El pasado 23 de febrero Bertha Oliva, co-fundadora del Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH), recibió el Premio Internacional de Derechos Humanos Emilio Mignone 2022 en Argentina. La organización de derechos humanos COFADEH, que acaba de cumplir cuarenta años, nació de un grupo de doce familias que se conocieron recorriendo los juzgados de Honduras en búsqueda de sus familiares desaparecidos. Estuvieron presentes en la fundación de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM) en 1981 y desde entonces no pararon de defender los derechos humanos. La entrega del premio es un acto de reparación simbólica que condensa una significación profunda.
En Honduras, a pesar de que los militares prevalecieron institucionalmente en el poder político del país desde 1963, la violencia estatal terrorista desembarcó hacia el final de la década del setenta y continuó con el arribo de la democracia electoral y del gobierno civil en 1982. Gracias al trabajo inconmensurable de COFADEH, el Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos de Honduras logró establecer que entre 1980 y 1993 se registraron un total de 179 desapariciones forzadas, aunque el 30% se registró en el año 1981 y el resto de distribuyó de forma más o menos pareja entre 1982 y 1985. Lo que genera un interrogante muy importante de investigar es que la mayoría de los desaparecidos no fueron hondureños, sino nicaragüenses, salvadoreños, costarricenses, guatemaltecos, venezolanos, argentinos. ¿Existió coordinación supraestatal de la represión? El informe del Comisionado señalaba la responsabilidad argentina, pero no lograba demostrarla cabalmente. Las dudas e imprecisiones sobre el rol de Argentina en Honduras llevaron al Comisionado a continuar la investigación y tramitar, mediante el gobierno de Argentina, información sobre las presuntas misiones secretas. Sin embargo, según el informe de 1998, no recibieron respuesta.
Motivadas, en parte, por estas deudas históricas, algunas integrantes del Grupo de Trabajo de CLACSO Violencias en Centroamérica trabajaron estos interrogantes y han podido esclarecer que Argentina colaboró en la “lucha contrasubversiva” en Honduras durante la última dictadura militar argentina (1976-1983), que el triunfo de la revolución sandinista en 1979 fue un acelerador de los vínculos ya establecidos previamente y que se suscribieron convenios financieros, comerciales y de cooperación científico-técnica. La investigación demostró, además, cuál fue el personal militar argentino que viajó para promocionar cursos y armas y ofrecer inteligencia; pero sobre todo demostró cuál era la institución con sede en Honduras que nucleaba a las Fuerzas Armadas de diferentes procedencias para la coordinación en inteligencia y operaciones e identificar a los asesores militares, a la institución asesorada en Honduras y la fecha de inicio de la asesoría.
La entrega del premio a COFADEH es una forma de expresar la reafirmación de los derechos humanos, de destruir los lazos entre los Estados gestados en el terror y de rechazar el negacionismo de la década de los noventa. De esta forma se apuesta a la memoria y a la verdad, dos pilares que requiere la lucha contra la impunidad.
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