Tegucigalpa.
Por Sandra Rodríguez
“El último país donde los niños y niñas quisieran vivir, es en el país de la muerte”, José Guadalupe Ruelas, director de Casa Alianza-Honduras.
“Paso a desnivel Cuatro Puntos Cardinales” se lee en una placa color verde, de un poco más de un metro de alto, en las cercanías del Estadio Nacional de Tegucigalpa; sin embargo el vigilante que cuida la zona no sabe qué significa, tampoco la señora que vende flores en la feria del agricultor, mucho menos los transeúntes.
Esta se refiere al caso “Servellón García y Otros versus Honduras”, que trata sobre la ejecución extrajudicial de parte de agentes del Estado de la entonces Fuerza de Seguridad Pública, FUSEP, el 17 de septiembre del 1995, acabando con la vida de Marco Antonio Servellón García (16), Rony Alexis Betancourth (17), Diomedes Obed García Sánchez (19) y Orlando Álvarez Ríos (32); y por lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Co-IDH, encontró responsable al Estado de Honduras a través de la sentencia emitida el 21 de septiembre de 2006.
La placa tiene plasmada la frase “en memoria de…” sin decir el ¿por qué?, pero sí resalta los nombres de los miembros de la corporación municipal en ese periodo. Cabe mencionar que después del golpe de Estado, la lápida había desaparecido, dejando no sólo un espacio físico vacío, sino tratando de borrar la memoria y exigencia de no repetición.
Nuevamente hay una placa (no tan visible porque la cubre un rótulo de la construcción de una obra de infraestructura vial), en cumplimiento del punto resolutivo número 11 de las disposiciones de la sentencia, y pues, en este caso no genera costo político.
“El Estado debe nombrar, dentro del plazo de un año, una calle o una plaza, en la ciudad de Tegucigalpa, en memoria de Marco Antonio Servellón García, Rony Alexis Betancourth Vásquez, Diomedes Obed García Sánchez y Orlando Álvarez Ríos. En dicha calle o plaza el Estado deberá fijar una placa con los nombres de las referidas cuatro víctimas, en los términos del párrafo 199 de la presente Sentencia.”
Para conocer más sobre el cumplimiento de la sentencia, José Guadalupe Ruelas, director de Casa Alianza-Honduras, organización que lleva el caso, y que forma parte junto a otras nueve instituciones defensoras de derechos humanos, de la Mesa se Seguimiento de Sentencias emitidas por la Co-IDH, concedió una entrevista a defensoresenlinea.com.
La cita fue en su oficina. Ruelas llegó a la recepción, acompañando el recorrido hasta el segundo nivel del edificio, ubicado en el centro de Tegucigalpa, cerca del puente “Tiburcio Carías Andino” (nombre del presidente de Honduras y dictador entre 1933-1949 ) y el Río Choluteca, colindando con la ciudad de Comayagüela.
En el descanso de las gradas, el defensor de los derechos de la niñez, hizo una pausa para explicar las imágenes que cuentan parte de la historia de Casa Alianza, a través de fotografías que cuelgan de la pared, asimismo hay muchos reconocimientos, entre ellos el premio WOLA de Derechos Humanos 2016, que cada año entrega la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, y que se lo dedicó a todos los niños y niñas de Honduras que día a día sueñan y luchan, contra toda adversidad, por una vida digna a la que tienen total derecho.
Para la entrevista también estaba presente Ubaldo Herrera, director de programas de Casa Alianza, quien ha trabajado desde un inicio el caso de “Cuatro Puntos Cardinales” y nos facilitó ejemplares del libro “el dolor de la ausencia” que compila testimonios de familiares de las víctimas.
Gracias a la Mesa del Seguimiento de Sentencia el caso “Cuatro Puntos Cardinales” no está en el olvido como es la voluntad del Estado que ha tenido una actitud displicente y contraria a querer hacer justicia, visible y reparadora, afirmó Ruelas.
Cabe mencionar, que el Estado de manera obligada ha tenido que nombrar el puente en memoria de los jóvenes ejecutados, pero las personas responsables de este horrendo crimen siguen en total impunidad.
“Si hay un ejemplo de impunidad en materia de Justicia para la niñez, de falta de voluntad de parte del gobierno para los niños y las niñas que son asesinadas en Honduras el caso Cuatro Puntos Cardinales, es evidentemente revelador”, afirmó el defensor de DDHH.
Una de las personas acusadas por ese crimen, al haber cumplido la edad en que ya no podía ser encarcelada se presentó ante la justicia, él ya falleció, pero las demás personas siguen “prófugas” a pesar de que hay orden de captura y han sido identificadas. El Estado se declara incapaz de poderlos encontrar y llevarlos a cumplir su sentencia. Aun en un ambiente militarizado, compartió Ruelas y Herrera.
Y es que, el Estado finge demencia y se escuda en la burocracia, es decir que ha hecho trámites, presentado informes, inauguraciones, pero es sólo discurso, expresó Ruelas, no ha capturado a los responsables, lo que abona a la impunidad, ese es su discurso que refleja la falta de voluntad.
Estamos en un momento de re oxigenación, de reciclaje de perpetradores, estamos viendo a personas ligadas al 3-16 (conocido como el escuadrón de la muerte desde la década de 1980) metidas nuevamente en política electoral, están siendo rostros visibles en el partido de poder, que perfila como nuevas caras de la democracia hondureña y que todavía tienen una historia de violaciones de ddhh, agregó el director de Casa Alianza. Es un esquema que tiene el poder para seguir violando los ddhh y nos ser alcanzados por la justicia, se van reciclando en uno y otro cargo como funcionarios, burócratas aspirantes, pero siguen ahí.
“Mientras en la cabeza de este gobierno estén personas que han dedicado su vida a la violación de los DDHH vamos a tener un Estado como el que tenemos”.
Cabe mencionar que esto se da en un contexto de una timidez, de una aparente actitud bastante pasiva de parte de quienes desde el exterior financian las luchas de ddhh. Tal pareciera que la cooperación internacional estuviera interesada en que nosotros aquí defendamos con mucho ahínco los ddhh pero al mismo tiempo cuando se violentan guardan silencio profundo. Ese mensaje alienta la voluntad de impunidad y no corrección de parte del Estado hondureño, declaró Ruelas.
Viendo este panorama sociopolítico, a las familias de las víctimas de violaciones a ddhh, se les da desesperanza, posiblemente no habrá justicia, existe la certeza de que hay personas que no son meritorios de ese derecho de parte de la visión de un Estado que gobierna para minorías, analizó el representante de la organización.
La gente no busca dinero ni monumentos, busca justicia
Ubaldo Herrera explicó que, la sentencia del caso 12331 tiene varios puntos resolutivos de carácter reparatorias, resarcimiento a las víctimas y reparación que son las que el Estado no cumple, como revisar el caso y saber las fallas del sistema.
Hay partes simbólicos como pedir perdón a las familias, hacer sellos postales y nombrar un puente frente al Estadio Nacional, porque allí fueron capturados un 15 de septiembre como una forma de limpieza social para que no molestaran a las personas en los desfiles. Fueron llevados a celdas de la policía, junto a unos 200 jóvenes que fueron liberados menos Rony, Marco, Diómedes y Orlando; y aparecieron ejecutados con el mismo patrón, en diferentes puntos de la ciudad, de ahí el nombre simbólico del caso.
Lograr una sentencia, fue un proceso de diez años, en el que el Estado aceptó su responsabilidad sin llegar a juicio, pero no fue fácil ya que siempre tenía algo que rebatir.
La búsqueda de justicia es opacada por la impunidad, los implicados fueron sobreseídos otros andan con orden de captura. Algunos de estos personajes son vinculados con el famoso DNI (Dirección Nacional de Investigación) de aquellos tiempos, a las muertes y supuestas limpiezas sociales, por lo que es lastimoso que estas acciones se sigan repitiendo, agregó Herrera.
Las sentencias son para que no se repitan los hechos, pero lo más fácil sería establecer demandas contra un Estado que permite asesinatos y ejecuciones, y aunque no sean los agentes estatales que los llevan a cabo, por omisión o negligencia son responsables.
Herrera lamentó que se tenga un panorama grave, donde parece que la sociedad, estamento legal y la policía se han alineado para aceptar las ejecuciones u “homicidios” -como dice el Código Penal- como algo normal, donde aparece un joven o grupo de jóvenes ejecutados. Aquí hay grupos de poder armamentistas que atentan contra jóvenes que están en la pulpería o los sacan de sus casas. Por lo que continua la denuncia de que aquí hay ejecuciones extrajudiciales, la pena de muerte se ha trasladado a la calle, a los barrios, a través de estas formas de exterminio.
Honduras es un país extremadamente peligroso para ser niño o joven -agregó Ruelas- porque se ha ido construyendo un discurso donde las expresiones de los jóvenes son vistas como rebeldía, el gobierno lo ve en contra de la disciplina en un esquema militarista, cuando un joven pregunta, cuestiona, se expresa, lo ven malo y dicen jóvenes en riesgo, pero no riesgo de educarse, riesgo de no ser protegido, sino riesgo de ser pandillero.
“Ser joven y pobre se es estigmatizado, si es joven de un grupo privilegiado es consentido. Y desde ese panorama tenemos más niños y niñas huyendo del país, que yéndose a la calle”.
Casa Alianza, desafortunadamente, sigue contando víctimas porque cada una de ellas es una denuncia de lo mucho que tiene que hacer ante el Estado, su aspiración es que cumpla con su deber y detenga esas acciones arbitrarias, ya que no se pueden acostumbrar a esos hechos. A lo que va del 2016 más de 800 niños, niñas y jóvenes han sido asesinados, muchos con esquema de ejecución.
Estas se pueden distinguir porque hay una diferencia de poder, con acceso a armas, vehículos, chalecos, y las víctimas no tienen más que sangre alrededor de ellos; no hay un conflicto, están en un lugar y llegan sólo a asesinar, no hay una discusión, son hechos a sangre fría; es planificado en cuanto a la zona, hora y lugar del hecho; y los perpetradores cuentan con capacidad técnica, saben cómo utilizar armas y huir del lugar del crimen, y la situación no ha cambiado, con el proceso de depuración policial, afirmó Guadalupe Ruelas.
Una de las formas de ataque estatal para las organizaciones defensoras de derechos humanos es criminalizarlas por su labor “nos dicen protectores de delincuentes por defender el derecho a la vida, si estos jóvenes han cometido delito, que les apliquen la ley, pero el Estado de Honduras no puede quitarles la vida, puntualizó Ubaldo Herrera.
Agregó que “es muy difícil decir a las víctimas que Dios hará justicia, que no pierdan la esperanza, porque vivimos en un país de terror”.
El dolor envejece, el sufrimiento envejece, tenemos una sociedad que sobre expone a la niñez a todo tipo de violencia, estamos criando niños con temores de viejos, antes le tenían miedo a la oscuridad, hoy le tienen miedo a la policía, no lo estamos dejando vivir su infancia, es así que la Mesa de Seguimiento de Sentencias emitidas por la Co-IDH, sigue con muchos retos en la vida, este espacio permite a las organizaciones integrantes, tener un “polo a tierra”, que nosotros mismos estemos pendientes y que el Estado no olvide cuál es su responsabilidad, finalizó Ruelas.
Cualquiera que sea el caso de violación a derechos humanos, ya sea por los territorios, pueblos ancestrales, culturales, ambientales, privados de libertad… todo repercute sobre la niñez, porque las víctimas tienen familia, sino hay un país que haga justicia a todos los sectores, no se construirá una sociedad justa.
Cuatro punto cardinales es un hito, pero a diario, se vive esa realidad, y le toca a organizaciones como Casa Alianza, ayudar a familiares a buscar jóvenes, acompañar a la morgue, buscar un ataúd o lugar donde enterrar, porque ni se les permite un velorio. La justicia es un tema de clases, es para los que detentan el poder y la riqueza, consideran los defensores de los derechos de la niñez, que ejercen su labor en Casa Alianza.
«En los últimos cuatro años el derecho a la vida y a la integridad personal han sido transgredidos en forma sistemática, hacia un sector claramente identificado. Bajo presunciones arbitrarias, agentes policiales, grupos organizados bajo la tolerancia del Estado y hasta venganzas de particulares han asesinado a adolescentes y jóvenes en distintas ciudades del país» (párr. 7), señala El dolor de la Ausencia, libro que compila testimonios de familiares sobre los asesinatos de niños, niñas y jóvenes en Honduras, editado por Casa Alianza.
En julio del 2015, se formó la Mesa de Seguimiento a las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Co-IDH, integrada por diez organizaciones defensoras de DDHH que representan siete casos cuyas sentencias están sin cumplir a cabalidad.
Sus integrantes son la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (CPTRT), Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC-SJ), Casa Alianza-Honduras, Caritas diocesana de San Pedro Sula, Pastoral Penitenciaria, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Familia de Carlos Luna, y la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD).
