La justicia también se hace desde los pueblos

Tegucigalpa, Honduras.– Cerca de las 12 de mediodía se organiza un grupo de personas en su mayoría de los pueblos originarios Lenca y Garífunas, en sus manos llevan un plato, cuchara y vaso para recibir sus alimentos, preparados por sus compañeras y compañeras.

Les piden que guarden el distanciamiento requerido, como medida de bioseguridad, ya que la pandemia del Covid-19 aún no se controla en Honduras, por el contrario, los contagios son elevados y las vacunas –posiblemente-  no se han aplicado en las personas que apoyan el campamento feminista “Viva Berta”, que desde el  11 de mayo pasado está permanentemente frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El campamento alberga cerca de un centenar de compañeros y compañeras exigiendo justicia para la lideresa indígena lenca Berta Isabel Cáceres Flores, asesinada el 2 de marzo de 2016 en La Esperanza, Intibucá. Por ese crimen están en prisión siete hombres condenados entre 30 y 50 años de cárcel.

Pero la justicia para Berta no solo es desde los Tribunales, también se expresa mediante su existencia y legado, detalló Yessica Trinidad, representante de la Red Nacional de Defensoras, una de las organizadoras de este campamento.

Es importante organizarse y hacer resistencia, hacerles sentir la presión de que, aunque no creemos en su justicia (sistema judicial), estamos vigilantes en los pasos que van dando en la causa de nuestra compañera y hermana Berta, agregó Trinidad.

Toda aquella persona  que crea en que se puede hacer justicia desde la resistencia, puede llegar al campamento Viva Berta, en Tegucigalpa, el cual es indefinido.

Las comisiones en este espacio se encargan de la cocina, salud con dos médicos, comunicaciones, logística, limpieza, arte, vigilancia y que el altar para Berta esté según el día del Nahual (cosmología maya) que comprende cambio de velas y flores en el círculo de piedra que han marcado como centro de energía.

Al inicio del juicio contra David Castillo el 6 de abril y postergado para el 26 de abril hasta esta fecha, se denunció actos de vigilancia, levantamiento de perfil  y hostigamiento, por lo que se suspendió en las primeras dos semanas y se volvió a instalar el 11 de mayo.

La influencia popular y la reparación

El juicio contra David Castillo marca un precedente muy importante, ya que es un trabajo que se hace desde los sectores populares, es de conocimiento nacional e internacional y desde esas instancias se demanda justicia para Berta Cáceres, declaró el abogado Víctor Fernández, parte del equipo legal que representa a la familia de la defensora y al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) que dirigía Berta y ahora su hija Bertha Zúniga-Cáceres.

La justicia se ha ido construyendo con sus propias herramientas y ha tenido logros como que, el Tribunal se haya abierto y aceptado hacer público el Juicio contra Castillo. Así se ha roto la idea de la secretividad que se ha venido imponiendo.

El hecho de abrir los contenidos de todas las comunicaciones del grupo empresarial, de militares y sicarios que participaron en el asesinato, escucharles su lenguaje, su vulgaridad, que la gente sepa quiénes son ellos, nos parece un aporte cualitativo muy importante, más allá de los resultados que se tengan, que también creemos que va a ver resultados positivos dentro del sistema, agregó Fernández.

Cabe señalar que en el juicio contra Castillo se ha dado a conocer vaciados telefónicos y conversaciones por mensajería telefónica que implica a otras personas que participaron en el plan que dio muerte a la lideresa indígena lenca.

Otro punto positivo es añadió Fernández es “el hecho de que la víctimas -en este caso la familia- plantee elementos de prueba, el contexto que presente todo el fenómeno de corrupción que le precede al asesinato, todas las violaciones a los derechos humanos que hay antes del crimen y que van a ser reflejadas en el juicio”.

Entonces, antes que se dicte sentencia contra uno de los autores intelectuales del crimen contra la premio Goldman al Medioambiente 2015, la participación y resistencia popular ya es una victoria muy importante, afirmó el defensor.

Para la familiar ser parte del juicio es una manera de sentirse reparada, es importante que nosotros y el pueblo podamos ver todas las falencias que tiene el Sistema de administración de justicia.

No es posible que después de cinco años del asesinato, el Ministerio Público no tenga claro quiénes son los responsables y cuáles son los motivos de este crimen, afirmó el defensor.

Los defensores del territorio luchan en contra de un proyecto que tiene unos dueños. En el caso del asesinato de Berta Cáceres, que se opuso a la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca (PHAZ) de la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA), también tiene dueños, los cuales hasta ahora ni siquiera han sido citados como testigos en el juicio que se le sigue a David Castillo, declaró el abogado Víctor Fernández.

Y declaró que “eso muestra las componendas, confabulación e impunidad que hay en este tipo de cosas. En medio de esta disputa que se le hace al Sistema, también se logra evidenciar la existencia de un <pacto de impunidad> qué favorece a los Poderosos de este país, y sobre eso hay que ir”.

Por lo que el éxito en la lucha por la búsqueda de justicia en la causa Berta Cáceres, plantea los desafíos de seguir confrontando al sistema, andando y construyendo una forma de Justicia que alcance a los que nosotros venimos llamando como “autores intelectuales del crimen”, qué son los dueños de esa empresa, pero además autores estructurales del crimen.

El abogado se refirió al sistema financiero nacional e internacional que es parte del Sistema, pero que teniendo su supuesta salvaguardia ejecuta su práctica “correcta” de financiamiento a cualquier proyecto.

En este caso, se trata de un proyecto que había sido denunciado por ser el violador y por los crímenes que se estaban produciendo en la zona de ejecución, en el departamento de Intibucá, al occidente de Honduras, y finalmente terminaron financiando el PHAZ.

Entonces –agregó- ellos son culpables estructurales, así como los funcionarios del Estado de Honduras que para el PHAZ hicieron una concesión corrupta, pusieron sus policías, militares y sus jueces para perseguir a la oposición que hacía el COPINH, coordinado por Berta Cáceres y la gente del pueblo lenca Río Blanco, todo eso que va quedando claro en el juicio se convierte en un desafío a futuro y compromiso permanente de parte de quienes estamos involucrados.

E hizo extensivo todo el reconocimiento para el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), organización que estuvo de cerca en el acompañamiento de Bertita y sus medidas cautelares a tiempo, cuando denunció las persecuciones a partir del año 2009, además que con sus medios de comunicación “son una voz permanente en este reclamo, en esta construcción de la justicia desde la perspectiva popular”.