San Pedro Sula.
Por Marvin Palacios
La Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) al cumplirse 10 años de existencia, contó con la participación del magistrado de la Audiencia Nacional de España, Ramón Sáez Valcárcel, quien disertó magistralmente sobre la Independencia Judicial y sobre el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en torno al despido de una magistrada y 3 jueces, que se manifestaron públicamente y de diversas formas, en contra del golpe de estado de 2009 y en contra del rompimiento del orden constitucional.
Sáez Valcárcel dijo que para construir un auténtico estado de derecho se debe pasar por la configuración de la garantía jurisdiccional, es decir un juez independiente, no con un mecanismo de independencia, entendido de protección de sus privilegios, sino el presupuesto o condicionamiento para que pueda garantizar los derechos fundamentales y las libertades de todas las personas.
Al referirse a la celebración de los 10 años de la AJD, el magistrado expresó su emoción por lo que ha significado, según su criterio, la emergencia de un grupo de juristas del Estado en Honduras, preocupados por la independencia de los jueces, preocupados por la vigencia de los derechos fundamentales, preocupados por limitar a los poderes públicos y a los poderes privados (es decir a los poderes del mercado también), limitarlos desde el derecho para hacer vigente esa universalidad de los derechos humanos que obligan a todos, en primer lugar, a los estados, aunque se resistan.
Sáez Valcárcel apuntó que en alguna medida es para nosotros, un ejemplo observar, seguir y acompañar a nuestros compañeros jueces de la AJD en Honduras y en otros estados del área, porque ellos ejercen la jurisdicción en condiciones tales que sin querer dramatizar, no son ejemplares, sino heroicas.
Heroicas porque significaron en momentos críticos de ruptura del orden constitucional, de golpe de estado, la defensa de la democracia, la defensa del estado de derecho y por lo tanto nosotros solo podemos decirles, sigan con su camino, vamos a intentar acompañarles, ayudarles y protegerles; frente a una situación histórica, comprometida, con un retroceso que no solo se parece en el área, sino un retroceso auténtico por los programas neoliberales, frente al derecho como razón pacificadora y como razón civilizadora.
La Corte Suprema de Justicia de Honduras no fue imparcial para sancionar a los jueces de la AJD
El magistrado de la Audiencia Nacional de España aseguró que el retroceso es una realidad, y reseñó como ejemplo que en 1789 con la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, decía que toda sociedad en la que no está establecida la garantía de los derechos ni determinada la separación de poderes, carece de Constitución.
“Entonces debemos de preguntarnos en qué medida en el área y en muchos otros sitios del sistema mundo, tenemos constituciones, pero no hay constitucionalismo, auténticamente no hay constitucionalismo; de hecho las constituciones no tienen fuerza normativa, no se aplican, los jueces no son capaces de aplicarlas y por lo tanto no podemos hablar siquiera de democracia, a no ser que, entendamos la democracia como un asunto meramente formal”, cuestionó el jurista internacional.
Sáez Valcárcel añadió que la falta de voluntad política es evidente, como yo les comentaba el papel frente al rol que jugaron algunos de los jueces aquí presentes, Tirza Flores, Guillermo López Lone, Ramón Barrios, Luis Chévez frente al papel que les ha reconocido la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en unos bellos pasajes que hablan del derecho y del deber y defensa de la democracia y del estado de derecho.
Frente a ello, la conducta de la Corte Suprema de Justicia (de Honduras) que uno encuentra en la propia sentencia; es paradigmático de compromiso con los derechos o de subordinación a las más groseras violaciones de la legalidad, explicó el experto.
El jurista español recordó que esa sentencia de la CIDH emitida el 5 de octubre de 2015, estableció que como se desprende de los hechos probados, el pleno de la Corte Suprema de Justicia de Honduras (CSJ) participó en el golpe de estado de 2009, defendiendo la legalidad de la privación de la libertad del entonces presidente (Manuel Zelaya Rosales) y su separación del poder.
“Asesinatos de jueces, fiscales y defensores de derechos humanos invitan a pensar que otra vez estén funcionando escuadrones de la muerte en la región”
“Precisamente por ello la Corte consideró que la Corte Suprema de Justicia de Honduras no era imparcial para sancionar a los jueces de la AJD que habían defendido la legalidad, habían defendido la democracia y el estado de derecho”, subrayó el magistrado.
El despido y la separación de la magistrada y los 3 jueces, fue seguido de la depuración, llamada así, depuración de jueces en 2013, fue seguido por la introducción de mecanismos de evaluación de confianza que desarrolla una institución denominada el Consejo Nacional de Seguridad y de Defensa, lo cual es incomprensible por incompatible con un estado de derecho,¿ cómo los jueces van a ser sometidos a evaluación de confianza como si fueran miembros de organizaciones altamente jerarquizadas como los militares o los cuerpos policiales?, se preguntó Sáez Valcárcel.
Al respecto el magistrado de la Audiencia Nacional de España dijo que eso fue una ofensa al derecho y sobretodo, un reconocimiento, una demostración, un símbolo evidente, innegable, de ausencia del estado de derecho.
En relación a la impunidad en Honduras, Sáez Valcárcel dijo que “los asesinatos de jueces y fiscales en absoluta impunidad, junto a los asesinatos de defensores de derechos humanos, junto al reciente y terrible asesinato de Berta Cáceres, nos invitan a pensar que posiblemente; otra vez estén funcionando escuadrones de la muerte en la región; lo cual es una desgracia, y a nosotros nos impresiona por la falta de seguridad para el ejercicio de la función jurisdiccional”, comentó el jurista.
Sáez Valcárcel subrayó que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionada al despido de una magistrada y 3 jueces, denominado el caso: López Lone y otros contra el Estado de Honduras, es una sentencia ejemplar, como toda la jurisprudencia de esa Corte maravillosa que anuncia el camino junto a otros tribunales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la Corte Penal internacional, el diseño de una institucionalidad en el sistema mundo, una institucionalidad que cree en el derecho, de una comunidad internacional basada en el derecho.
El magistrado español recordó que esa sentencia está pendiente de cumplimiento por parte del estado de Honduras, y que el cumplimiento de dicha sentencia significa el reintegro, la reincorporación a sus empleos, a sus cargos, de la magistrada y los otros jueces; que fueron despedidos arbitraria e ilegalmente. Prácticamente han transcurridos 10 meses después de la sentencia, y no hay ningún indicio de que el Estado de Honduras haya acatado la sentencia y que el estado esté dispuesto a cumplirla.
A las actividades de la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) realizadas el viernes 23 de septiembre en un reconocido hotel de la ciudad de San Pedro Sula , asistió (de reciente arribo a Honduras) la Representante Residente de la Oficina para el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, María Soledad Pazo, quien expresó a la audiencia que “a mi llegada (a Honduras) he comprendido que el tema justicia es clave en Honduras como instrumento de resolución y de prevención de conflictos, es clave la justicia como generador de confianza en la población del país y clave para la protección de derechos fundamentales”.
Pazo indicó que mi equipo me ha hablado mucho de la AJD y con ellos hemos comenzado la colaboración en ámbitos como la reforma del código penal, mecanismos de protección de defensores de derechos humanos y la producción de informes sombra a varios comités de órganos del Sistema de Protección de Naciones Unidas.
“El sistema de justicia, sabemos que necesita ser fortalecido en aspectos técnicos, formación profesional, fortalecimiento de garantías y la independencia judicial, en este contexto me permito destacar el proceso de discusión del Código Penal como momento crucial en la vida del país y que nuestra tarea conjunta es asegurar que los espacios de goce de los derechos humanos, sean protegidos; evitando penar conductas que son expresiones legítimas de derechos”, señaló la Representante Residente de la Oficina para el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, María Soledad Pazo.
En este marco de los 10 años de existencia, la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) desarrolló el viernes 23 y sábado 24 de septiembre, una serie de foros de discusión, análisis y debates sobre la independencia del poder judicial, los jueces y juezas y su relación con la sociedad civil, Independencia Judicial y Asociacionismo y Derechos y Libertades de los Jueces y Juezas.
Participaron en este evento, representantes del Foro de Jueces Democráticos e Independientes de El Salvador, la Asociación de Jueces por la Integridad de Guatemala, la Asociación Costarricense de la Judicatura, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Comisión Internacional de Juristas y como invitados especiales expertos de Jueces para la Democracia de España y de la Nueva Asociación de Jueces de Alemania, así como la Representante Residente de la Oficina para el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, María Soledad Pazo.
