Por Marvin Palacios y Riccy Ponce
Tegucigalpa.- La militarización de diversos espacios de la sociedad hondureña es vista como una estrategia de control, sometimiento, inteligencia estatal y vigilancia de liderazgos juveniles y magisteriales. En suma, es una política del régimen para la restricción de los derechos ciudadanos.
Como pieza clave en la ruptura del orden constitucional de 2009, los militares aumentaron su radio de acción, de tal manera que ahora, controlan por decreto, instituciones estatales como la Marina Mercante, Migración y Extranjería, centros penales, Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) y Dirección de Aeronáutica Civil, entre otras.
Y lo más grave aún, es que dictan políticas de seguridad ciudadana, un papel que suplanta la labor de la Policía Nacional, donde no poseen la formación y destrezas para tratar con la ciudadanía y desde 2010 han implementado un programa para niños, niñas y jóvenes denominado “Guardianes de La Patria”, fuertemente criticado por organizaciones de derechos humanos, porque viola legislación nacional y tratados internacionales relacionados a los derechos de la niñez.
Además los gobiernos nacionalistas recientes, repotenciaron a las Fuerzas Armadas (FFAA) otorgándoles el poder de decisión sobre la información que no puede publicarse. Reactivaron el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y crearon cuerpos militares-policiales como La Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad (Tigres) y la Policía Militar de Orden Público (PMOP), que ejercen ahora la seguridad interna del país.
Solo en 2018, el régimen destinó casi 100 millones de lempiras para la compra de armamento, drones, gases lacrimógenos, escudos y cascos, entre otros implementos. Todo esto, en medio de un contexto de inseguridad en el país, por lo que “no se descarta que la presencia militar en los centros educativos públicos, esté orientada a inmovilizar las manifestaciones estudiantiles y del gremio magisterial; en especial de aquellos colegios, que han sido centros de protestas y en el que se ejerce un mecanismo de control”, sostuvo la maestra Lucía Granados, directora del Instituto Patria del municipio de la Lima, departamento de Cortés.
No se descarta que sea una estrategia de control que va en consonancia a las políticas de sometimiento como país, por ser un país geopolíticamente estratégico para los intereses del gobierno estadounidense, comentó Granados.
Por otro lado, a medida que crecía el otorgamiento de las concesiones de los proyectos extractivos y de generación de energía eléctrica en el país, en esa medida ha aumentado la militarización, trayendo consigo graves violaciones a los derechos humanos, especialmente contra las comunidades indígenas que luchan por los territorios y los bienes comunes de la naturaleza.
Otros espacios dedicados a la enseñanza y a la cultura se han visto amenazados por la presencia de los militares. Se trata de la militarización de las escuelas y colegios a nivel nacional. Bajo la consigna de que brindan seguridad, su presencia genera temor y desconfianza. Según la Secretaría de Educación, los militares “brindan seguridad” a unos 40 escuelas y colegios a nivel nacional, la mayoría en los departamentos de Cortés y Francisco Morazán (los más violentos del país).
Algunas personas piensan que dentro de esos pelotones de efectivos verde olivo, se esconden agentes de inteligencia, encargados de identificar a líderes estudiantiles, o a quienes alzan sus voces en protesta contra el régimen dictatorial de Juan Orlando Hernández.
Después del golpe militar de estado en 2009, hemos ido perdiendo cada día el respeto a los derechos humanos y todo ha sido provocado por las acciones de las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), dijo Bertha Oliva, Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
“La militarización cada vez camina más, está posicionada y si no hacemos un frente común, volveremos a los viejos tiempos, volverán las viejas prácticas y tendremos los mismos resultados de los años ochenta; eso es lo que nosotras estamos viendo”, advirtió la destacada defensora de los derechos humanos.
Como hemos conocido los efectos de la militarización, cuando se implantó en los años ochenta, nos han colocado y nos han instalado el terror como un medio de agresión. Me pregunto ¿cuántas denuncias vendrán con la intervención que han hecho en las escuelas, en los colegios; los militares?. Hay escuelas y hay colegios, y no me lo han contado sino que he ido y visitado, donde los militares están dentro de los recintos, donde no pueden hablar mucho los maestros, peor los alumnos y alumnas y eso es terror, eso es militarización”, aseguró Oliva.
Para el pedagogo Javier Rivera, la militarización en los centros educativos afecta a los alumnos y a los docentes, tanto en la parte psicológica como en la parte emocional, una porque los alumnos y alumnas, no están acostumbrados a ver militares dentro o fuera de los centros educativos, y también que el proceso educativo de dar clases, que tiene el docente en cuanto a la libertad de cátedra, también se limita, porque “ahí están los policías escuchando, y usted sabe, que los policías también son miembros represivos de este gobierno”.
Rivera sostuvo que la presencia militar genera en los jóvenes una cierta aspiración para ingresar en los batallones o a la Policía Nacional, porque no hay fuentes de trabajo para la juventud y se vuelve tentador, se vuelve una opción favorable de ganar 12 mil o 13 mil lempiras y sin hacer mucho trabajo.
“He visto a muchos de mis alumnos, a muchos a los que yo les di clases, que ahora son policías de tránsito, policías de carreteras, de oficina; entonces no buscaron otra opción más que el de ser policía o militar”, comentó el maestro.
La militarización no debería darse en los centros escolares, porque con lo sucedido después del golpe de estado en Honduras, tanto la población como los maestros tenemos miedo y pavor, porque ellos no están para servir ni proteger a la población, ni en escuelas ni colegios, porque se ha visto que por cualquier cosa están preparados para reaccionar violentamente en contra de las personas con bombas lacrimógenas, con sus toletes y sus escudos.
Castillo añadió que “últimamente pues ya no respetan la vida porque hasta disparan bala viva, por eso yo, en lo particular no estoy de acuerdo que se militaricen los centros educativos. Es cierto que estamos bajo una política de militarización donde se ve a militares en las calles para disuadir, pero en realidad no hacen nada, pasan en lugares con sombra, chateando con sus teléfonos y no vigilan para ver si asaltan a la población”.
Entretanto, Edwin Hernández presidente del Colegio de Pedagogos de Honduras (Colpedagogosh) dijo que “en primer lugar, se nos reducen las posibilidades de dar una educación de calidad, puesto que se pierde la escuela en el sentido de que ya el profesor por temor al orejismo o a la presencia militar, entonces hay algunos temas que no los aborda porque podría parecer de interés del estado y que incomoden al mismo; en la forma en la que se imparte la clase”.
Hernández añadió que la militarización de la sociedad, pretende hacer creer que en la medida en que haya más elementos de las Fuerzas Armadas (FFAA), en esa medida es mejor para la población. “Lo que buscan en realidad es crear una cultura militarista y sobre todo con favoritismos hacia la cultura militar”.
Otra reflexión que resulta también importante, es la expresada por el Secretario de Formación del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras (COPRUMH), Daniel Esponda quien expresó: Yo creo que esto es una política del terror, en alguna medida de tener amedrentada a la población civil, porque no solamente es un amedrentamiento hacia los profesores si no también hacia los educandos, sobretodo en el nivel medio.
“Pero más allá de ello, creo yo, que la población está en una encrucijada, por un lado, la ola terrible de violencia que vivió el país y por otro lado; buscando mecanismos de protección, lógicamente en algunos tramos y en algunos pequeños sectores podrían pensar que las Fuerzas Armadas (FFAA) y que la policía, serían garantes de la seguridad en los centros educativos, pero lo que hemos podido ver al interior de los centros; es que ni los policías y los militares, están preparados para atender a los jóvenes”, declaró Esponda.
Según informes del monitoreo que realiza el Observatorio de Derechos de los niños, niñas y jóvenes en Honduras, que divulga periódicamente la organización Casa Alianza-Honduras, los homicidios múltiples registrados en los medios de comunicación escrita, suscitados durante diciembre de 2018, reportan la muerte en forma violenta de 9 personas, que ocurrieron en 3 matanzas. Desde enero de 2016 a diciembre de 2018, se reportaran 186 matanzas, con un saldo de 669 decesos.
Sólo en el mes de enero de 2019, se han registrado 11 masacres, con un saldo de 39 víctimas mortales.
Sin embargo, para el maestro Ruy Díaz, del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (COPEMH) se maquillan los resultados, este año ha sido horrible en cuanto a masacres, es decir el hecho de que se estén reacomodando los cárteles del narcotráfico, ha implicado por un lado esa violencia exacerbada y por otro lado ese intento desde hace diez años de limpieza social, igual ha generado ese tipo de situaciones, es decir se suman esos dos elementos, el reacomodamiento de narcotraficantes y la limpieza social, para agudizar el problema de la violencia en este país, que obviamente no se va a resolver con más policías ni con más militares, que es lo que quiere Juan Orlando Hernández.
El profesor Mario Argeñal, es docente en el Instituto Departamental de Oriente (IDO), es además comunicador social y líder de su comunidad. Argeñal aseguró que el propósito del régimen en militarizar las escuelas y colegios públicos, “está diseñado en los mecanismos de control, de reconocimiento, de intimidación y de edificación de miedos en contra de un sector organizado que, en el pasado, representó una de las fuerzas más importantes en materia de movilización en este país, sobre todo el papel jugado en contra el golpe de estado de 2009”.
Argeñal dijo a www.defensoresenlinea.com que el mensaje de la presencia militar en escuelas y colegios es “intimidatorio”, y el profesor percibe en ese marco que lo tienen identificado, se siente amenazado, se siente reconocido, vigilado. Y lo mismo pasa con los estudiantes, se sienten igualmente intimidados por la presencia de ese uniforme militar en los espacios escolares, de ese fusil militar que alcanza algunos objetivos como el tratar de instalar la cultura precisamente que, “lo militar es natural”.
Y otro elemento básico es acostumbrarse, o acostumbrarnos al control. Que ese control, que esa militarización se convierta en algo natural desde la perspectiva de los jóvenes, advirtió el maestro de educación media.
Por su parte, el director del Instituto Genaro Muñoz de Siguatepeque, Comayagua, Melvin Martínez, comentó que “ahora estamos viendo esta parte del proceso, donde son los militares los que sostienen un régimen dictatorial, porque la verdad es que si no fuera por el apoyo de los militares el régimen hubiese caído hace mucho tiempo, si los militares hubiesen tenido espíritu democrático verdadero; no hubieran tomado el régimen dictatorial que tenemos en Honduras”.
Martínez añadió que a la par del fortalecimiento al militarismo está el golpe fuerte al magisterio que pierde la capacidad de movilización, es sometido por los mismos militares, y entonces en la formación de valores, quienes deben hacerlo son los padres y maestros; pero en este sometimiento, salen los militares con este proyecto de Guardianes de la Patria, como sustituyendo a padres, madres y a las maestros y maestros, como queriendo aparecer ellos; como los grandes de la película, cuando todo mundo sabe que eso no es cierto.
“Algo más grave en el tema de la militarización que tenemos es que hace 10 años se ha creado un programa conocido como Guardianes de la Patria, que es otro mecanismo de militarizar y además de adoctrinar a la juventud desde temprana edad al servicio y a la acción militar”, aseguró la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva.
Oliva se preguntó ¿Por qué no mandar notas, por qué no hacer un trabajo, toda una hora de recolección de firmas, para mandar al Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) para que revise el programa de Guardianes de la Patria?, “que ahorita lo están vendiendo como la estrella, como lo mejor, porque los militares hondureños les enseñan “principios y valores”, y uno de esos principios es usar las armas, para dentro de poco ya, tener niños sicarios, ya no son jóvenes sicarios, sino niños sicarios. ¿A qué nos están llevando?, a un país en guerra sin declaratoria de guerra y sin que el pueblo y la ciudadanía deseamos pelear con armas, pero hacia ahí nos están llevando”.
¿Guardianes de la Patria o pupilos para el militarismo?
La Secretaría de Defensa a través de la Dirección de Planes, Políticas, Programas y Asuntos Civiles (C5) ejecuta desde el años 2010, el programa “Guardianes de la Patria” en centenares de escuelas y colegios de todo el país.
Dicho programa, tiene el acompañamiento de las secretarás de Salud y Educación, el Cuerpo de Bomberos, Scouts de Honduras, instructores militares, psicólogos, sacerdotes y pastores evangélicos.
Concebido como un proceso de capacitación de 3 meses, el programa que se desarrolla en 17 unidades militares a nivel nacional, está dirigido a niños, niñas y jóvenes con edades comprendidas entre los 5 a 23 años, que proceden de escuelas y colegios que sobreviven en un ambiente de violencia en zonas marginales, tanto urbanas como rurales de los departamentos de Francisco Morazán, Comayagua, Cortés, La Paz, Olancho, Valle, Choluteca, Colón, Copán, Gracias a Dios, y Atlántida. Para la formación se ha creado un Manual de Procedimiento.
Según las Fuerzas Armadas, con el proceso se busca que los jóvenes se alejen de las maras y pandillas, del consumo de drogas y de la violencia. Con 8 horas de actividades durante los fines de semana, los menores de 7 a 9 años, reciben clases de formación espiritual, juegos, lectura de cuentos, valores, autoestima y motivación.
Mientras que los niños y niñas en edades de 10 a 14 años, son formados en habilidades para la vida, prevención del VIH/SIDA, principios y valores, creatividad, educación ambiental, trabajo en equipo, autoestima, planes de vida, logros de metas y salud sexual y reproductiva.
Entre las edades comprendidas entre los 15 a 18 años (que incluye hasta menores de 23), los jóvenes y las jóvenes son instruidos en liderazgo, orientación laboral, orientación vocacional, orientación emprendedora, competencias socio-laborales, autoestima, logro de metas y VIH/SIDA.
Asimismo reciben Entrenamiento de Ejercicios de Orden Cerrado (EDOC), de “orden estrictamente militar” y las pruebas de confianza. El manual establece instrucción sobre caminatas, pista de obstáculos, paso de comando, descenso de la torre, pruebas de supervivencia, torre de paracaidismo y hasta estilo de corte de cabello.
Sin embargo para los educadores, como el maestro Daniel Esponda, Secretario de Formación del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras (COPRUM) expuso que: Yo creo que lo que hay allí es un claro proceso de reclutamiento, un claro proceso cargado de mucha ideología militar, aquí en Honduras pareciera que estuviéramos en estado de guerra y que desde temprana edad, se está preparando al personal para las acciones bélicas.
Esponda agregó que “a nosotros nos parece desde nuestra organización, que para tener alejada a la juventud de la violencia, no es con más violencia, porque la policía y sobre todo el ejército, lo que promueven es más violencia. Deberíamos de estar contratando profesores de arte, de actividades prácticas, que puedan desarrollar en jornadas contrarias, actividades lúdicas o deportes, eso deberíamos estar haciendo, no estar llevando armas, deberíamos de estar llevando instrumentos musicales, insumos para artes plásticas, para deportes y no pensar entonces que militares con actividades bélicas van a sacar de la violencia a muchachos donde normalmente la policía y el ejército son vistos como enemigos prácticamente”.
Se estima que desde su creación, Guardianes de la Patria “ha formado” hasta agosto de 2018, a 134 mil niños, niñas y jóvenes menores de 23 años.
La extensión del proyecto de la militarización de Honduras a través del adoctrinamiento militar a niños y adolescentes por medio de prácticas encaminadas al control social de forma influyente, eliminando el pensamiento crítico, y orientado al uso de las armas está en contraposición a los objetivos de la educación, que busca el desarrollo pleno del ciudadano en convivencia pacífica de compartir y de convivir en fraternidad, en gozo y en paz, expuso la directora Lucía Granados, directora del Instituto Patria del municipio de la Lima, departamento de Cortés.
“Guardianes de la Patria violenta conceptos constitucionales, que es la laicidad de la educación”, aseguró la educadora.
He escuchado sobre ese programa, y creo que es algo que no debería pasar en nuestro país, porque al contrario de eso, se debe promover la paz y los fundamentos morales y cristianos que podamos dar a nuestros niños, niñas y adolescentes, comentó Sara Sauceda.
“Los militares no son los más idóneos para brindar valores y principios a la juventud, yo creo que las primeras personas que debemos crear valores y principios somos nosotras como madres, padres, abuelas y tíos que estamos a cargo de nuestra niñez y los jóvenes”, afirmó Sara Sauceda que ha criado a sus hijos hasta llegar a la universidad y que ahora vela por sus sobrinos que estudian en escuelas públicas.
El programa, me parece que es una clara violación a los derechos humanos de los niños, porque los niños tienen el derecho de elegir sus espacios, su futuro, el derecho a decidir qué es lo que van a hacer y qué es lo que no, van a hacer, entonces eso; lo que está fomentando en los niños, es una consciencia de que sólo se puede ser militar, que sólo con una arma se es más hombre, se fomenta el machismo, se fomenta más la violencia, y vamos a tener al fin un país donde habrá más militares que ciudadanos comunes, comentó el profesor y padre de familia, Javier Rivera.
“Lo más lamentable es que muchos docentes se prestan para que estos militares entren a impartir y engañan a los niños con camisetas, con gorras, con medallas que les regalan a los niños como un premio, que es el mismo prototipo que usa la policías, donde, si hizo las cosas bien; le dan una medalla, lo mismo hacen en las escuelas”, sostuvo.
La Coordinadora de instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN) durante el Examen Periódico Universal (EPU) del 8 de mayo de 2015, cuando el estado de Honduras se sometió a una evaluación ante las Naciones Unidas, expuso que el proyecto impulsado por las Fuerzas Armadas (FFAA) con el apoyo del Poder Ejecutivo, contraviene el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relacionados a la participación de niños y niñas en los conflictos armados.
La institución militar está exponiendo a prácticas militares, a las armas y a una disciplina que no es propia para las niñas, niños y adolescentes; estigmatiza a las y los participantes como personas proclives o vulnerables al crimen. El Movimiento Mundial por la Infancia de Latinoamérica y el Caribe (MMI-LAC), exhortó el año pasado (2014) al gobierno de Honduras a revisar el proyecto «Guardianes de la Patria», y le recordó lo dicho por la Relatora Najat Maalla M’jid: «la mejor forma de combatir la violencia y la inseguridades es aplicar nuevas oportunidades y alternativas para las niñas y familias en situación de vulnerabilidad», expuso COIPRODEN.
“Nosotros creemos que con ese programa, las Fueras Armadas quieren llegar a volver como algo normal la militarización, volverlo fundamentalmente un fenómeno culturalmente aceptado, la intimidación aceptada, la edificación de la vida militar, aceptada”, indicó el maestro del Instituto Departamental de oriente (IDO), Mario Argeñal.
Desde su creación unos 135 mil niños y niñas han pasado por este programa. Las capacitaciones se realizan en los batallones militares, bajo la supervisión de las madres y padres de familia, según el órgano castrense.
Las Fuerzas Armadas (FFAA) sostienen que aquellos críticos del programa que afirman que es un plan que busca militarizar la conciencia de la niñez, no es así, porque para ellos, no es más que un proyecto de proyección, para evitar que ingresen a maras y pandillas. El programa es apoyado por la Secretarías y Educación, el cuerpo de Bomberos y médicos voluntarios. Y afirman que no incluye el uso de armas.
La Pedagogía del Garrote
Para Melvin Martínez, director del Instituto Genaro Muñoz de Siguatepeque, Comayagua, “este programa Guardianes de La Patria no es otra cosa más que sensibilizar la mente de los niños y también la mente de los padres, recuérdese que los niños que tenemos hoy, son los hijos de padres que no sufrieron la persecución del militarismo, la persecución de la cacería en los reclutamientos militares, entonces es como más fácil hacer parecer bueno el militarismo o la acción militar”.
En ese sentido yo considero que este proyecto, guardianes de la patria es parte de ese proceso de reposicionamiento de las Fuerzas Armadas (FFAA), penetrando la mente de los niños, hijos de jóvenes que ahora tienen de 20 a 30 años, que no sufrieron el proceso del reclutamiento militar obligatorio y entonces como que se les hace más fácil a ellos entrar por ahí, comentó el director del Instituto Genaro Muñoz.
Hace algunos años, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) practicó una encuesta a más de 400 personas, en su mayoría a niños y jóvenes para conocer su opinión en torno al programa.
Sobre las actividades del programa que más captan su “preferencia” y que son relevantes en orden de prioridad para los niños, niñas y jóvenes que participan del proceso, aparece en primer lugar, las charlas sobre temas de prevención de violencia, principios y valores. En segundo lugar, colocaron los juegos infantiles, ejercicios físicos y caminatas. En tercer lugar los jóvenes situaron los servicios religiosos y en cuarto lugar, “los ejercicios militares”.
Y en torno a lo que no les gusta del programa “Guardianes de la Patria”, los jóvenes encuestados respondieron que “no les gustan los entrenamientos pesados, la duración prolongada de las charlas, los panes duros durante los refrigerios, que si no están “firmes”, los obligan a hacer pechadas o culucas (ponerse en cuclillas), que están mucho tiempo expuestos al sol, que siempre dan la misma comida, que deben llegar muy temprano a las instalaciones militares y que no desayunan.
Al respecto, “desde la perspectiva pedagógica, eso es total mente negativo, que ya hace más de 15 años más o menos en Honduras, se suprimió el castigo corporal como mecanismo de formación, y de hecho, hay un código de la niñez que trata de explicar, que el castigo corporal no forma individuos libres ni en la casa, ni en el centro escolar”, así lo expresó el maestro Ruy Díaz, directivo del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (COPEMH).
Díaz apuntó que “ la presencia de estos organismos , es la continuación de esa pedagogía del garrote, que no lleva más que al amedrentamiento y a la formación de un ciudadano adulto temeroso, pero al mismo tiempo temeroso-agresivo, de allí que nuestra sociedad sea altamente agresiva con homicidios, muy desagradables por decir lo menos, en algunos casos”.
Si las Fuerzas Armadas aseguran que con este programa se busca rescatar a los niños, niñas y jóvenes en situación de riesgo social, entonces habría que preguntarse ¿cuál es la función de la Dirección de la Niñez, Adolescencia y familia (Dinaf), del Consejo de Prevención de Violencia hacia la Niñez y Juventud (COPREV), del Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social (PNPRRS), y de organizaciones no gubernamentales que se ocupan de este tema?
Los militares, “no conocen prácticamente nada sobre derechos humanos por no decir nada y los centros educativos en realidad deberían ser recintos de paz y de ciencia, es impensable siquiera la situación de creer , que un espacio donde hay un tipo en la puerta con una ametralladora, con pertrechos militares; se puede ejercer normalmente el ejercicio de aprendizaje, es absurdo”, comentó el profesor Daniel Esponda.
