Vamos a decirlo claro una vez más. Después de la Asamblea Constituyente de 1981 fueron las familias de migrantes árabes y judíos, representantes de industrias, y una pequeñísima élite caudillista nacional, quienes decidían la integración de la Corte Suprema.
Carlos Flores Facussé, Jaime Rosenthal, Mario Rivera López y Rafael Callejas, se reunían y decidían a quienes poner y a quienes quitar.
Después de repartirse los cargos del Congreso y los ministerios según la cantidad de votos obtenidos por el Ejecutivo, así se repartían los puestos de magistrados de su Corte partidaria. Era el consenso del parque jurásico.
Los magistrados y algunas magistradas servían para asegurar la impunidad de sus patrocinadores. La prueba es que no existe un juicio penal o administrativo que haya prosperado contra los dueños del poder judicial. Ni siquiera una denuncia abierta.
“Je je je je a mi la Corte me toca”, protestaba Jaime Rosenthal el día que fue reformada la ley para elevar a 15 el número de magistrados, en una proporción de 8-7.
Para entonces, el consenso del país funcionaba forzosamente alrededor de liberales y nacionalistas, dos hermanos siameses unidos por la sangre de una sola clase social burguesa, liberal, cristianoide, tradicional, violadora de derechos humanos e impune.
Esa tradición de la repartición, como bien sabemos, siguió intacta con el cambio del método de selección, porque la Junta Nominadora chocó igual con los dos jurásicos dentro del Congreso, que elige en última instancia a los suyos.
El paso del huracán Mitch cambió el escenario político hondureño haciendo surgir una nueva fuerza social y política que marcó el territorio nacional y creció con la participación activa de la ciudadanía en las tareas de reconstrucción y demandas de transformación nacional.
En enero 2009, el entonces presidente Manuel Zelaya – con el apoyo de las bases del partido liberal pero abandonado por la cúpula que controlaba Flores Facussé, Micheleti, Pinpon y Lizy Flores – decidió entonces tensar la cuerda antes de la elección de magistrados.
Aquel pulso, desigual en su momento, dio paso a la integración de una Corte impresentable dirigida por un abogado insípido leal a los Facussé, un fiscal nefasto y mediocre originario de Comayagua también leal a los Facussé, y una procuradora innombrable, hermana leal a la corrupción.
A partir del golpe de Estado, todo fue una simulación horrible del golpismo. Las instituciones miembras de la junta nominadora, aún las llamadas agrupaciones de sociedad civil, hicieron cuanta marrulla fue posible para enviar listas de candidatos leales al bipartidismo de los Hernández-Facussé.
Nueve nacionalistas, ocho liberales en la Corte, y un fiscal azul de Copán con un fiscal colorado de Teguz en el Ministerio Público. Esta composición perversa, fue alterada en diciembre de 2012 por Juan Orlando Hernández, el del uniforme naranja en Nueva York.
En horas de la madrugada (a las 04:00 horas), con el edificio rodeado por miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras, el Congreso Nacional del candidato presidente acordó la destitución de José Antonio Gutiérrez Navas, Gustavo Enrique Bustillo Palma, José Francisco Ruiz Gaekel y Rosalinda Cruz Sequeira, magistrados integrantes de la Sala Constitucional, opuestos a las malditas ZEDES.
Ese día, 12 de diciembre de 2012, no quedó ninguna duda quién es el dueño de los magistrados y para qué sirven. En 12 años, ese delincuente jefe de la manada extraditado en abril pasado por Estados Unidos no tenía en su contra un solo proceso penal por corrupción, tráfico de drogas o acciones de terrorismo en Honduras. Nada de nada. Igual que el ex presidente Mitch y sus ministros ladrones, agazapados en las sombras de la impunidad.
El pueblo de Honduras cambió. Lo demostró en 2013, en 2017 y en 2021. A pesar de las campañas de miedo, la brutalidad de policías y militares, y el dinero sucio de corruptos y narcos por separado y en racimo, el pueblo cambió la correlación de fuerzas políticas.
Hoy en el Congreso Nacional, el partido que controló todo el Estado durante 12 años es minoría. Los dos partidos en alianza, Libre y Salvador de Honduras, surgidos de las calles suman 60 votos y agregando a los liberales patriotas, la cifra sobrepasa holgadamente la mayoría.
Pero el cartel que acapara la mayoría de solicitudes de extradición en Centroamérica, controla todavía la Corte Suprema de Injusticia, esa que quiere botar la amnistía sin reconocer que son sus jueces en última instancia quienes deciden, y no los solicitantes de perdón del Estado o las organizaciones que acompañamos sus demandas.
En este nuevo contexto, las fuerzas que tienen más galillo quieren tragar más pinol, empezando por el COHEP, que extrañamente ahora sí quiere una Corte apolítica, es decir, un poder sin lealtades partidarias.
El pueblo organizado, por su parte, esta otra fuerza potente no necesariamente representada en las organizaciones tradicionales de sociedad civil o las confederaciones de trabajadores, demanda una nueva Corte Suprema que represente los intereses generales de la sociedad y del Estado. O sea, una Corte que no represente los carteles del narcotráfico ni las estructuras de corrupción.
Si eso no es posible en el contexto actual, el pueblo sin duda va a demandar que la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad implemente un tribunal independiente para juzgar a los delincuentes nacionales. Un tribunal de alzada, porque hay un clamor potente por la justicia, no jodan.
En dos semanas, 45 jóvenes menores de 18 años han sido víctimas de la violencia y los llamados operadores de justicia no son capaces con acciones, ni de prevenir ni de disuadir. Estamos hablando de operadores heredados de la dictadura narco-corrupta.
Es evidente que las nuevas fuerzas políticas, Libre y PSH, participan esta vez en la selección y elección de 15 magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, que deberán ser juramentados el 25 de enero del próximo año. Tienen una delegación de poder popular que les obliga a intervenir.
Es evidente que Carlos Flores Facussé y Tomás Zambrano quieren seguir nombrando magistrados en nombre del color azul y rojo, para su beneficio.
Es evidente que esa vieja realidad partidaria frente a la nueva realidad social de Honduras está en tensión. Está en debate, porque según la ley este mes de julio el Congreso Nacional debe realizar la convocatoria para conformar una Junta Nominadora o reformar su ley, para reflejar correctamente la nueva realidad política del país.
Si somos honestas, debemos aceptar que la mayoría de las instituciones y organizaciones proponentes están todavía bajo el control partidario de la organización criminal más grande de Centroamérica como definió el juez Kevin Castel al partido nacional de Honduras, con toda su cúpula en la lista Engel y en la lista del departamento de justicia de Estados Unidos.
Si seguimos como siempre, el control de la nominación de 45 abogados y abogadas sería exclusivo de esa estructura criminal, serían representantes de los uniformes blancos del Congreso, de los disfraces naranjas de Nueva York y de los vestidos rojinegros pinoleros de Ometepe, como bien ha ilustrado Luis Zelaya. Y eso no puede ser admitido.
Las reglas del juego deben cambiar. Es una obligación ética reducir al menos el margen de discrecionalidad de la junta nominadora y reformar el mecanismo de elección en el interior del Congreso. Méritos, idoneidad, transparencia, independencia y humanidad deben estar en primera línea. En eso no hay pérdida.
La embajada de Estados Unidos, la Unión Europea y las Naciones Unidas deben saber interpretar estos deseos y aspiraciones del pueblo hondureño, que ha padecido un nivel de impunidad sobre el 95% en los últimos 15 años. Jamás volver a ponerse vulgarmente del lado de los delincuentes golpistas.
La ingobernabilidad de Honduras no es provocada por los sectores empobrecidos ni por las fuerzas de resistencia al modelo narco neoliberal ni por Mel Zelaya o Salvador, esta incapacidad de administrar los conflictos en democracia es la sola responsabilidad de la elite que se adueñó del poder judicial, de los medios de desinformación y las iglesias que diezman el poder del pueblo.
Vamos a continuar en las próximas semanas con este debate, porque la justicia nos importa demasiado. Sólo vean ustedes, las familias víctimas de la desaparición forzada hemos tenido que andar por años en las cortes interamericanas y en la corte penal internacional demandando justicia, porque localmente los malditos culpables han sabido evadir los procesos ayudados por los dueños de los tribunales.
Vamos a continuar en esta discusión, porque además de ser un valor universal la justicia es un derecho humano. Es nuestro deber sacar la discusión de los cuartos oscuros, reconociendo que es un tema del poder político, un ámbito del poder en el cual el pueblo tiene parte. Es una discusión a la luz del día, que nos convoca. A estar alertas y a movilizarnos, si es preciso esta vez mostrar el músculo ante esas fuerzas de las tinieblas que operan con testaferros y testaferras…
Buenas noches
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 9 de julio de 2022
