Tegucigalpa, Honduras.- Este día, 25 de mayo, se conmemora al y la periodista hondureña. Diferentes entidades públicas y privadas acostumbran a dar reconocimientos en placas, pergaminos, efectivos u otros incentivos, utilizando nombres de reconocidos hombres y mujeres que utilizaron el poder de la información para denunciar lo que acontecía en el país, de acuerdo a sus épocas.
Sin embargo, la falta de voluntad política, trata de implementar el olvido para que el Estado no pague la deuda de justicia, verdad y reparación con periodistas y comunicadores sociales que fueron detenidos desaparecidos en la década de 1980 con la implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional, bajo el dominio estadounidense; y los asesinatos ocurridos post golpe de Estado ante posturas incomodas para la dictadura impuesta desde 2009.
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), registra 184 víctimas de desaparición forzada en ese tiempo mal llamado “década perdida”, y lucha por la defensa de la Memoria Histórica y los sueños de liberación e igualdad de las víctimas que ejercieron una importante labor informando al pueblo hondureño.
El día del Periodista hondureño concuerda con el inicio de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, por lo que es oportuno mencionar a dos hombres cuyo legado no pudo ser arrebatado por los escuadrones de la muerte.
Tomás Nativí Glavez, cofundador y director del periódico Unión Revolucionaria del Pueblo (URP), que en la actualidad sigue publicándose bajo la coordinación de Carlos Acosta, mantiene el espíritu combativo, solidario, firme, leal y tierno, que dejó en sus escritos, pensamientos y sueños. Esta publicación mensual e impresa es parte del proyecto de liberación que Nativí emprendió en el inicio de la década de los 80, junto a un grupo de compañeros.
Víctima de persecución, detención y amenazas, fue Detenido-Desaparecido el 11 de junio de 1981, en Tegucigalpa. Su esposa, Berta Oliva, coordinadora general del COFADEH, sostiene la búsqueda constante, a través de la defensa de los derechos humanos y la Memoria Histórica, siguiendo la línea del profesor Tomás Nativí Gálvez, quien le obsequió un texto de “Introducción al Periodismo” y que cargó por mucho tiempo.
Mientras que en la zona norte, escribía el periodista José Eduardo López, su tema principal era la justicia social, igualdad y respeto para todos y todas. Fue detenido desaparecido el 24 de diciembre de 1984, en San Pedro Sula, pese haber denunciado el hostigamiento y torturas en diferentes ocasiones, incluso pedir asilo, el cual se le negó.
Su familia debió huir del país, desde 1985 se establecieron en Canadá desde. En 2009 crearon la Fundación de Becas Educativas en Memoria de “José Eduardo López“, coordinada por su esposa Nora Melara-López. Parte de sus logros es que en Bélgica existe un monumento en memoria del periodista hondureño y demás detenidos desaparecidos.
De las víctimas asesinadas de medios de comunicación en las últimas dos décadas, el 90 por ciento están en la impunidad, las autoridades correspondientes no han ejecutado acciones contra los responsables del acallar la voz de Juan Carlos Argeñal Medina (43), corresponsal de Globo TV en la ciudad de Danlí, El Paraíso, al oriente del país; y dueño del canal de televisión Vida Tv. El hecho sucedió el sábado 7 de diciembre de 2013, al interior de su vivienda que también era la oficina del medio de comunicacioón.
Juan Carlos denunció represalias en su contra por difundir actos de corrupción en el sistema de salud de Danlí, asi como en la municipalidad. Su hermano, el también comunicador social, Mario Argeñal, es acompañado por el COFADEH, para que el caso no permanezca en la impunidad.
El 14 de marzo de 2010, Nahúm Palacios Arteaga, fue asesinado en la ciudad de Tocoa, departamento de Colón, a bordo de un vehículo. Trabajaba para Canal 5 y radio Tocoa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pidió protección para él, desde el 24 de julio de 2009, pero no se hicieron efectivas,
Con el deseo de justicia, falleció su padre, don heriberto Palacios, el 18 de febrero de 2018, a causa de depresión, por la muerte de su hijo, dejando también un vacio en la familia del COFADEH, con quien compartió en sus últimos años de vida.
Uno de los crímenes más recientes, es el del defensor de derechos humanos y comunicador social del departamento de Gracias a Dios, Buenaventura Calderón Ramírez, 73 años, asesinado en Puerto Lempira, el 31 de octubre de 2019. Iba acompañado de su esposa quien murió momentos después. Era comunicador social en la radio Católica, coordinador departamental del partido Libertad y Refundación (LIBRE), amante de su tierra, defensor del territorio y de su lengua materna miskita. Fue referente para el COFADEH en temas de Memoria Histórica.
Unas 80 personas trabajadoras de medios de comuicación han sido asesinadas en el país, considerado por organizaciones internacionales, entre los más peligrosos para ejercer esta profesión, pese a que existe un Mecanismo Nacional del Protección para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, continúan las amenazas, incluso como lo sucedido al inicio de la cuarentena para evitar la propagación del COVID-19, que, en el marco de la suspención de garantías constitucionales, el Decreto Ejecutivo PCM 021-2020 también suspendía el derechos a la libertad de expresión.
La coordinadora general del COFADEH, Bertha Oliva, envío el 20 de marzo pasado, una carta al Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, en donde denuncia al régimen de Juan Orlando Hernández, por la suspensión de garantías constitucionales, que afectan la libertad de expresión y el acceso a la información.
Aunque el régimen quitó de sus restricciones, el derecho a la libertad de expresión, los ataques contra periodistas en el marco del toque de quedad, impuesto desde el 16 de marzo, continúan, especialmente ejecutados por policías y militares a nivel nacional, así como autoridades locales que impiden la labor informativa.
Los comunicadores sociales Adelino Aquino Ramírez y Pablo Isabel Hernández Rivera, denunciaron ante el COFADEH que el Alcalde Efraín Guadalupe Muñoz, de San Marcos de Caiquín, departamento de Lempira, los intimida y estigmatiza. Los acusó de ser un grupo de maleantes porque cubren un cerco comunitario indígena de bioseguridad.197 El alcalde utiliza medios de difusión de municipios vecinos para descalificar su trabajo, entre estos radio Congolón de Gracias, Lempira.
El 23 de abril de 2020, el alcalde de la Lima, Cortes, Santiago Motiño, bloqueó con tierra las entradas principales a la colonia del SITRATERCO donde reside el periodista Orlando Escoto, quien se contagió de COVID-19 y otros miembros de su familia. Con la medida, el Alcalde no sólo afectó la movilidad del periodista, también afectó a otros vecinos que habitan en las 10 cuadras aledañas y otras zonas bloqueadas.
-Los anteriores, son algunos de los casos mencionados en el segundo informe situacional durante la crisis sanitaria del COVID-19: DEL MITCH AL GOLPE Y DE LA PANDEMIA AL AUTORITARISMO CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS, que registra hechos del 1 al 30 de abril.-
Entre los últimos ataques contra periodistas, es el que denunció Dassaev Aguilar, corresponsal internacional de Hispan Tv, «Una vez más la barbarie aplicada por el presidente Juan Orlando Hernández contra los medios de comunicación que él considera no afines a su política e imagen salió a la luz. Una detención por más de una hora con amenazas, agresión física, e intimidación», denunció el medio Iraní.
Mientras que, el periodista Josué Quintana Gómez, fue suspendido de su puesto en Diario La Tribuna, de Tegucigalpa, al oponerse a firmar una deducción salarial del 20 por ciento, en un acto de “solidaridad” con el medio de comunicación en consecuencia de las pérdidas ocasionadas por la pandemia del Covid-19, denunció el Comité por la Libre Expresión.
