El silencio es enorme. Las revelaciones del informe de una comisión legislativa que investigó las actuaciones y las omisiones de los ex fiscales Chinchilla y Sibrián no fueron primera plana en los medios sumisos de la dictadura del crimen organizado.
No les conviene publicar las atrocidades que callaron por conveniencia, complicidad y publicidad.
La dirección de lucha contra el narcotráfico manipuló la escena del crimen de la coordinadora de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, Shirley Hernández, que investigaba las operaciones de Tonny Hernández en el occidente de Honduras.
La firma del agente que levantó las evidencias del asesinato disfrazado de homicidio fue falsificada para encubrir el hecho, en tanto el fiscal general Oscar Chinchilla originario de la misma ciudad donde ocurrió el crimen actuó en complicidad para facilitar la impunidad.
Como ese, el informe revela otros 15 casos de alto impacto cuyos detalles confidenciales fueron entregados esta semana al fiscal general Joel Zelaya, advirtiendo que en el expediente hay además casos de corrupción, narcotráfico, lavado de dinero y traición a la patria, entre otros.
En cajas, los anexos de esos crímenes fueron entregados al fiscal, indicando que la mayoría de los documentos fueron denegados por el Ministerio Público antes de su nombramiento, pero entregados por otras instituciones obligadas.
El documento más emblemático denegado por el Ministerio Público fue el dictamen de la Fiscalía de Defensa de la Constitución, que favorecía la reelección presidencial del jefe del crimen organizado, ese que será sentenciado el 26 de junio próximo en Nueva York, ese que alegaba violación de sus derechos políticos para reelegirse apoyado por los narcos.
Centrado en Chinchilla y Sibrián, el informe de la comisión especial del Congreso Nacional cumple en parte la aspiración popular de recuperar las instituciones del Estado de Derecho alineadas por la dictadura al servicio de los criminales.
No se trataba de las actuaciones de un fiscal general cachureco y otro colorado, en realidad se trataba de dos omisos con firma favoreciendo la dinámica depredadora de la seguridad ciudadana, concediendo el monopolio de la acción penal pública a las bandas y a los carteles.
Al perder las elecciones el coyote jefe de la manada, Chinchilla, el fiscal 5 estrellas de la embajada de Estados Unidos, salió corriendo a refugiarse a la Corte regional de Justicia en Nicaragua, desde donde pidió por correo el pago de sus prestaciones.
La Comisión que presidió la diputada Silvya Ayala recomienda al Fiscal Zelaya que solicite la suspensión de Chinchilla del cargo burócrata que negoció en Nicaragua y que sea sometido a investigación criminal. En cuanto a Sibrián, está escondido.
Rodeado de la delincuencia organizada que operaba desde el Ministerio Público, el nuevo fiscal general no tiene otra opción que suspender, investigar y requerir a las personas cabecillas que todavía están al interior agazapadas, esperando el regreso del fascismo electoral según su cálculo maquiavélico.
La Comisión recomienda, concretamente, cortar la cabeza de Soraya Cálix, la directora de lucha a favor del narcotráfico, que continúa al interior de la estructura actual a pesar de las múltiples señales que la sindican responsable de las operaciones de sus parientes perversos de Gracias, Lempira.
También la Comisión recomienda cortar al director de Medicina Forense por no reunir las calidades de forense exigidas por el cargo, y por el descuido negligente del banco de evidencias incluidos los restos óseos de víctimas de la doctrina de seguridad nacional recuperados de múltiples exhumaciones, pero tirados al piso con menosprecio humano.
No sabemos exactamente lo que hará el nuevo fiscal con este legajo de documentos que vienen ordenados por legisladores buenos, hombres y mujeres que reconocen el clamor de justicia emergiendo desde las profundidades del pueblo hondureño.
Nosotros deseamos precedentes, esperamos quizás demasiado sin reconocer el poder de las mafias que le sobreviven a JOH, el poder de los extorsionadores comunes, los extorsionadores privados, los extorsionadores legislativos.
Así como bien lo denunció el abogado Ramón Barrios, miembro de la comisión que investigó a los ex fiscales, existe una banda de extorsionadores legislativos que en reemplazo del dinero para no paralizar el Congreso piden bienes y servicios.
Piden, de acuerdo al diputado, aprobación de determinados decretos, bloqueo de determinadas reformas y nombramiento de determinadas personas en el engranaje.
Ahí está el problema, si el nuevo fiscal general tiene a los bandidos rodeando su despacho, tendrá que pedir el acompañamiento de la sociedad organizada para venir en romería hacia el Ministerio Público a pelar la cara de estos canallas que se burlan de Honduras.
La refundación de Honduras incluye la recuperación de la independencia de los operadores de justicia, que incluye fiscales, agentes de investigación, policía nacional, jueces y magistrados. Si esa enredadera se colude de nuevo con los sátrapas, estamos perdidos.
Pero si después del mazazo del juez Kevin Castel contra el líder de la manada golpeamos nosotros nuestro mazo local contra los líderes del golpismo y del cartel Hernández, la cosa se puede recomponer.
Que esta sea la próxima consigna de la lucha popular. Buenas noches
