Le guste o no le guste a los leguleyos, en Honduras el pueblo presume la culpabilidad en materia penal y no al revés.
La población conoce como ladrones a los ladrones, como narcos a los traficantes y a los lavadores de capitales, y como asesinos a los ex miembros del 3-16 y a muchos integrantes de la policía y el ejército.
SIN EMBARGO, en los tribunales y en los medios de incomunicación los jueces corruptos y los periodistas vendidos se empeñan en llamarlos imputados con derecho a la presunción de inocencia. Como si viviéramos en un Estado de Derecho. Como si esta dictadura fuera una democracia.
A contrario sensu, como bien decía hace unos años el periodista Napoléon Mayrena Tercero en Radio América, en la lucha contra la corrupción y la impunidad es más justo asumir a los imputados como culpables. Y no como inocentes.
Por eso todo el mundo aquí sabía que Callejas era como Ali Baba y que sus 40 ladrones se pusieron al frente del golpismo, y hoy esos pandoros conducen en Red la dictadura.
Con razón el poeta Roberto Sosa llamaba a Callejas el ladrón de las manos de ceda, y a la Corte Suprema de Justicia la casa de temibles abogados que perfeccionan el día con palabras que han adquirido el filo de una arma blanca. Y donde los jueces besan el puñal.
En esta lógica asistimos el próximo lunes al juicio oral y público contra los asesinos de la lideresa indígena lenca, la más emblemática después del tata lempira y Etempica, la carismática Berta Cáceres.
Los sicarios, sus contratistas y los ejecutivos de la empres DESA que ejecutaron el crimen, están de sobra identificados. Y deben ser sentenciados aunque el sistema quiera favorecerlos.
Pero como dijimos el sábado anterior, citando la reclamación universal del COPINH y de la familia Cáceres Flores, faltan los autores intelectuales que están en el banco FICOHSA, en el Partido Nacional, las Fuerzas Armadas y en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Y esos se creen dueños de los jueces. Y creen que pueden tapar el sol con billetes y con balas.
No es casual la campaña lanzada esta semana por el COHEP contra las comunidades hondureñas que rechazan la imposición de minas, represas y saqueos de las riquezas naturales. Se quejan de tener 2,700 millones de dólares paralizados por la resistencia popular.
Los empresarios parásitos agrupados en este cartel de presión creado por la embajada de Estados Unidos en 1967, hacen llamados en un comunicado a las fuerzas de represión policiales, militares y judiciales para que le tapen la boca a Guapinol y a todas las aldeas que rechazan sus proyectos de muerte.
En realidad se trata de un contra-ataque del COHEP a la campaña DESA CULPABLE lanzada la semana anterior por el COPINH y la familia Flores, antes del juicio de este lunes en Tegucigalpa.
Por este atrevimiento de los falsos empresarios es que ocurre esta semana un contraste verdaderamente hermoso, el mundo que conoció a Berta Cáceres ha comenzado a llegar paulatinamente a Tegucigalpa para acompañar al pueblo lenca en su reclamación de verdad y justicia. Y a todos los pueblos que luchan por defender su entorno.
Están aquí por el convencimiento que Berta no murió, se multiplicó en millones de seres y en millones de colectivos organizados. Y están aquí para hacerle saber a la señora Alin Flores y a su COHEP que los pueblos originarios se respetan, y que la memoria de Berta va a perseguirle siempre. Igual que a la familia Atala y a todas las familias inversionista de la muerte y la destrucción.
El campamento de solidaridad internacional instalado en esta capital es una prueba mínima que las organizaciones con influencia social y política en Norteamérica y Europa, están aquí para hacer la vigilancia del juicio. No se perdona ni se olvida una ofensa que no ha sido esclarecida ni castigada.
Y que a nadie le quepa duda que la gigantesca red mundial que tejió Berta tiene capacidad para abordar a los electores y a los políticos de los países donde se deciden las inversiones. Y a sus gobiernos, y particularmente a las empresas y a los bancos que ponen a rodar su dinero, muchas veces sin saber dónde los intermediarios lo colocan, sin respeto a nada ni a nadie.
Por eso hacemos llegar esta noche toda nuestra admiración y ternura a las comunidades concentradas en Guapinol, en el departamento de Colón, donde no han cesado de construir la solidaridad hasta expulsar la empresa irrespetuosa de la ley y de la vida que subió a su montaña con maquinarias destructoras, sin autorización de los que mandan. La gente es la que manda. Cuando no hay Estado de Derecho, la gente sensata es la que gobierna. Cuando no tenemos gobierno sino dictadura, es el pueblo valiente quien se autogestiona.
Entonces, la hora del juicio ha llegado. Y nos toca vigilar. Y acompañar. Empecemos por este caso, y vayamos por los demás.
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 15 septiembre 2018
