Por Marpa
Tegucigalpa.- “Lo que se juega en Honduras, con este Golpe de Estado, es la dimensión política y simbólica de un enfrentamiento más general a nivel continental que expresa una contraofensiva creciente de la derecha más conservadora tanto en el plano económico como militar”.
Así interpretó el analista Carlos Aguilar, investigador del Instituto Brasileño de Análisis Social y Económico (IBASE), en su artículo titulado “Cómo y por qué del Golpe de Estado en Honduras”, publicado en la Revista Realidad.
Aguilar sostuvo que cuando al Presidente Manuel Zelaya, se le ocurrió convocar a una consulta el 28 de junio (no se trataba de una ocurrencia del presidente en sí misma, sino de una demanda creciente de sectores sociales que vienen luchando por mayores espacios de participación política), para saber si el pueblo hondureño quería establecer una Asamblea Constituyente y modificar algunos aspectos de la Constitución que resultó de la reforma de 1982, olvidó algunas lecciones que no deben pasarse por alto.
“En primer lugar, que las democracias centroamericanas no suponen la participación efectiva de la población (es decir, se dicen democracias, pero nadie debe tomarse esto en serio), en segundo lugar ningún proceso en la región que suponga un enfrentamiento con las élites de poder, así sea resultado de un fraccionamiento del poder local (como es el caso de Manuel Zelaya) puede llevarse a cabo sin una intensa preparación, fortalecimiento y movilización de los sectores populares”.
“Tercero que la cúpula militar (días antes del Golpe, el Presidente Zelaya destituyó al Jefe del Estado Mayor Conjunto y aceptó la renuncia del Ministro de Defensa, lo que era una señal clara de que preparaban un Golpe de Estado) históricamente ha tenido más poder que el presidente en cualquier país de la región (exceptuando el caso de Costa Rica) y que sus alianzas alcanzan desde los grupos empresariales hasta la jerarquía de la Iglesia Católica, como lo demostró el Cardenal Rodríguez. En Centromérica, la política huele a pólvora e incienso (business are business, dixit)”, señaló el articulista.
En el informe “Honduras: derechos humanos y golpe de estado” del 30 de diciembre de 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)resaltó que producto del golpe de estado se produjeron graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo muertes, declaración arbitraria del estado de excepción, represión de manifestaciones públicas a través de un uso desproporcionado de la fuerza, criminalización de la protesta social, detenciones arbitrarias de miles de personas, tratos crueles, inhumanos y degradantes y malas condiciones de detención.
La CIDH denunció la militarización del territorio, aumento de las situaciones de discriminación racial, violaciones a los derechos de las mujeres, serias restricciones arbitrarias al derecho a la libertad de expresión y graves vulneraciones a los derechos políticos. La CIDH también comprobó la ineficacia de los recursos judiciales para proteger los derechos humanos.
En cuanto a las primeras reacciones de la comunidad internacional respecto del golpe de Estado en Honduras, la BBC Mundo destacó que varios gobiernos han condenado lo que denominaron un «golpe de estado», entre ellos el de Venezuela y el de Bolivia.
La Unión Europea lo calificó de «golpe militar» y pidió que se reinstaure el orden constitucional.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, convocó una reunión urgente del Consejo Permanente para analizar la crisis y «defender la estabilidad democrática» en ese país.
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, expresó su «profunda preocupación» por los acontecimientos e instó a todas las partes a respetar «las normas democráticas».
Sin embargo, el 3 de septiembre de 2016, el portal en internet: eldiario.es reprodujo una nota del New York Daily News que reveló la participación de la ex Secretaria de Estado de Estados Unidos, Hilary Clinton, en el golpe de estado en Honduras.
Clinton habría dicho que “en realidad hicieron todo acorde a la ley al deponer al presidente Zelaya. No me gustó cómo lo hicieron ni cómo se vio, pero tenían fuertes argumentos basados en la constitución y en antecedentes legales.”
Pero las acciones militares fueron ampliamente condenadas como un golpe de Estado por muchos gobiernos de América Latina, por la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE), y la Organización de Estados Americano (OEA), que suspendió a Honduras.
Hugo Llorens, el embajador de Estados Unidos en Tegucigalpa, estuvo de acuerdo. En un cable diplomático revelado más tarde por WikiLeaks, escribió que si bien era posible que Zelaya hubiera “cometido ilegalidades”, “no hay dudas de que el ejército, la Corte Suprema y el Congreso conspiraron el 28 de junio en lo que constituyó un golpe de Estado ilegal e inconstitucional contra el Poder Ejecutivo.”
En su autobiografía titulada Hard Choices (Decisiones Difíciles), Clinton narra que el presidente del Congreso de Honduras, Roberto Micheletti, y la Corte Suprema del país “alegaban estar protegiendo la democracia hondureña contra el poder ilegítimo de Zelaya y nos advirtieron que el presidente buscaba convertirse en un nuevo Chávez o Castro”.
“Ciertamente, la región no necesitaba otro dictador, y muchos conocían bien a Zelaya como para creer en estas acusaciones contra él.”
Pero Zelaya no se hubiera beneficiado del referéndum propuesto, argumenta Christine Wade, profesora de Ciencia Política y Estudios Internacionales del Washington College. Wade, que describe a Zelaya como “un oportunista y un pragmático, pero definitivamente no un izquierdista”, dice: “El referéndum no hubiera tenido ningún impacto en las elecciones de noviembre. Zelaya no hubiera podido extender su poder.”
Wade cree que el verdadero crimen de Zelaya fue enfurecer a los grupos poderosos de hondureños al obligarlos a llegar a acuerdos para cerrar las muchas disputas de territorios en el país.
Clinton dice que llamar “golpe militar” al golpe militar hubiera empeorado el sufrimiento de los hondureños de a pie porque habría llevado a la suspensión de la ayuda de Estados Unidos.
Durante las semanas que siguieron al golpe, Zelaya hizo tres intentos de volver al país, los cuales fueron descritos por Clinton como imprudentes. Ella dice que en ese momento su prioridad era que se eligiera un nuevo líder para que hubiera una transición ordenada.
En una entrevista brindada a Mundubat, organización de derechos humanos del país Vasco, la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, señaló que el 5 de julio de 2009, cuando los militares dispararon “bala viva” en contra de la multitud que se manifestaba en las afueras del aeropuerto Toncontín, se produjo la muerte del primer mártir de la resistencia contra el golpe de Estado. Se trató del joven Isi Obed Murillo. Se registran más de cien muertes violentas de ciudadanos y ciudadanas que salieron a las calles para condenar el Gope de Estado.
El brutal ataque de las Fuerzas Armadas (FFAA) se produjo cuando el presidente Manuel Zelaya intentó retornar al país para recuperar el orden constitucional.
“Fue un momento muy fuerte, paralizante, golpearon a toda la masa reclamante, dispersaron a la concentración. Y hubo muchos heridos que por milagro salvaron sus vidas”, sostuvo Oliva.
“De haber revertido el golpe militar de 2009, no tendríamos el quiebre que hoy se tiene en la pérdida del estado de derecho”, aseguró la reconocida defensora de los derechos humanos.
