Tegucigalpa.- En el área centroamericana los ataques a los defensores de derechos humanos ha tenido una tendencia creciente, donde son amenazados y perseguidos, estigmatizados y difamado, denunciado erróneamente, arrestado, herido o incluso asesinado.
Así lo señala el informe “Criminalización de personas defensoras de derechos humanos en Centroamérica”, hecho público este jueves por la Mesa Redonda América Central Alemania, a través de un foro digital denominado “Cuando la justicia se trasforma en injusticia”.
En el mismo participaron Bärbel Kofler, Encaragada por los Derechos Humanos del Gobierno Alemán; Anabella Sibrián, directora de Protection International Mesoamérica en Guatemala; Edwin Espinal, defensor de derechos humanos criminalizado en Honduras; Sonia Sánchez, defensora de derechos humanos en El Salvado y Edy Tábora, abogado del Bufete Jurídico Justicia para los Pueblos en Honduras.
La criminalización no es el único riesgo que corren los defensores de derechos humanos en Centro América, también hay otros problemas como la libertad de expresión, la destrucción del tejido social en las comunidades, la militarización y la vigilancia, los ataques e intimidaciones, y la estigmatización.
Otro de los elementos que surgió en el foro fue la impunidad, el que es utilizado por las personas que se concentran en el poder para hacerla valer para así mismo, para mantener sus privilegios y de esta manera castigar a quienes se oponen a sus intereses.
“La criminalización es la utilización de marcos jurídicos, de estrategias, de acciones políticos judiciales con la intención de dar un tratamiento de ilegítimo o ilegal a la defensa de los derechos humanos”, señaló Anabella Sibrián, directora de Protection International Mesoamérica en Guatemala.
Añadió que estos Estados que han sido cooptados por grupos económicos su finalidad última es agredir a las personas defensoras de los derechos humanos, con la intención de sentar un precedente.
En Honduras, después del golpe de estado de 2009, se implementó un modelo de despojo que vino a modificar el marco legal relacionado con los concesionamiento de los recursos naturales, y también se implementó un modelo político que vino a afectar a toda la ciudadanía, sostuvo el abogado Edy Tábora, del Bufete Jurídico Justicia para los Pueblos en Honduras.
Después del golpe de estado, cuando se comienza a implementar las concesiones, se inicia una criminalización muy particular para las personas que participaban en la defensa de los recursos naturales, las acusaciones fueron evolucionando de acuerdo al respaldo nacional e internacional que recibían los defensores.
“Vemos que las acusaciones comienzan por delitos de manifestación ilícita y obstaculización de planes de manejo, y ahora nos estamos enfrentando a una criminalización totalmente evolucionada, ya que se orientan a presentar otro tipo de delitos como el de usurpación, amenazas y coacciones; y en el 2017 comenzaron a aplicar a los defensores la figura del delito de ocupación del espacio público”, señaló Tábora.
Agregó que en el caso de los defensores de Guapinol “fusionaron los delitos que venía acusando como usurpación, amenazas, coacciones y ocupación del espacio público, con delitos relacionado con el crimen organizado, entonces comenzaron a acusar por incendios, privaciones injusta de la libertad, portación de armas, robos y asociación ilícitas”
“El caso de Guapinol se complejiza porque fusionan estos mecanismos de criminalización, y creo que hemos sobrepasado a Guapinol porque en los últimos casos están siendo acusados por una nueva figura que es el desplazamiento forzado”.
El encarcelamiento en prisión de máxima seguridad por participar en manifestaciones, personas defensoras del medio ambiente en prisión preventiva por años, prohibición de organizaciones de derechos humanos, persecución de la protesta pacífica, son algunas facetas de la criminalización creciente de las personas defensoras de derechos humanos en Centroamérica.
Lo que distingue la criminalización de otros ataques es el uso selectivo de las leyes contra las y los defensores. Esto da a la represión una apariencia de legitimidad, las personas sienten la omnipotencia del Estado y de las grandes empresas.
“Hemos sufrido mucha represión por parte de los entes del Estado encargados de dar seguridad, quienes han sido entrenados y dar persecución a todas las personas que nos oponemos a este régimen dictatorial en Honduras”, señaló el Edwin Espinal, quien permaneció más de año y medio preso en una cárcel de máxima seguridad por participar en las protestas contra el fraude electoral de 2017.
Desde el golpe de estado de 2009 ha sido víctima de persecución, secuestro, amenazas, allanamientos, detenciones, encarcelamiento y enjuiciamiento. El 13 y 14 de septiembre va a juicio y oral público por los delitos de daños agravados, incendio y uso de material explosivo de fabricación casera, en perjuicio del Hotel Marriot en Tegucigalpa.
Sonia Sánchez, una defensora de derechos humanos de la organización de Mujeres de Santos Tomás en El Salvador, enfrenta acusaciones por el delito de coacción junto a otras tres personas, por oponerse a un proyecto habitacional que va a afectar el medio ambiente en el municipio que habita.
“Que te criminalicen por defender los derechos humanos trae consecuencias y efectos en la vida de las personas que defendemos estos derechos, por ejemplo afectaciones físicas, emocionales”, señaló Sonia Sánchez.
Agregó que cuando se ganan las demandas y les absuelven de los delitos, las cosas no finalizan ahí, las empresas continúan con sus amenazas, las agresiones y los allanamientos contra las viviendas de las personas que se oponen a los proyectos destructivos del medio ambiente.
“Hay situaciones de impotencia que nos lleva a pensar que las instituciones públicas que deben garantizar los derechos de quienes defendemos los derechos, están a favor de las grandes empresas”.
Finalmente indicó que están impulsando una propuesta de Ley que reconozca y busque la protección de las personas defensoras de los derechos humanos, porque no tienen un marco legal nacional específico para las personas que realizan la defensoría de los derechos humanos.
