvo que ver un general de alto rango y cuatro personas más que no pagaron por el atroz crimen esto provoco la desmilitarización en el país. (Se implicó y acusó de este crimen al Coronel Ángel Castillo Maradiaga, Comandante del Batallón, al Capitán Ovidio Andino y a un tal Sargento Santos Olivares).
En el 2009 durante el golpe de estado, donde más de medio millón de personas esperaban el regreso del entonces derrocado presidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, elementos del ejército comenzaron a disparar matando al joven Isy Obed Murrillo Mencía, quien fue considerado primer “mártir” de la resistencia.
Silvia Mencía, madre de Isy Obed declaró a defensoresenlinea.com que “yo considero al ejército porque ellos dispararon, no fueron enemigos, fueron los del ejército, los que dispararon en contra de mi hijo, comandados por Micheletti, el mayor culpable es Micheletti, porque por amor al poder él lo que quería era ser presidente, aunque no fuera elegido por el pueblo; y por eso se llevó de encuentro a las familias hondureñas, asesinándolas por defender la causa del pueblo”.
El 21 de octubre de 2011 se dio otro hecho donde participaron agentes de la Policía Nacional se trata del asesinato de Rafael Alejandro Vargas Castellanos y Carlos David Pineda Vargas, el primero era hijo de la actual rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) Julieta Castellanos. Los jóvenes fueron interceptados a la una de la madrugada del 22 de octubre cuando se conducían juntos en su vehículo, y posteriormente sus cuerpos fueron encontrados sin vida en la salida al sur de la capital.
Por este hecho criminal se condenó a Santos Padilla y José Rubén Pozo López, a 66 y 58 años de prisión respectivamente. El hecho se pretendió pasar como delito común.
El 27 de marzo del 2012, fue el asesinato de Ebed Jassiel Yanes Cáceres, un niño de 15 años quien, a bordo de una motocicleta, por miedo huyó de un retén militar a la una de la madrugada, cuando ya iba para su casa en la salida al oriente de Tegucigalpa. El menor había salido sin permiso de sus padres y al no detenerse, fue asesinado por una patrulla militare con siete elementos que lo arrinconaron en un callejón. Los militares dispararon con rifles de asalto Remington R-15, una bala impactó su cuello y dos balas perforaron su espalda.
Según testigos después del hecho criminal recogieron los casquillos y se retiraron en una camioneta Ford cuatro por cuatro, doble cabina, posteriormente regresaron para ver si quedaban pruebas del homicidio. Por la mañana los vecinos le dijeron al padre sobre cómo habían asesinado a su hijo y le dieron dos casquillos 0.223 pulgadas marca Águila, que no encontraron los militares.
Ante los abusos y atroces crímenes, el entonces presidente del Congreso Nacional y aspirante a la presidencia de la República, Juan Orlando Hernández, como propuesta de gobierno, tenía sacar a los militares a las calles al llegar a la presidencia en el 2014. Así cumplió su promesa olvidando los criminares miliares que históricamente han dañado el país, y dando penas mínimas cuando a los asesinatos cometidos se les debiere aplicar la pena la máxima. Ahondando la herida, cientos de familias continúan esperando que llegue la justicia, pues en la mayoría de casos los autores materiales e intelectuales no recibieron castigo, haciendo que continúe la impunidad.
