La Mesa de Derechos Humanos reunida en la ciudad de Tegucigalpa, el día 02 de febrero para analizar la situación de derechos humanos del país, resolvió lo siguiente:
Que en el caso del asesinato del policía José Joel Castellanos el día martes 30 de enero por efectivos militares condenamos esta tragedia y solicitamos una investigación efectiva para el castigo a sus ejecutores. Además la obligación del Estado de la protección en todos los sentidos de la familia del policía Castellanos, como debería de ser con cada persona víctima en este país por las agresiones del Estado. Garantizar la protección debida para con el policía Luis Fernando Romero quien acompañaba al momento del siniestro a Castellanos.
Exigimos al sistema de justicia que, garantice el combate a la impunidad mediante fallos e investigaciones independientes e imparciales contra militares que, con la complacencia del gobierno no son investigados, ni sancionados por las distintas violaciones derechos humanos.
Reprobamos, la política de militarización de la seguridad pública del gobierno de Honduras para combatir la delincuencia y el derecho a la protesta sociales.
Consideramos lo anterior, como una amenaza latente a la ciudadanía debido al peligro que significa la presencia de militares en las calles, aun cuando han perpetrado violaciones de derechos humanos y no estar entrenados para dar seguridad a la ciudadanía.
Demandamos al Estado, el retiro inmediato de los militares en tareas de seguridad ciudadana, tal como lo pidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y las distintas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.
Instamos nuevamente, al Estado tome seriamente el proceso de fortalecimiento de la Policía Nacional Civil, debiendo ser gobernada por un liderazgo efectivamente con visión policial y de derechos humanos.
Mostramos nuestra solidaridad y preocupación con la Asociación para una Vida Mejor de Personas Infectadas y Afectadas por el VIH-SIDA(APUVIMEH), organización integrante de esta Mesa de Derechos Humanos, pues el policía asesinado era una de las personas que ejercía su labor de protección, en aplicación de medidas cautelares, y es en este accionar que le asesinan en la Colonia Suyapa.
Responsabilizamos a este gobierno de cualquier atentado contra nuestra organización hermana.
