Es lamentable ver la gamarra que el gobierno ha puesto sobre la boca de los medios de comunicación tradicionales, para asegurar su continuismo con el dinero robado al pueblo.
Más triste es padecer las orejeras de los orientadores de la opinión pública, incluyendo caciques religiosos y académicos domesticados, que no escuchan ni ven por inconvenientes las acciones populares que pueden tumbar ese silencio.
Es evidente que el grupo corporativo de televisión, el sistema multimedia de la radio, la torre de la maldad y los periódicos de opsa y publynsa, están autocensurados por la oficina estratégica de Casa Presidencial que perdona impuestos por difusión de propaganda continuista.
Ese aparato de silencio y de propaganda, que se beneficia enormemente de permanecer autocensurado o mintiendo, minimizó esta semana al menos tres hechos importantes.
El primero asociado con el segundo es la decisión del Partido Liberal de integrar una alianza política contra el fraude organizado por el crimen organizado, y el segundo hecho es la acción constitucional de la Convergencia Social contra la reelección.
“Ir a elecciones con Juan Orlando Hernández como candidato del Partido Nacional es asistir a otro rompimiento constitucional” ha dicho claramente Carlos H Reyes, voz autorizada de la Convergencia Social, minutos antes de delegar poder a dos abogados para impugnar la reelección.
El titular de las noticias destacadas debió ser más voces se juntan contra la ilegal reelección. Pero no fue así.
Aunque el Partido Liberal ha parte del problema actual, porque integra todos los poderes e instituciones de control junto a sus socios cachurecos desde 2009, es relevante su decisión de oponerse al fraude criminal a un mes de las elecciones generales.
El hecho de firmar una declaración pública anti fraude junto a la alianza partidaria opositora que encabeza Salvador Nasrralla, les compromete políticamente. Y Carlos Flores Facussé, el dueño de ese partido, queda al descubierto en su juego futuro, sabedor de la disminución de sus poderes.
El tercer hecho importante, minimizado por la prensa asalariada, es el fondo del mensaje que pasó la MACCIH en rueda de prensa el pasado miércoles.
Los fiscales internacionales han hundido con evidencias a los principales implicados en la operación de asalto al Seguro Social en 2013, han logrado condenas de más de 15 años contra Mario Zelaya, dos ex vice ministros y otros forajidos de marras.
Pero lo más importante del anuncio, lo más ocultado por los medios, es que vienen las acciones contra los altos ejecutivos de la clica que integró el Partido Nacional para asaltar los 6 mil millones de lempiras y matar a más de 2 mil personas por desatención y negligencia.
Nosotras no tenemos dudas que los jefes de los carteles de la corrupción van a caer, antes o después de las elecciones generales. Van a caer y van a ser sacados del juego.
Nosotras no ponemos en duda que Honduras es un país intervenido por la ONU, la OEA y el Departamento de Estado de Estados Unidos, porque los carteles del crimen organizado que dieron el golpe en 2009 son insostenibles en términos de seguridad hemisférica. Son una amenaza real para todos y todas.
En este momento, entonces, lo menos que esperaría Honduras sería una actitud más consecuente de la comunidad internacional, especialmente de Europa, México, Estados Unidos, Canadá y el Cono Sur.
La comunidad internacional debería entender que el censo electoral actual hace votar a los muertos, a las fuerzas militares, a los privados de libertad y a los millares de emigrantes, entre otros imposibilitados de hacerlo.
Además, deberían comprender que el Tribunal Electoral es dirigido por tres partidos, uno de los cuales no tiene ni diputados ni alcaldes en el país, y que los órganos de operación de justicia, de control logístico y de documentación de las personas están absolutamente bajo control del candidato continuista.
En vez de apresurarse a llegar a Tegucigalpa para avalar el fraude y profundizar la crisis nacional, deberían unirse a los objetivos de la Convergencia Social y la Alianza de Oposición al Continuismo para acompañar la ruta más corta de una solución integral a esta tragedia que sufre Honduras.
No queremos seguir recogiendo heridos por la policía y el ejército, por sus grupos clandestinos o las agencias armadas de las empresas privadas. No es el momento de enseñarnos los músculos armados.
Es un momento de alta prudencia, se demanda serenidad con seriedad. Los criminales están dispuestos a todo, y también el pueblo está organizado para enfrentarlos. Si es necesario posponer las elecciones para evitar el nuevo golpe debemos hacerlo, porque el país no va a resistir mucho tiempo más antes de desbordarse.
Prevenidos, pues.
Editorial Voces contra el Olvido sábado 21 de octubre de 2017