La justicia hondureña se sigue ensañando con los defensores de la tierra y de la vida

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Tegucigalpa.- Desde hace más de tres meses Víctor Vásquez, miembro de la Coordinación General de Movimiento Indígena Lenca Independiente de La Paz Honduras (MILPA-H), y Santos Vigil, socio de la Base Campesina Nueva Esperanza, se encuentran privados de libertad en el Centro Penal de La Paz, acusados por el delito de desplazamiento forzado.

Víctor, como defensor de la tierra y el territorio, dio acompañamiento a los campesinos de la Base Nueva Esperanza, donde Santos Vigil es miembro, pero fueron acusados injustamente por los supuestos dueños de tres delitos, de los que la juez desestimó dos, pero quedan privados de libertad por el delito de desplazamiento forzado, nueva figura del Código Penal de la Impunidad.

El abogado Roger Medina señaló que “el ambientalista y líder indígena del Consejo Indígena Lenca de Simpinula, fue criminalizado el 16 de diciembre del año 2020 por tres delitos: daño agravado, desplazamiento forzado y robo agravado. En ese sentido se dio por nuestra parte una defensa en la audiencia inicial, en donde se le decretó sobreseimiento provisional por dos delitos, y quedó por desplazamiento forzado, que es una figura del nuevo Código Penal, que en este caso no se debió aplicar porque no se cumplían los elementos, pero el juez dictó un auto de formal procesamiento”.

Asimismo señaló que ellos como parte defensora presentaron un recurso ante la Corte de Apelaciones de Comayagua, pero que lastimosamente hasta el día de hoy no se ha  resuelto, ellos alegan que es por la pandemia y por el covid-19.

El abogado Medina dijo a defensoresenlinea.com que en el proceso hubo muchos abusos, ya que la jueza que conoció el caso no reconoció a Víctor como defensor.

“En el proceso hubo muchos abusos, por ejemplo, la jueza de primera instancia, la abogada Anahí Jobel, que es la que llevaba la caso, cuando se presentaron los medios de prueba donde se acreditaba que Víctor tenía las medidas de seguridad por la Secretaría de Derechos Humanos, que era parte del Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEPRODEC), y que como defensor de derechos humanos formaba parte del Comité Local de Derechos Humanos (CLADEH) de Santa María, todas esas pruebas las desestimó”.

“Nuestro representado, un líder indígena defensor del medio ambiente y de los  derechos humanos, fue procesado como un ciudadano común y corriente, y nos parece  lamentable porque no se aceptaron esos medios de prueba, y lamentamos que hasta el día de hoy, desde el 20  de diciembre que se presenta el recurso de apelación hasta la fecha, no se haya resuelto”.

Asimismo el abogado defensor del líder indígena del departamento de La Paz hizo un llamado a los organismos nacionales e internacionales que se apersonen al Centro Penal de la ciudad de La Paz,  así como a la Corte de Apelaciones para que resuelvan en tiempo y forma el recurso  presentado a favor de los defensores, y para verificar las condiciones  en las que se encuentran tanto Víctor Vásquez como José Santos Vijil.

“Hacemos un llamado a la comunidad internacional y nacional porque nos acaban de dar alguna información extraoficial que el compañero Víctor Vásquez en el Centro Penal de La Paz lo tenían en una celda aparte, por la seguridad de él, y nos están contando que ya lo colocaron con otras personas y eso pone en peligro su vida y la del joven José Santos Vijil, que es de una base de Nueva Esperanza del municipio de Santiago de Puringla y defensor también de derechos humanos”.

“Invito a los organismos de derechos humanos para que se personen a la Corte de Apelaciones y que se resuelva en tiempo y forma el recurso que nosotros hemos presentado,  que hasta el  día de hoy no hemos obtenido ninguna respuesta”.

Con este nuevo acto de criminalización que están siendo víctima el defensor de la tierra y el territorio  Víctor Vásquez y José Santos Vigil, queda demostrado para qué y para quien fue creado el Nuevo Código Penal de la Impunidad, que desde un principio se sabía que era para favorecer a los corruptos y criminalizar a los defensores de derechos humanos y campesinos que alcen su voz en defensa de los mismos.

En Honduras defender la tierra, el agua y la vida es causa de persecución,  criminalización, judicialización y hasta de asesinato.