El más reciente ataque en contra de Miriam Miranda, que se suma al que también sufrió el defensor ambientalista Ramiro Lara en Santa Rosa de Copán, se da en un contexto en el que como observa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), muchas personas defensoras de derechos humanos en Honduras “continúan enfrentando una situación de extremo riesgo debido a la permanente violencia, criminalización y deslegitimación” a que están expuestas. Y es el resultado de una situación de conflictividad especifica en relación con las tierras ancestrales de los pueblos que se ven amenazados por proyectos de desarrollo comercial y turístico sin obtener su consentimiento libre, previo e informado.
El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz, comprobó que en Honduras persiste un patrón de atentados contra la vida de personas defensoras de derechos humanos, de la tierra del territorio y del medioambiente. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas reconoce que del 1 de enero de 2018 al 30 de abril de 2023 se ha registrado el asesinato de 62 personas defensoras de derechos humanos y la desaparición de otras 4 de las cuales, el 66% “se dedicaba a la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente”.
La única manera de romper el ciclo de violencia es mediante la realización de investigaciones rápidas, efectivas, independientes y transparentes con un enfoque diferenciado de cualquier ataque a la vida e integridad de las personas pertenecientes a pueblos indígenas y al pueblo garífuna, considerando su contexto de discriminación histórica, y asegurando los recursos necesarios para superar la limitada capacidad de investigación de la Dirección Policial de Investigación y del Ministerio Público que discrimina a los más vulnerables.
Aplaudimos el discurso oficial comprometido con los derechos humanos, pero pensamos que tiene que acompañarse de un fortalecimiento de la institucionalidad para prevenir este tipo de ataques, lo cual implica que, además de la investigación del Ministerio Público para judicializar y sancionar a los responsables del ataque contra Miriam Miranda, se debe fortalecer el Sistema Nacional de Protección a defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, cuyo funcionamiento hasta el momento ha sido deficiente.
Bertha Oliva; Leticia Salomón; Miriam Miranda; Thelma Mejía; Adolfo Facussé; Carlos Reyes;
Joaquín Mejía; Ismael Moreno; Ramón Romero; Rodil Rivera; Rodolfo P. Fasquelle; Rodulio Perdomo; Salvador Moncada; Eugenio Sosa; Edmundo Orellana; Ramón Barrios
