Por Marvin Palacios
Tegucigalpa.- Con la ratificación de la condena a 10 de reclusión por seis delitos de difamación constitutivos de injurias, emitida por la sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra el director de Radio Globo, el periodista David Romero, se envía un claro mensaje de parte del régimen dictatorial de Juan Orlando Hernández al pueblo hondureño, en el sentido que tanto la libertad de expresión como el derecho a la información, pueden ser conculcados a su antojo.
Así lo dio a conocer la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, durante su comparecencia en el programa radial “Voces contra el Olvido”, que se transmite por la cadena Radio Globo todos los sábados a las 7:00 pm.
Siempre hemos creído que la libertad de expresión es un tema fundamental y que es el eje o la columna vertebral para que se puedan sostener las democracias en los países, sostuvo Oliva en la emisión del sábado 12 de enero de 2019.
“Cuando se atenta como se ha venido atentando en contra de la libertad de expresión y el derecho a la información, y lo hacen a través de periodistas o a través de medios que no necesariamente recogen la orden desde la dictadura, lógicamente se enfrentan a situaciones como éstas”, señaló Oliva.
Oliva añadió que me parce que en todo esto, es un mensaje también para todos los que hacemos uso del tema del derecho a la información y la libertad de expresión.
“A nosotras no nos extraña por el momento en que estamos viviendo, recuerden que estamos a pocos días para que se cumpla un año de la toma ilegal y arbitraria del control del estado de Honduras por una fuerza dictatorial y eso entonces se traslada en ir viendo cómo se mandan mensajes y ataques directos a las personas, organizaciones y gentes que puedan colocar este tema como fundamental en la fecha que se avecina”, sostuvo la Coordinadora del COFADEH.
El editorial del COFADEH, divulgado en la emisión de radio afirma entre otras cosas que: “…aquí lo que está sobre nuestras cabezas, las de todos y todas, es una guarizama filosa en manos del crimen organizado que desde el Estado quiere azorarnos para dejarnos quietas…”.
Más adelante sostiene que: “…Con el golpe de Estado, desde 2009 hasta la fecha, esa misma dinastía coludida con los nuevos apellidos Hernández, Rivera y Oliva reformaron la ley para poner toda la información pública en condición de reservada y secreta. Pusieron un candado al derecho de la gente a pedir acceso a lo público…”.
Y finalmente, el editorial destaca que: “…Paralelamente, esta colusión del crimen organizado aprobó normas violatorias a la libertad de expresión como la ley antiterrorista, ley de escuchas, ley de inteligencia y la aplicación de programas electrónicos de invasión a la secretividad de las comunicaciones, entre otras…”.
“…El individualismo autoritario del Mitch y el golpismo, juntos, han creado una amenaza brutal a la libertad de expresión que se expresa en nuestros días en un sistema de medios de comunicación bajo el control absoluto de la Casa Presidencial. Una especie de cartel organizado para el terrorismo mediático, que impone la agenda de la muerte, del chiste tonto y la falsa normalidad, incluyendo el silencio delincuencial como convenga…”.
“…Ese silencio también tiene su propia ley. Se llama la Ley del Cange Publicitario. Las empresas de comunicación no pagan impuestos al Estado pero a cambio deben divulgar todo lo que el gobierno ordene, y callar todo aquello que sea inconveniente a sus intereses mutuamente compartidos. Un verdadero bozal, vergonzozo, condenable, que debe ser eliminado bien pronto…”.
“….Las excepciones a esa barbaridad existen por supuesto. Sin embargo, la regla es contra la sociedad. Por eso no podemos aceptar en nombre del honor, la fama y el buen nombre, que la dictadura del crimen organizado utilice el derecho penal para criminalizar la libertad de expresión…”.
“…En las últimas horas ha sido bien explicado. Los excesos de la libertad de expresión contra personas naturales, que no sean funcionarios públicos sujetos a la veeduría pública, deben ser resueltos en el ámbito civil como corresponde pero, no utilizar nunca las cortes para criminalizar un derecho colectivo, de naturaleza absolutamente social como es la libertad de expresión…”.
“…Ningún Estado debe repetir prédicas moralistas para hacer libertad responsable ni emitir opinión objetiva. Eso no le corresponde a ustedes, señores. Los efectos ulteriores en el ejercicio de este derecho le corresponden a las partes, ellas saben que las pruebas de la real malicia deben ser aportadas ante juez por la parte acusadora. Igual, ningún Estado debe imponer el honor por encima de la libertad. El Estado debe atenerse al escrutinio público, siempre…”.
“….Claro, esto es irónico porque el de Honduras no es un Estado… es un cartel…”. Así finaliza el editorial emitido por el COFADEH durante la emisión del programa Voces contra el Olvido, correspondiente al sábado 12 de enero de 2018.
